Desenterrar la memoria

La decisión del juez Garzón de elaborar un censo de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo ha vuelto a desatar la polémica. En 7 años se han exhumado más de un centenar de fosas comunes.

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Publicado en 20minutos.es

La decisión del juez Garzón de elaborar un censo de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo ha vuelto a desatar la polémica. El magistrado ha pedido esta semana a ayuntamientos e instituciones un listado de las víctimas, cuyo número puede superar las 30.000. En 7 años se han exhumado ya más de un centenar de fosas comunes. Todas las claves del requerimiento judicial, las reacciones y los problemas que supone, en 50 preguntas y respuestas.

1. ¿Qué ha pedido el juez Garzón?

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha abierto diligencias para requerir a diversas instituciones listados y datos de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

2. ¿Cuántos desaparecidos hay?

Se desconoce el número exacto, pero, en cualquier caso, decenas de miles. Las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica calculan en torno a los 30.000, si bien algunas fuentes elevan esta cifra a 50.000. La inmensa mayoría fueron asesinados al comienzo del conflicto, en el verano de 1936, y pertenecían al bando republicano (casi todos los muertos del otro bando, fueron exhumados al concluir la guerra).

3. ¿Cómo ‘desaparecieron’?

Miles de hombres y mujeres civiles fueron ‘paseados’ hasta zonas de campo donde eran ejecutados y enterrados luego en fosas comunes, otros salían muertos de las cárceles donde se encontraban presos (en las “sacas”) o eran fusilados directamente.

4. ¿A quién ha solicitado el juez Garzón los datos?

El juez ha dirigido providencias a cuatro ayuntamientos (Madrid, Granada, Sevilla y Córdoba), a la Conferencia Episcopal Española, a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación de Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial, al Centro Nacional de Memoria Histórica, al Archivo General de la Administración, a la Dirección General de los Registros y del Notariado y a otros organismos.

5. ¿Con qué fin?

Garzón pretende elaborar un censo de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo y determinar si su juzgado, el número 5 de la Audiencia Nacional, es o no competente para investigar estos crímenes.

6. ¿Por qué Garzón?

Porque fue él quien estaba de guardia en su juzgado cuando, el 14 de diciembre de 2006, un grupo de abogados representantes de asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica y un diputado socialista presentaron un total de ocho denuncias en las que solicitaban una investigación sobre las desapariciones, asesinatos, torturas y exilios forzosos cometidos desde 1936, año en que comenzó la Guerra Civil.

7. ¿Por qué se presentaron las denuncias en esa fecha?

Ese mismo día se debatía en el Congreso, por primera vez, la Ley de Memoria Histórica.

8. ¿Qué es la Ley de Memoria Histórica?

Es la Ley, aprobada finalmente por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el 31 de junio de 2008, tras el compromiso en ese sentido del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

La Ley, en contra de la cual votaron el Partido Popular y Esquerra Republicana de Catalunya, incluye el reconocimiento de las víctimas de ambos bandos durante la Guerra Civil, así como el de las victimas de la dictadura, y el derecho de éstas a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal. También contempla la apertura de fosas comunes en las que aún yacen los restos de los que fueron represaliados por los sublevados, la retirada de los símbolos franquistas de las vías públicas, la concesión de la nacionalidad española a los hijos y nietos de los republicanos exiliados bajo la dictadura y a los brigadistas internacionales, o la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica.

9. ¿A qué hacen referencia las denuncias?

A diferentes casos ocurridos en Navarra, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, Andalucía y, de forma genérica, a la desaparición de unas 30.000 personas durante esa época.

10. ¿En qué se apoyan?

Las denuncias consideran que cabe exigir al Estado español responsabilidades por estos hechos, en el marco de obligaciones de compensación y reparación que dicta la actual Ley de Memoria Histórica y por la violación del Derecho Internacional.

11. ¿Cuál es la postura personal del juez Garzón?

Teniendo el histórico auto que dictó contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet como principal referencia, el juez de la Audiencia Nacional es famoso por su activismo en contra de que queden impunes los crímenes cometidos durante las dictaduras, ya sea por el paso del tiempo o por conflictos derivados de las jurisdicciones nacionales respectivas.

En una entrevista a 20 minutos, realizada antes de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, Garzón declaró que “después de todo este tiempo será difícil encontrar responsabilidad penal, pero tenemos que intentar establecer, al menos, un juicio histórico claro de las violaciones masivas de los derechos fundamentales en la dictadura. Con cerrar los ojos no se olvidan los ciudadanos españoles que fueron asesinados, masacrados, marginados y perseguidos”.

12. ¿Cuánto tiempo tienen los denunciantes para aportar sus listas de desaparecidos?

Garzón dio el pasado martes a las asociaciones denunciantes un plazo de quince días para que aporten una “relación sistemática de personas desaparecidas y su ubicación”. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid ya ha anunciado que va a remitir al juez Garzón 6.000 fichas de represaliados.

13. ¿Por qué tan poco tiempo?

En su providencia, el juez expresa su intención de obtener los datos necesarios para dictar el auto en el que resolverá sobre su competencia en el caso “con la mayor rapidez” posible.

14. ¿Qué deben presentar también los denunciantes?

Las asociaciones personadas en la causa tendrán que aportar asimismo los datos que tengan sobre las personas que estén realizando actualmente exhumaciones de víctimas, con el fin de que estas actuaciones puedan ser controladas por su juzgado, “tanto en su ejecución como en su resultado”.

15. ¿Es la primera vez que el juez pide datos sobre los desaparecidos?

No. El pasado 23 de junio, y como paso previo a su decisión, Garzón solicitó al Ministerio de Defensa (también al de Interior) un informe sobre estos desaparecidos.

16. ¿Ha respondido el Ministerio de Defensa?

Aún no. En este momento está elaborando una respuesta a una segunda petición, realizada el 28 de agosto.

17. ¿Qué ha requerido el juez a la Conferencia Episcopal?

Que todas las parroquias de España permitan el acceso a la Policía Judicial para que los agentes puedan identificar a posibles víctimas desaparecidas.

18. ¿Cuántas parroquias hay en España?

22.827.

19. ¿Por qué pide esta información a la Iglesia?

Las parroquias guardan en sus libros de difuntos información que puede resultar clave a la hora de investigar los nombres y otros datos de los desaparecidos.

20. ¿Cómo han respondido los obispos?

De momento, y aunque este viernes aún estaban estudiando la providencia del juez Garzón para dar una respuesta, fuentes de la Conferencia Episcopal han señalado que ésta podría declararse incompetente a la hora de facilitar el acceso a los archivos de las parroquias, ya que la última palabra la tendrán las propias parroquias o, en su caso, las diferentes diócesis (hay 70 en total), que cuentan con autonomía decisoria. De este modo, podría ocurrir que algunos obispos se negasen, lo que impediría la elaboración de un censo completo. Por otra parte, las parroquias cuentan con listados de fallecidos, pero no de desaparecidos.

En cualquier caso, es probable que el Episcopado considere que el cauce correcto es realizar un requerimiento concreto a cada parroquia u obispado, indicando los datos personales de cada fallecido Los obispos podrían debatir el tema en su primer comité ejecutivo del nuevo curso, que se celebrará el próximo día 11.

21. ¿Puede negarse la Iglesia a facilitar la información requerida?

En el artículo I de los Acuerdos entre el Estado español y el Vaticano (de 1979) se dice que “el Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española, a las Curias episcopales, a las Curias de los superiores mayores de las Órdenes y Congregaciones religiosas, a las parroquias y a otras instituciones y entidades eclesiásticas”. Expertos en Derecho eclesiástico consultados por el diario Público consideran que, amparándose en esta legislación, la Iglesia podría negarse a ceder cualquier información relativa a sus archivos.

22. ¿Qué ha solicitado a la Abadía del Valle de los Caídos?

El juez reclama, tanto a esta institución como a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial que le proporcionen los nombres de las personas que están enterradas en este lugar.

23. ¿Qué registros hay allí?

La abadía del Valle de los Caídos cuenta con un registro de unos 34.000 fallecidos, según el abad, Anselmo Álvarez, quien, no obstante, ha declarado a la Cadena Ser que todos ellos son muertos “durante la guerra o en acciones de guerra”. El abad aseguró asimismo que en la abadía no existe ningún listado de fusilados durante la guerra civil y los primeros años de la dictadura franquista.

24. ¿Qué deben aportar los ayuntamientos?

Garzón ha pedido a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid que le notifiquen el nombre, fecha y lugar de nacimiento, residencia y filiación de las personas enterradas en fosas comunes de sus localidades a partir del 17 de julio de 1936 y “como consecuencia directa del denominado ‘alzamiento nacional’ y la situación de Guerra Civil que provocó y la posguerra bajo el mandato del nuevo régimen en España”. El requerimiento se refiere, concretamente, a los cementerios de San José, en Granada; Nuestra Señora de la Salud y San Rafael, en Córdoba, y San Fernando, en Sevilla. Fernando Magán, el abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, calcula que en el cementerio madrileño de La Almudena hay datos de más de 3.000 fusilados, en libros fechados entre 1939 y 1940.

25. ¿Cómo han respondido a la petición del juez?

Los cuatro alcaldes afectados han expresado ya su intención de colaborar.

– El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), ha asegurado que el Ayuntamiento acatará “siempre” cualquier decisión judicial y que, por tanto, cumplirá “en todos los términos” el requerimiento solicitado por el juez Garzón.

– La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), afirmó que su Ayuntamiento colaborará con el juez “en la medida de sus posibilidades para ofrecer aquello que se le requiera, que tenga y conozca sobre los desaparecidos en la Guerra Civil”. Aguilar añadió que colaborará “desde la normalidad, la tranquilidad y un espíritu total de concordia”, por lo que espera “que no se reabran heridas a raíz de esta iniciativa”, ya que, “es normal que cualquier familiar de una persona desaparecida quiera encontrarlo para poder enterrarlo”.

– El Ayuntamiento de Sevilla (PSOE), a través de su Archivo Histórico, ha empezado ya a investigar y a recabar los datos de represaliados en la ciudad (se calcula que fueron unos 8.000).

– En Granada, tanto el Gobierno municipal (PP) como la Universidad (institución a la que también se han pedido datos) se han mostrado asimismo dispuestos a colaborar. El investigador de la Universidad de Granada Rafael Gil Bracero tiene ya una lista con unos 4.000 fallecidos identificados (calcula que el total puede ascender a 10.000), y ha elaborado un mapa con más de 80 fosas comunes de Granada.

26. ¿Qué se ha pedido al Archivo General de la Administración?

Que emita un informe o identifique el organismo que pueda dictaminar sobre la cifra de desaparecidos.

27. ¿Y al Centro Documental de Memoria Histórica?

El juez quiere que le facilite todos los ficheros que posea referentes al Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo.

28. ¿Quién apoya la decisión de Garzón?

– Las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica y la Federación de Asociaciones de Foros de la Memoria, que colaborarán con el juez, al tiempo que denuncian el hecho de que hasta ahora los juzgados hayan resuelto que los crímenes denunciados han prescrito. Recuerdan que “el franquismo no es un régimen que abarcó exclusivamente los años 30 ó 40 del siglo XX, sino que se extiende legalmente y en sus efectos al menos hasta las primeras elecciones democráticas de 1977, e incluso hasta la promulgación de la Constitución de 1978”. Añaden que “en 2008 es inexcusable que las fuerzas políticas y el conjunto de la sociedad española se planteen la nulidad de la siniestra Ley de Amnistía de 1977, una aberración en términos de Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional, que convierte a nuestro país en un oasis de impunidad”.

Amnistía Internacional , que considera la decisión judicial “un paso más para que las víctimas puedan tener acceso a la verdad, la justicia y la reparación”.

– El presidente del Congreso, José Bono (“es algo justo, lícito y comprensible), y la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín (“una decisión lógica y de justicia para honrar a los muertos”). También el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, si bien éste criticó a Garzón por “querer ir a por el Nobel”.

– El vicesecretario general del PP, Esteban González Pons (“las familias de los desaparecidos tienen todo el derecho del mundo a saber dónde están y a que la Administración les ayude a encontrarlos”).

– Izquierda Unida y entidades y partidos de izquierda como ERC, ICV o la Fundación Pere Ardíaca (del Partido de los Comunistas de Cataluña).

29. ¿Qué dice el Gobierno?

– El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló que la iniciativa de Garzón “merece el respeto” del Gobierno, pero añadió que “lo más prudente es no realizar valoraciones”.

– El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, calificó la decisión de “sensata” y dijo no entender que pueda “molestar” a nadie. No opinó sobre la viabilidad del procedimiento penal.

– Para el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, la decisión judicial es “una buena forma de poner las cosas en su sitio” que “contará con todo el apoyo que se merece” por parte de su departamento.

30. ¿Qué críticas ha recibido la decisión y de quién?

– La iniciativa de Garzón ha sido criticada por diversas asociaciones de jueces, como la Asociación Profesional de la Magistratura, para la que el objetivo de las investigaciones penales no es abrir causas generales, y que ha llegado a pedir a la Fiscalía que recurra la providencia del juez; la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, o Jueces para la Democracia, que cree que el censo debería hacerlo el Gobierno y no mediante un proceso judicial, y asegura que la decisión judicial tiene “poco futuro”.

– Desde el PP, su presidente, Mariano Rajoy , dijo que no es partidario de “reabrir las heridas del pasado, porque no conduce a nada”. El eurodiputado Jaime Mayor Oreja calificó la decisión de Garzón de “disparate” y el fundador del partido, Manuel Fraga, ha indicado que “del otro lado hubo muchas más barrabasadas”.

– Diferentes juristas han señalado que la providencia olvida los acuerdos Iglesia-Estado, y se preguntan también a quién puede acusar el juez Garzón.

31. ¿Qué problemas jurídicos puede haber?

Por un lado, la decisión puede verse afectada por la Ley de Amnistía de 1979, si bien algunos expertos, como el abogado de las asociaciones para la Recuperación de la Memoria, Fernando Magán, consideran que esa norma es preconstitucional, que fue creada para la rehabilitación de presos políticos y que el tiempo la ha invalidado. Por otra parte, los juzgados han rechazado hasta ahora las denuncias presentadas alegando la prescripción de los delitos. El hecho de que durante la Transición no existiera una ruptura legal ha hecho que, por ejemplo, y según informó El País, la sala de lo Militar del Tribunal Supremo haya rechazado sistemáticamente la revisión de juicios sumarísimos del franquismo, realizados sin garantía legal, porque considera que se llevaron a cabo según la legalidad vigente y por tanto son legítimos.

32. ¿Cuáles son los problemas técnicos?

La elaboración de un censo como el que pretende realizar Garzón puede llevar años, ya que no existe ningún organismo público que tenga un censo de desaparecidos en toda España. Rogelio Blanco, director General del Libro de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, señaló al diario El País que “el Fichero General contiene tres millones de fichas de nombres de personas que sufrieron la represión, pero toda esa información no está informatizada, está sin tratar y, además, está realizada con fines represores, no archiveros, por policías, no por profesionales, por lo que tendría que ser contrastada”.

33. ¿Tiene el Gobierno algún registro de desaparecidos del franquismo?

No. Pese a que el juez Garzón lo ha requerido, en la actualidad no existe un informe global ni de desaparecidos ni de fosas comunes.

34. ¿Hay algún censo oficial?

Hasta ahora, sólo las comunidades de Andalucía y Cataluña han comenzado a elaborar un mapa de fosas comunes en sus territorios, en proyectos que incluyen también la investigación sobre desaparecidos. La Generalitat ha identificado 179 fosas de la Guerra Civil y 2.171 desaparecidos. La Junta de Andalucía intenta localizar a cerca de 10.000 víctimas en unos 300 enterramientos.

35. ¿Cuánto dinero costaría encontrar a todos los desaparecidos?

Suponiendo que los costes de las exhumaciones realizadas hasta ahora no varíen, y que el total de desaparecidos ascienda hasta 50.000 personas, las labores para desenterrarlos e identificarlos a todos podrían costar unos 60 millones de euros.

36. ¿Quién los está buscando actualmente?

Pese a que la Ley de Memoria Histórica obliga al Gobierno a realizar un mapa de fosas comunes, hasta ahora, y salvo algunas excepciones de ayuntamientos aislados y las dos comunidades autónomas mencionadas, las exhumaciones las han venido realizando entidades privadas y ONG como el Foro por la Memoria y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

37. ¿Cuándo se empezaron a exhumar las primeras fosas?

Aunque la búsqueda y los desenterramientos empezaron a realizarse de un modo más sistemático a finales de los años noventa, el conocimiento por parte de los vecinos de los emplazamientos de muchas fosas comunes permitió llevar a cabo exhumaciones mucho antes, sobre todo en los municipios donde, con la democracia, llegaron al poder partidos de izquierda. En 1979, por ejemplo, por iniciativa de un alcalde, los restos de cinco desaparecidos de Torresandino (Burgos) se exhumaron de una fosa común en un monte de un pueblo cercano, La Horra.

38. ¿Cuántas fosas comunes se han localizado y dónde?

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica lleva exhumadas en algo más de siete años 110 fosas comunes y localizadas alrededor de 300, gracias a la reclamación de familiares y vecinos de las víctimas. Casi la mitad de estos enterramientos se encuentran en Castilla y León, principalmente en las provincias de Burgos y León.

39. ¿Cuántos muertos se han encontrado hasta ahora?

En torno al millar.

40. ¿En qué estado se encuentra la Ley de Memoria Histórica?

Ocho meses después de su aprobación, la Ley apenas ha sido desarrollada aún por el Gobierno.

41. ¿Qué se ha hecho ya?

El Ministerio de Justicia ha concluido la redacción del reglamento que desarrollará el punto de la ley por el que se creará una declaración solemne de reparación y reconocimiento personal para las víctimas. Este reconocimiento oficial no implica, sin embargo, la nulidad de las condenas dictadas durante el franquismo ni compensación económica alguna.

42. ¿Ha pedido ya alguien este reconocimiento?

Justicia asegura que lo han solicitado ya 90 personas, según informó El País.

43. ¿Qué se le ha criticado a la ley?

El PP y los medios de comunicación más conservadores están en contra porque consideran que la Ley “abre viejas heridas”. Partidos políticos como IU, ERC o ICV, así como las asociaciones por la Recuperación de la Memoria Histórica, la han criticado también, por su parte, por ser demasiado “tibia” e “insatisfactoria”. IU lamentó en su día la “falta de valentía” del Ejecutivo, al aprobar una ley que, para evitar la confrontación con la derecha, no cumple las expectativas de los republicanos ni de los antifranquistas”.

44. ¿Cómo la defendió el Ejecutivo?

El Gobierno destacó que la Ley “ayuda a cicatrizar sin reabrir, contribuye a sumar y no a dividir y permite cerrar con honor para todos un capítulo trágico de la historia”.

45. ¿Qué dijo Amnistía Internacional?

Calificó la Ley de Memoria Histórica como “decepcionante”, ya que “se aleja de las normas internacionales de derechos humanos, olvida la justicia, no repara adecuadamente a las víctimas y no avanza de manera sustancial en la búsqueda de la verdad.

46. ¿Ha habido alguna condena oficial al franquismo en España?

Sí. El 20 de noviembre de 2002, en el 27 aniversario de la muerte de Franco, y con José María Aznar (PP) como presidente del Gobierno, todos los grupos del Congreso acordaron por unanimidad la primera y, hasta la fecha, única condena oficial al franquismo en el Parlamento. La resolución incluyó el reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, y en ella se instaba al Gobierno a poner en marcha de forma urgente una política de protección económica y social de los exiliados.

47. ¿Y en Europa?

Coincidiendo con el 70 aniversario del golpe de Estado que desencadenó la Guerra Civil, en julio de 2006 el Parlamento Europeo condenó por primera vez en la historia el franquismo. Fue durante un debate en el que participaron los jefes de los distintos grupos políticos y en el que se dejó constancia de que “Europa dejó solos a los españoles”.

48. ¿Cuántas personas murieron en la Guerra Civil?

El número total de muertos durante la contienda (1936-1939) sigue sujeto a una gran polémica. No obstante, son muchas las fuentes que lo sitúan entre 500.000 y 800.000. Una gran cantidad de estas víctimas fueron, en cualquier caso, civiles asesinados en las retaguardias de ambos bandos (unos 40.000 en la de la zona republicana, según el juicio franquista posterior a la guerra, y unos 100.000 en la de la zona franquista).

49. ¿Cuántas murieron durante la represión posterior?

Tampoco aquí hay consenso. La cifra podría llegar hasta las 40.000 personas.

50. ¿Qué eco ha tenido la decisión de Garzón en la prensa internacional?

La decisión judicial ha ocupado un gran espacio en muchos de los principales diarios del mundo. En Francia, el diario Liberation tituló: “El fin de los tabúes judiciales sobre las atrocidades del franquismo”, y Le Monde se preguntaba si “más de setenta años después la justicia española podrá hacer la luz sobre las exacciones (cobros injustos y violentos) del régimen franquista”. El diario británico The Guardian destacó que “un juez trata de aclarar el destino de las víctimas de Franco” y, en EE UU, The New York Times indicaba en su crónica que “en los dos bandos se cometieron atrocidades, pero generalmente se considera que los fascistas victoriosos de Franco fueron responsables de la mayor parte”.


memoria historicaFoto: Miem­bros de la Aso­cia­ción para la Recu­pe­ra­ción de la Memo­ria His­tó­rica tra­ba­jan en la bús­queda de dos fosas comu­nes. (J. Casa­res / Efe)
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