Sus señorías llaman a la huelga

Juntas de magistrados de ciudades de toda España han convocado para el mes que viene un paro contra el Gobierno. Sería la primera huelga de jueces de la historia.

Leer Estándar
Publicado en 20minutos.es

Los jueces y el Gobierno llevan varias semanas manteniendo un pulso que amenaza con desembocar en un paro histórico. La gran mayoría de los magistrados de las grandes ciudades, aunque no todos, acaba de secundar una polémica convocatoria de huelga para el próximo mes de febrero, cuyas consecuencias pueden ser muy importantes, tanto para los ciudadanos en general como por el precedente que establecería.

Prácticamente todos los jueces apoyan las reivindicaciones que las asociaciones judiciales han planteado al Gobierno, encaminadas a conseguir una mejora sustancial, tanto de sus condiciones laborales como del funcionamiento general de la atascada justicia española. Muchos, sin embargo, no están de acuerdo con la forma planteada para exigirlas. El resentimiento generado por las sanciones impuestas al juez Tirado tras el caso Mari Luz también puede ser un factor importante.

¿Tienen los jueces derecho a hacer huelga? ¿Qué están pidiendo exactamente? ¿Quiénes están a favor y quiénes en contra? ¿Hay precedentes en otros países? Las claves, en 20 preguntas y respuestas.

1. ¿Ha habido alguna huelga de jueces en España?

No. De llevarse finalmente a cabo la protesta será la primera vez que haya una huelga de jueces en nuestro país.

2. ¿Tienen los jueces derecho a la huelga?

En realidad, en España no existe una regulación que admita que los jueces tienen derecho a la huelga, pero tampoco hay ninguna que lo prohíba. Como trabajadores (funcionarios, en este caso), les asistiría el derecho a la huelga previsto en la Constitución (artículo 28), pero, al tratarse de los representantes de uno de los tres poderes fundamentales del Estado (el judicial), este derecho podría a su vez estar sujeto a limitaciones.

Algunos magistrados consideran que la huelga es un modo legítimo para exigir sus reivindicaciones, mientras que otros señalan que no es admisible, en la misma medida en que no lo sería para los miembros del Gobierno (poder ejecutivo), o los diputados y los senadores (poder legislativo).

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, afirmó que el derecho de huelga para jueces y fiscales “no está reconocido, ni prohibido. No está previsto”.

3. ¿Por qué han convocado el paro?

Éstas son las principales reivindicaciones:

  • Instauración de la Oficina Judicial. El marco legal de este nuevo sistema, destinado a reformar la estructura del trabajo judicial, fue aprobado en 2003, pero, seis años después, sigue sin haberse aprobado. La Oficina permitiría a los jueces dedicarse plenamente a la resolución de casos, desligándose de todo el trabajo administrativo, que quedaría en manos de los secretarios judiciales.
    El problema es que el proyecto de ley que contempla esta Oficina priva a los jueces de la facultad de señalar juicios y vistas, una labor que pasarían a hacer los secretarios, y eso es algo con lo que no están de acuerdo muchos magistrados, que prefieren controlar su propia agenda.
  • Mejor formación del personal. En muchos casos, las sustituciones de los funcionarios que trabajan como personal en los juzgados las realizan personas sin formación jurídica, contratadas en las oficinas de empleo por la Administración (el Ministerio o, en el caso de las comunidades con competencias en Justicia, el Gobierno regional).
  • Menos carga de trabajo. Los jueces pretenden que quede bien especificado el número máximo de asuntos que debe resolver cada órgano judicial, un número a partir del cual puedan recibir pagas adicionales. El sistema creado para tal fin, con pagas adicionales para los que superaran en más de un 20% una determinada cantidad de casos, fue anulado en 2006, pero se sigue usando como referencia para evaluar retrasos o realizar peticiones.
  • Incremento de la plantilla judicial. La media de magistrados por cada 100.000 habitantes es de 19 en la Unión Europea, y de 10 en España. Los jueces piden la creación de al menos 1.200 plazas.
  • Nuevas tecnologías. Los magistrados consideran esencial la creación de bases de datos compatibles y conectadas entre sí, y aseguran que un buen sistema informático habría evitado en parte escándalos como el del caso Mari Luz, ya que todos los juzgados a los que acudía el condenado habrían sabido más fácilmente los cargos que pesaban contra él.
    En concreto, los jueces reclaman el establecimiento de un sistema de alerta en materias especialmente sensibles, digitalización documental, un registro informático común, gestión procesal, intercambio de documentos, firma electrónica y transmisión telemática de procedimientos.
    Actualmente, los sistemas informáticos desarrollados por las comunidades autónomas o, en su caso, por el Ministerio, no son compatibles entre sí, y los expedientes judiciales siguen acumulándose en miles de papeles.
  • Sustitutos titulares. Pese a que la Ley dice que debe ser una excepción, la realidad es que a menudo los sustitutos de los jueces no son magistrados titulares, sino juristas sin oposición y con menos formación. Actualmente, y según informó El País, uno de cada diez jueces es sustituto.
  • Vida familiar y laboral. Los jueces han pedido, entre otras cosas, que se suprima el traslado forzoso.
  • Retribuciones. Las asociaciones judiciales reclaman también que se adecuen de modo quinquenal las previsiones de la Ley de Retribuciones de la carrera judicial y fiscal, especialmente en lo que respecta al pago de las guardias.

4. ¿Para cuándo han convocado la huelga?

En un principio, las asociaciones judiciales anunciaron un “acto reivindicativo y de protesta” en todas las sedes judiciales para el próximo 18 de febrero, y una huelga para el 26 de junio en el caso de que el Gobierno no respondiese satisfactoriamente a sus reivindicaciones.

Esta misma semana, los jueces de al menos 16 grandes ciudades decidieron adelantar directamente la huelga al 18 de febrero.

5. ¿La apoyan todos los jueces?

No. Aunque todas las juntas de jueces están de acuerdo en las reivindicaciones y en la necesidad de llevar a cabo medidas de presión, los magistrados están divididos sobre cómo realizar las propuestas y, especialmente, sobre cuándo hacerla.

La huelga del 18 de febrero ha sido apoyada por todas las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia, excepto el TSJ de Castilla-La Mancha y la Audiencia Provincial de Albacete, así como por las juntas de jueces de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Castellón, Extremadura, Murcia, Soria, Granada, Córdoba, Lugo, Pontevedra, Girona, Tarragona, Ibiza y Zamora. Los más beligerantes han sido los jueces de Murcia, Extremadura y Zamora.

Por su parte, el plan propuesto inicialmente por las asociaciones judiciales (dar más tiempo al Gobierno y convocar la huelga para el 26 de junio si no hay avances) fue respaldado, entre otros, por los jueces del País Vasco, Asturias, La Rioja, Albacete, Jaén, Navarra, Guadalajara, Palencia, Salamanca, Mallorca y Menorca.

Algunos importantes órganos judiciales, como el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, donde ni tan siquiera se han celebrado reuniones, se han descolgado de la iniciativa de huelga.

La huelga ha sido criticada por algunos magistrados destacados, como el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien ha dicho que “no tiene justificación” y que “no beneficiará a nadie”.

Los jueces decanos de Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Bilbao y Palma de Mallorca han apoyado las reivindicaciones de los magistrados y la convocatoria de huelga para junio.

6. ¿Cuántas asociaciones de jueces hay?

En España existen cuatro asociaciones de jueces: la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD), el Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Casi la mitad de los jueces no están afiliados a ninguna asociación.

Otras asociaciones judiciales son la Asociación de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Unión Progresista de Secretarios Judiciales.

7. ¿Qué dice el Ministerio de Justicia?

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha criticado duramente la decisión de los jueces de ir a la huelga. “Hay gente que necesita el dinero más que los jueces, que ganan entre 3.000 y 6.000 euros”, ha dicho. En este sentido, recordó que el salario medio de los jueces aumentará en 2009 en un 5% debido al incremento de las pagas extraordinarias. También ha manifestado que “un titular del Estado no puede hacer huelga porque es una traición al mandato de los ciudadanos“.

En un comunicado de respuesta a las asociaciones judiciales, el Ministerio señaló que una huelga de jueces sería “injustificada e injustificable”, al tiempo que consideraba “sorprendente y decepcionante” que amenazasen con unos paros que resultarían “incomprensibles” para los ciudadanos.

Fernández Bermejo se ha mostrado, no obstante, “abierto al diálogo”, aunque “siempre teniendo en cuenta que nuestro compromiso es con los ciudadanos, no con las asociaciones de jueces”.

8. ¿Hay previstas más reuniones?

El Ministerio de Justicia ha anunciado que se reunirá este mismo lunes, día 26, con los representantes de las asociaciones judiciales. La fecha elegida ha sido acordada por ambas partes.

El encuentro tendrá lugar en la sede del departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo, a partir de las 11 de la mañana, cinco días después de la celebración de las juntas de jueces en toda España.

El Ministerio ha apelado al “espíritu de diálogo en interés de la Administración de Justicia y de los ciudadanos”. Los representantes de las asociaciones judiciales han acogido la convocatoria como “una muestra de voluntad política”.

9. ¿Cuál es la postura del CGPJ?

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha querido restar importancia a la convocatoria de huelga para el 18 de febrero. Su portavoz, Gabriela Bravo, calificó la medida de “minoritaria” e “incomprensible”, y aseguró que la “inmensa mayoría” de la carrera judicial opta por “la vía de la responsabilidad institucional y el diálogo”.

“El Consejo no puede sino lamentar que una minoría de la carrera judicial haya manifestado su voluntad de adoptar medidas de presión, que entendemos precipitadas que podrían dejar indefensos a los ciudadanos en su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva”, indicó.

10. ¿Qué ha dicho el presidente del Gobierno?

El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, no ha querido entrar en la legalidad o ilegalidad de la huelga, y ha dicho que el Gobierno dialogará “con gran respeto institucional”. No obstante, sí dijo que no cree que sea “acertado tener como trasfondo la amenaza de una huelga, cuando además es el Parlamento quien fija las retribuciones de los funcionarios al aprobar los presupuestos”.

“Cuando se está haciendo el mayor esfuerzo no parece una respuesta razonable”, indicó, añadiendo que “podrían haberlo pensado más”.

11. ¿Qué opina la oposición?

El Partido Popular ha dicho entender los motivos de la protesta, pero considera “inadecuada” la llamada a la huelga. En cualquier caso, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha exigido al Gobierno que “asuma su responsabilidad” ante la situación que vive la Administración de Justicia española, en vez de “lanzar cortinas de humo”. Por su parte, el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, ha pedido la comparecencia del ministro de Justicia en el Congreso para que dé explicaciones.

También el grupo que comparten en el Congreso ERC, IU e ICV ha registrado, con el apoyo del PNV, una petición para que se reúna la Diputación Permanente y decida sobre las conveniencia de que el ministro de Justicia y el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, acudan a la Cámara para exponer su posición ante la huelga convocada.

La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU) tachó de “kafkiano”, “sorprendente” e “irresponsable” que un poder del Estado se ponga en huelga, y agregó que esta “acción corporativa” de los jueces afecta a los ciudadanos y hace que “se crea menos en la Justicia”.

12. ¿Qué dicen los fiscales?

La Asociación de Fiscales (AF) ha señalado que la convocatoria de huelga es “inoportuna” y “prematura”, aunque especificó que su organización apoya “al cien por cien” las reivindicaciones de este colectivo en lo referido a la mejora del servicio público de Justicia.

Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales consideró que el hecho de que sólo apoyen la huelga de febrero una parte de las juntas de jueces y otras pidan más margen de negociación pone de manifiesto la “gran división” que existe en la carrera judicial.

13. ¿Y los sindicatos?

También están divididos. Comisiones Obreras , CSI-CSIF y el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) apoyan la huelga del 18 de febrero si el Ministerio no atiende a las reivindicaciones laborales, mientras que UGT considera el paro inconstitucional y cree que “debilita la tutela judicial efectiva del Estado de Derecho”.

14. ¿Cuál es la situación de la Justicia en España?

La Justicia española sufre un enorme atasco. Los asuntos pendientes de resolver aumentaron en 2008 en más de 100.000 casos, hasta una cifra récord de 2,5 millones, según datos del CGPJ. En los últimos nueve años, y según publicó El País, los nuevos casos se han incrementado en 2,6 millones. En 2008 entraron en los juzgados y tribunales 8.908.495 asuntos, superando en más de medio millón a los del año anterior.

Según un informe elaborado por el propio CGPJ, sólo los Juzgados de lo Penal ordinarios registraban a finales de 2007 un total de 269.405 asuntos pendientes de ejecutar.

Este estudio denunciaba que “la carga de trabajo que soportan los Juzgados […] excede ampliamente el módulo previsto para este tipo de órganos”.

15. ¿Qué pasaría si todos los jueces hicieran huelga?

En una jornada de huelga, y de acuerdo con cálculos realizados por el diario Público, se quedarían sin resolver sólo en ese día cerca de 33.700 asuntos judiciales, y alrededor de 5.900 sentencias se quedarían sin dictar.

Se trata de datos estimativos ofrecidos por el mencionado periódico, y son el resultado de dividir el número de asuntos judiciales resueltos a lo largo de un año (8.259.781 según la memoria del CGPJ de 2008) y el número de sentencias dictadas (1.452.581) por el número de días hábiles.

16. ¿Ha habido huelgas de jueces en otros países?

Sí. En Francia (1990), Portugal (2005) e Italia (2005) los jueces fueron a la huelga para exigir un aumento de sus retribuciones.

17. ¿Qué es el ‘caso Tirado’?

Para muchos de los que se oponen a la huelga, incluidos el ministro de Justicia y el propio presidente del Gobierno, el llamado caso Tirado, o caso Mari Luz, se encuentra en el origen de las protestas de los jueces.

Mari Luz Cortés, una niña onubense de cinco años, apareció muerta en marzo del año pasado tras haber estado 50 días desaparecida. Su presunto asesino, Santiago del Valle García, había sido condenado a prisión por abusos sexuales a su propia hija, pero seguía en libertad debido al retraso por parte del juez (Rafael Tirado, titular de un juzgado de Sevilla) en ordenar la ejecución de la sentencia (el proceso se prolongó durante años).

El juez recibió una multa de 1.500 euros, aunque la Fiscalía recurrió para que sea suspendido durante tres años. Por su parte, la secretaria del juzgado, Juana Gálvez, fue suspendida dos años de empleo y sueldo. Estas sanciones originaron duras críticas contra el Gobierno, tanto por parte de los jueces como de los secretarios judiciales, que achacan el escándalo al mal funcionamiento del sistema judicial y a la falta de medios.

18. ¿Qué opina de la huelga el padre de Mari Luz?

El padre de Mari Luz Cortés, Juan José Cortés, ha manifestado que el hecho de que los jueces se pongan en huelga el próximo día 18 de febrero será “una forma de dar la espalda a la justicia y a los ciudadanos”.

19. ¿Cuántos jueces hay en España?

Según el informe La justicia dato a dato, publicado por el CGPJ en 2007, en España hay un total de 4.543 jueces. De ellos, nueve son decanos, 3.522 ejercen en juzgados de lo Civil y lo Penal, 508 en lo Social, 496 en lo Contencioso Administrativo, y ocho en lo Militar. El número de magistrados por cada 100.000 habitantes es de 10,05.

20. ¿Cómo son los jueces españoles?

La mayoría de los magistrados españoles se encuentran en la franja de edad de entre 40 y 50 años, donde la presencia de hombres y mujeres es muy semejante. Por encima de los 55 años, sin embargo, el número de mujeres se va reduciendo considerablemente, hasta ser prácticamente inexistente entre los mayores de 60. En la parte baja de la pirámide, sin embargo, la relación es la opuesta: Entre los 25 y los 35 años de edad el número de magistradas es claramente superior (y cada vez más) al de magistrados.


fernandez bermejoFoto: El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. (lamoncloa.es)
Leer este reportaje en 20minutos.es