Acuciado por la necesidad de atajar el déficit, por la presión de los organismos internacionales y por el intento de recuperar una imagen de solvencia que le permita devolver a los mercados la confianza en sus posibilidades de recuperación económica, el Gobierno no está dispuesto a retrasar por más tiempo ninguna de sus medidas anticrisis, incluyendo la polémica reforma del sistema de pensiones.
Con el argumento de que el modelo actual resulta insostenible, aunque sea a largo plazo, la propuesta que previsiblemente aprobará el Ejecutivo el próximo 28 de enero contempla, entre otras medidas, elevar la edad de jubilación hasta los 67 años. En el debate parlamentario estarán también sobre la mesa las prejubilaciones, las cantidades que se pagarán o se dejarán de pagar, los periodos de cálculo, la prolongación de la vida laboral…
Esta misma semana, el Pacto de Toledo, cuyo beneplácito es necesario, en principio, a la hora de abordar cualquier cambio en el sistema de pensiones español, cerró su informe de recomendaciones sobre la reforma «con mucho acuerdo y algún desacuerdo» entre los partidos, según explicó el presidente de la Comisión no permanente del Pacto en el Congreso, Juan Morano. Existe, en cualquier caso, el convencimiento cada vez mayor de que el Gobierno acabará imponiendo su propuesta.
I. EL CONTEXTO
Cada vez más viejos
El baby boom de principios de los 60 duró unos 20 años, pero después se paró en seco y la natalidad se frenó (España tiene actualmente una de las tasas de hijos por mujer más bajas del mundo).
Así, en los años 70, con una población de 34 millones de personas, había 20,4 millones de trabajadores y sólo 3,3 millones de jubilados. Ello hizo posible que los beneficios obtenidos por la Seguridad Social financiasen incluso la sanidad pública. Sin embargo, y según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, la pirámide se invertirá en 2050, con 53 millones de habitantes, de los cuales 22 millones trabajarán y 15 millones estarán jubilados, con muchos años de cobro de pensión por delante gracias al aumento en la esperanza de vida.
Esto significa que cuando las generaciones nacidas a partir de los años 70 lleguen a la edad de jubilarse, el número de pensionistas superará en mucho al actual, en relación al número de trabajadores que hacen posible, con sus cotizaciones, el pago de las pensiones.
En las condiciones actuales, por otro lado, el flujo migratorio no es suficiente para equilibrar la balanza, por más que la llegada de cerca de cinco millones de cotizantes en diez años hiciese pensar en un principio que el sistema podría respirar por esa vía.
Cada vez más tarde
Por otra parte, los jóvenes tardan cada vez más en conseguir un trabajo, lo que, unido a los datos anteriores, neutraliza el hecho de que cada vez haya más afiliados a la Seguridad Social (con la excepción del descenso estacional producido el pasado mes de agosto, la tendencia se mantiene al alza mes a mes). Cada año la nómina de la Seguridad Social es mayor y el número de cotizantes, menor.
Inviable
El Gobierno entiende que, con una natalidad en descenso, una esperanza de vida cada vez mayor y un gran incremento del número de pensionistas, el modelo actual (basado en que las cotizaciones de unos pagan las pensiones de otros) resulta insostenible a largo plazo.
En el documento con que acompañó su propuesta para la reforma del sistema de pensiones, el Ejecutivo señalaba, entre otras cosas, que «la elevada esperanza de vida de los españoles, y su rápido crecimiento, con especial intensidad en el caso de la esperanza de vida de las personas que cumplen 65 años, hace necesaria una actuación más decidida para garantizar el curso paralelo de los indicadores del sistema, imprescindible para asegurar la evolución acompasada entre ingresos y gastos».
Las previsiones
En apoyo de esta tesis, los cálculos del Gobierno indican que de aquí a 30 años se pagarán casi el doble de pensiones que ahora: 15,3 millones frente a los 8,5 millones actuales, y eso, asumiendo que cada vez se abusa menos de las prejubilaciones, que cada vez se conceden menos pensiones de incapacidad, que las carreras de cotización son cada vez más largas y que se producen cada vez menos despidos al final de la vida laboral.
España gasta ahora en pensiones el 8,8% de su PIB, lo que tampoco es tanto si se compara con la media europea, que está en el 10,1%. De mantenerse el sistema actual, según las proyecciones más pesimistas de la UE, y dentro de lo difícil que resulta hacer previsiones para dentro de medio siglo, para el año 2060 el porcentaje del gasto en pensiones en España se elevará hasta el 15,1%, una cifra que, en todo caso, resulta equivalente a lo que actualmente están gastando ya países como Francia (13%) o Italia (14%).
Las soluciones
Para evitar el colapso del modelo sin salirse del sistema económico imperante existen, en principio, dos alternativas: Pagar lo que falte por medio de impuestos, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (algo semejante a lo que estarían haciendo países como Austria o Dinamarca), o hacer las pensiones más baratas, reduciendo tanto la cuantía de las pensiones en sí (congelándolas), como los años previstos para su disfrute (retrasando la edad de jubilación, lo que, además, aumenta el tiempo de cotización). El Gobierno ha optado por la segunda opción.
A ello ha contribuido el hecho de que, al igual que los gobiernos de los demás países europeos más castigados por la crisis, el Ejecutivo español tiene como primer objetivo reducir el déficit público, dentro de las medidas de recuperación financiera. Le empujan en ese sentido tanto la necesidad de estabilizar la balanza de pagos como la presión internacional y de los mercados, porque cuanto mayor es nuestra deuda, más difícil le resulta al Estado encontrar quien le preste dinero en condiciones favorables y no abusivas.
Las condiciones
En cualquier caso, la supervivencia del sistema de pensiones depende también, en buena medida, de otra serie de condiciones de carácter más estructural, al margen de la reforma actual. Una de las más importantes pasa inevitablemente por reducir la elevadísima tasa de desempleo y convertir en cotizantes a los cerca de cuatro millones y medio de parados existentes en nuestro país (la tasa más alta de Europa), un gran porcentaje de los cuales son parados jóvenes.
La plena integración de la población inmigrante en el mercado laboral, y la lucha contra la economía sumergida o el fraude fiscal son otros factores clave.
II. LA REFORMA
Los puntos fundamentales
- Edad de jubilación. El Gobierno quiere retrasarla hasta los 67 años. Actualmente está, como regla general, en los 65 (el sistema no ha variado desde que se implantó en el año 1911). No obstante, los trabajadores con más de 36 años de cotización podrán seguir jubilándose a los 65, así como aquellos colectivos con «empleos de especial dureza». La nueva edad de jubilación es el punto más polémico hasta el momento, y se ha encontrado con la oposición de la mayoría de grupos políticos, incluido el PP, y de los sindicatos. Por otra parte, desde enero de 2008, cualquier trabajor puede aplazar voluntariamente su jubilación a una edad posterior a los 65 años. Los funcionarios públicos encuadrados en el Régimen de Clases Pasivas ‑docentes universitarios, jueces, fiscales, secretarios judiciales, registradores de la propiedad- ya podían prorrogar su jubilación hasta los 70 años.
- Años cotizando. Ahora es necesario haber cotizado al menos 15 años para acceder a una pensión. El Gobierno, argumentando que hay que adaptar el sistema al resto de la eurozona, quiere que sean 20 y llegar después, de manera progresiva, a 25.
- Cómputo de la pensión. Según la ley actual, para calcular el importe de la pensión se tienen en cuenta los últimos 15 años de vida laboral. La reforma supondría prolongar este periodo a los últimos 20 años. Este ámbito es el único de gran calado en el que hasta ahora se han puesto de acuerdo el Gobierno y el PP. Los grupos de izquierda están en contra, y alegan que para la mayoría de los trabajadores supondrá una pensión más baja.
- Cobro completo de la pensión. Para cobrar la pensión íntegra es necesario haber cotizado 35 años, un periodo que algunos analistas consideran necesario elevar si se quiere garantizar la viabilidad del sistema.
- Edad legal frente a edad real. En la actualidad, un gran número de trabajadores se jubila antes de los 65 años a cambio de perder una parte de la pensión, lo que hace que la edad real de jubilación esté situada entre los 62,6 y los 63,5 años, según distintos informes. La mayoría de los grupos aboga por que, independientemente de cuál sea la edad legal de jubilación, se incentive más la permanencia en el mercado de trabajo con bonificaciones por cada año extra trabajado. Además, se espera que el Gobierno endurezca las condiciones exigidas a las empresas cuando quieran prejubilar a trabajadores.
- Viudedad y orfandad. El Ejecutivo quiere también poner limitaciones a las pensiones de viudedad y hacer que las pensiones de orfandad sean más equitativas.
- Congelación. Al margen de estas medidas, el Gobierno decidió en mayo, de forma unilateral, que el año que viene se congelarán las pensiones por primera vez en 25 años. Quedarán fuera las no contributivas y las mínimas y, previsiblemente, la Seguridad Social se ahorrará 1.500 millones de euros.
El proceso, paso a paso
1. La propuesta del Gobierno
El documento con la propuesta fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de enero.
2. El Pacto de Toledo
Las líneas maestras del sistema público de pensiones las establece desde 1995 la Comisión del Pacto de Toledo, donde están representados todos los grupos parlamentarios. Esta Comisión acordó en su día acelerar los trabajos sobre la reforma, y el pasado miércoles cerró un informe de recomendaciones en el que se refleja el desacuerdo mayoritario de que la edad de jubilación se eleve a los 67 años.
El documento, que contiene cerca de 20 recomendaciones, se votará en la Comisión de Seguimiento del Pacto el próximo 29 de diciembre. El PP ha anunciado que, aunque en conjunto votará a favor del dictamen, no descarta presentar un voto particular a la recomendación de retrasar la jubilación. IU, ERC y BNG votarán en contra de todo el documento.
Entre las principales recomendaciones del informe se encuentran, además, las siguientes:
- Se censura la congelación de las pensiones decretada por el Gobierno para 2011, y se pide que se defienda por ley el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.
- Se propone una mejora de las pensiones de viudedad para los mayores de 65 años, así como ampliar el cobro de la prestación de orfandad desde los actuales 22 años a los 25.
- Se recomienda que las pensiones por incapacidad sean compatibles con la realización de una actividad laboral, con el objetivo de favorecer la activación de las personas con algún tipo de discapacidad.
3. La mesa de diálogo
Una vez que presentado el informe del Pacto de Toledo, estas recomendaciones pasarán a la mesa de diálogo en la que el Gobierno, los sindicatos y los empresarios tratarán de acercar posturas.
4. El trámite parlamentario
El Gobierno tiene previsto aprobar la reforma en el Consejo de Ministros del 28 de enero, tras lo cual el texto deberá ser votado en el Parlamento, donde los socialistas necesitan el apoyo de algún grupo parlamentario ya que no cuentan con mayoría absoluta.
Pese a que el Gobierno ha manifestado su deseo de que la reforma de pensiones se enmarque en el Pacto de Toledo, la necesidad de aplacar a los mercados con reformas contundentes presionará al Ejecutivo para que apruebe la reforma con o sin el apoyo de todas las fuerzas políticas y los sindicatos.
En el caso de haber consenso con otros grupos, la reforma tendría la forma de proyecto de ley y pasaría por el trámite parlamentario antes de entrar en vigor. Si el Gobierno la aprueba mediante decreto ley, la entrada en vigor sería inmediata pero después requeriría la convalidación del Parlamento.
5. La aplicación
El Gobierno ha indicado que su plan es introducir la reforma de manera gradual. Así, las medidas empezarían a aplicarse en 2013 y, en principio, no afectarían a los actuales pensionistas. Luego se irían implantando de forma progresiva hasta 2025: Los que se jubilaran en 2013 tendrían que hacerlo a los 65 años y dos meses; los de 2014, a los 65 y cuatro meses, etc.
A favor y en contra
Además de considerar que, por lo expuesto anteriormente, el actual sistema resulta insostenible, los defensores de la reforma insisten en que es necesario revisar un modelo que fue ideado para carreras laborales que duraban mucho más que ahora (en muchos casos, desde los 17 ó 18 años hasta los 65), ya que la vida laboral media actual, en el caso de los varones, es de unos 39 años. En este sentido, la actual crisis económica, y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, ha adelantado más aún la edad real de jubilación. Destacan asimismo que este tipo de medidas ya se han comenzado a poner en marcha en varios países europeos con situaciones demográficas similares a la de España.
Por contra, los sindicatos mayoritarios (UGT y CC OO) han calificado la reforma de «innecesaria e irresponsable». Para CC OO, «el sistema actual es sostenible y tiene una situación financiera saneada, y la prueba es que está resistiendo mejor los embates de la crisis que otros aspectos de nuestra economía». Según UGT, «el sistema público de pensiones es barato y solvente» y «todas las predicciones anteriores sobre el futuro del sistema han fallado». Los sindicatos rechazan el retraso en la edad de jubilación y apuestan por la jubilación flexible, incentivando el retraso voluntario después de los 65 años y compatibilizándolo con el adelanto de esta edad en los términos vigentes actualmente.
Quién ha dicho qué
- José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno: «La reforma de pensiones no busca un modelo privado, sino reforzar el público».
- Valeriano Gómez, ministro de Trabajo e Inmigración: «[En los casos de prejubilaciones a los 55 años] la empresa también debería pagar y no descargar todos los costes en el sistema de protección social».
- Mariano Rajoy, presidente del PP: «No es fácil llegar a un acuerdo con el Gobierno para reformar el sistema de pensiones, ya que [el Ejecutivo], sin consultar absolutamente con nadie, ha congelado las prestaciones y ha dado un golpe de muerte al consenso que representaba el Pacto de Toledo».
- Gaspar Llamazares (IU): «El Gobierno está en rebeldía con el Parlamento y con los ciudadanos y ha roto sus compromisos electorales, por lo que el Pacto de Toledo sale tocado».
- Emilio Olabarría, portavoz del PNV en la Comisión del Pacto de Toledo: «Intentaremos aproximar posturas en torno al desacuerdo sobre la edad de jubilación, pero no tenemos ningún compromiso con el Gobierno para votar a favor del proyecto de ley».
- Carles Campuzano (CiU): «El Ejecutivo debe negociar con los agentes sociales; lo contrario sería un error. […] No somos partidarios de tocar la edad de jubilación, sino de facilitar la prolongación de la edad real y reconocer largas carreras de cotización».
- Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo: «Es extremadamente importante que España profundice en las reformas estructurales, sobre todo en la del mercado laboral y en la de las pensiones».
- OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico): «La elevación de 65 a 67 años de la edad de jubilación debe tener una prioridad alta en la reforma de las pensiones en España. El sistema actual español es demasiado generoso».
III. ALGUNOS DATOS
- Según el Instituto Nacional de Estadística, la población mayor de 65 años se duplicará en 40 años y supondrá el 31% del total. Por cada 10 personas en edad de trabajar en 2050 habrá 9 potencialmente inactivas (menores de 16 años o mayores de 65).
- Las cuentas de la Seguridad Social arrojaron un saldo positivo de 8.501,83 millones de euros en 2009, un 0,81% del PIB, pero a causa de la crisis este superávit se redujo un 41,07% respecto del año anterior (5.926,4 millones menos que en 2008). Además tiene una deuda aplazada de unos 8.000 millones y la tasa de morosidad en 2009 fue del 1,99%, inferior varios puntos a la de las entidades financieras.
- La previsión del Gobierno es que este año el superávit de la Seguridad Social sea del 0,2% del PIB.
- La pensión media de jubilación del sistema de la Seguridad Social se situó el pasado 1 de febrero en 877,12 euros, lo que representa un aumento del 3,5% respecto al mismo mes del ejercicio precedente, según el Ministerio de Trabajo.
- La pensión media total (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) ascendió a 774,15 euros al mes, con un aumento interanual del 3,4%.
- El número de pensiones contributivas de la Seguridad Social fue de 8.611.931, lo que supone un 1,7% más que en febrero del año pasado.
- Según Trabajo, el gasto que supone el pago mensual de todas las pensiones sumó 6.667 millones de euros, el 5,1% más que un año antes.
- Todas las pensiones ‑8,5 millones- subirán a partir del 1 de enero un 1,3%, a pesar de la congelación prevista para 2011. Esta subida corresponde a la diferencia entre el IPC de noviembre -2,3%- y la revalorización de las pensiones a principios de 2010, que fue de 1%. La diferencia se compensará a través de una paga a finales de enero. Las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 2,3%, porque están exentas de la congelación y sí se revalorizan,de modo que al 1,3% se le suma otro 1% de revalorización para el año 2011.
- A un 80% de los españoles les gustaría ahorrar para la vejez, pero sólo un 21% lo hace, debido que «no existe suficiente cultura de ahorro o jubilación en España», según un estudio de la escuela de negocios Esade.
IV. EN EUROPA
En la Unión Europea, la disminución del número de cotizantes y el aumento de la longevidad han llevado a muchos países a retrasar la edad de jubilación y a endurecer las condiciones para acceder a una pensión. Al menos seis de ellos (Austria, Grecia, Hungría, Lituania, Malta y la República Checa) subirán esta edad hasta los 65 años, Italia estudia elevarla a los 66,7 (para los hombres), Alemania y Dinamarca a los 67, y el Reino Unido a los 68. En Francia, la edad mínima de retiro se alargará de 60 a 62 años y la que da derecho a una pensión completa, de 65 a 67 años.
En todos estos países el retraso de la jubilación se hará de forma paulatina y comenzará a aplicarse a partir de 2020, mientras que a corto plazo algunos de los Estados miembros (Alemania, Grecia, Estonia, Lituania) han decidido congelar las pensiones en 2011. Otros, como Suecia, las disminuirán un 4,3%.
Por otra parte, en 14 Estados de la UE existen diferentes edades de jubilación para hombres y mujeres, aunque más de la mitad de ellos alcanzarán la igualdad a medio o largo plazo.
Algunos países, como Austria, Bélgica, Finlandia o Francia, bonifican el retraso de la jubilación, mientras que Austria, además, penaliza la jubilación anticipada, con la intención de que desaparezca por completo en 2017.
Otros 15 Estados miembros incluyen la esperanza de vida en el cálculo de la pensión como mecanismo periódico de ajuste. Es el caso de Portugal, donde las personas que se jubilen el próximo año van a tener una penalización del 3,14% en el valor de la pensión debido a la subida de la edad media de vida, lo que se puede compensar con unos meses más de trabajo.
La edad media de salida del mercado laboral en la UE en 2008 era de 61,4 años frente a los 59,9 años de 2001, en tanto que en España se ha pasado en ese periodo de 60,3 a 62,6 años.
| Edad prevista o acordada en la última reforma | Edad anterior | Edad media | Gasto en pensiones (% del PIB) | |
| Alemania | 67 | 65 | 61,7 | 12,7 |
| Dinamarca | 67 | 65 | 61,3 | 10,6 |
| ESPAÑA | 67 | 65 | 62,6 | 8,8 |
| Francia | 62 | 60 | 59,3 | 13,2 |
| Grecia | 60 (sector público), 65 (privado, ambos sexos) | 60 (sector público) 65 (privado, hombres) 60 (privado, mujeres) | 61,4 | 11,9 |
| Italia | Entre 65 y 66,7 (hombres), 61 (mujeres | 57 (hasta 2008) | 60,8 | 14,7 |
| Noruega | Entre los 62 y los 67 | 62 | 64 | 4,6 |
| Portugal | 65 | La misma | 62,6 | 13 |
| Reino Unido | 68 | 65 | 63,1 | 10,7 |
V. UN POCO DE HISTORIA
El diseño del sistema de pensiones en España ha sufrido diversas reformas desde mediados de los ochenta. Los distintos Ejecutivos han justificado las medidas adoptadas en la necesidad de garantizar la solidaridad y la contributividad del sistema, y para avanzar en una mayor proporcionalidad entre las cotizaciones realizadas y las prestaciones obtenidas.
La primera huelga general
La reforma del sistema público de pensiones comenzó en España en 1985, con la Ley de Medidas Urgentes para la Racionalización de la Estructura y Acción Protectora de la Seguridad Social. La normativa, que supuso un endurecimiento de los requisitos de acceso al sistema de pensiones y un ajuste financiero en prestaciones, fue contestada por los sindicatos con la primera huelga general de la democracia.
Fue precisamente la conveniencia de que la reforma de las pensiones estuviese al margen de la competencia electoral y gozase del consenso de todos los agentes sociales lo que dio origen al Pacto de Toledo, cuyo texto recomendaba la separación de las fuentes de financiación, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y la constitución de reservas para peroodos de bajada de ingresos.
De 10 a 15 años
La Ley de Consolidación y Racionalización de 1997 fue el resultado del compromiso adquirido por todas las fuerzas sociales en el Pacto de Toledo. El periodo mínimo de cotización para acceder a una pensión pasó de 10 a 15 años, se amplió el período de cálculo de la pensión de 2 a 8 años y se controló el acceso a las pensiones por invalidez.
Esta ley introdujo por primera vez de forma permanente la revalorización automática de las pensiones y propuso la constitución de un fondo de reserva con cargo a los excedentes de cotizaciones sociales.
Incentivos para retrasar la jubilación
En la misma línea se firmó en 2001 el Acuerdo sobre Mejora y Desarrollo del Sistema de Protección Social, que mejoraba las pensiones mínimas y las de viudedad y orfandad, y establecía incentivos para retrasar la edad de jubilación.
El Gobierno se comprometió entonces a permitir la jubilación anticipada a partir de los 61 años a trabajadores afiliados a la Seguridad Social.
Parejas de hecho
La normativa más reciente relativa a pensiones es la Ley de Medidas en Materia de Seguridad Social de 2007, que legisla sobre los compromisos del acuerdo firmado el 13 de julio de 2006 por los agentes sociales y el Gobierno.
El texto contempla la extensión de la pensión de viudedad a las parejas de hecho y recompensa la prolongación de la vida laboral, aunque endurece el periodo mínimo necesario para acceder a pensión y restringe el acceso a la jubilación parcial.