El gran naufragio de la Comunidad Valenciana

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, junto a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; el actual presidente autonómico, Alberto Fabra; la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el portavoz del PP en Les Corts, Rafael Blasco, el día de la investidura de Fabra, en julio de 2011. (Efe). Ampliar

Quiebra, políticos imputados, bancos desmantelados, megaproyectos fracasados, sanidad pública amenazada… Un año después de la dimisión de Camps y la intervención de la CAM, la C. Valenciana ha sido la primera autonomía en pedir un rescate.

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Publicado en 20minutos.es

Ya se sabe que todo lo que sube, tarde o temprano, tendrá que bajar. El problema es que algunas bajadas son en caída libre, sobre todo si la subida se ha hecho con trampa y sin paracaídas.

Hace cinco años, la Comunidad Valenciana parecía tener el límite en el cielo: Boom inmobiliario, políticos que no dejaban de inaugurar obras y de recolectar votos, dinero a espuertas fluyendo de bancos y cajas de ahorro… Eran los tiempos de la Copa América de vela, del esplendor de la Ciudad de las Ciencias y de los contratos millonarios con el Instituto Nóos para la celebración de grandes cumbres internacionales sobre turismo y deporte; los tiempos de las candidaturas a los Juegos Europeos y de las gestiones para conseguir que los bólidos de la Fórmula 1 recorriesen las calles de la capital del Turia a una velocidad solo superada por el ritmo de la recalificación urbanística.

La Comunidad Valenciana, gobernada ininterrumpidamente por el PP desde 1995, era el ejemplo a seguir, al menos, para los dirigentes de este partido, y pese a los casos de corrupción que no dejaban de aflorar. En enero de 2008, cuando lo peor de la crisis enseñaba ya sus dientes, el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ponía como ejemplo de buena gestión económica al Consell de Francisco Camps y afirmaba: “Ése es el modelo que yo quiero aplicar para el Gobierno de España“. Javier Arenas, candidato entonces del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía, aseguraba por su parte que “gobernar no es gastar más, sino gastar mejor. Gobernar es imitar a Camps”.

Hoy, cinco años después de la celebración de aquella Copa América, un año después de que Alberto Fabra sucediese al dimitido Francisco Camps al frente de la Generalitat, y un año después, también, de la intervención de la Caja Mediterráneo (CAM), la Comunidad Valenciana tiene las arcas vacías, un sistema financiero desaparecido, los funcionarios y los estudiantes en pie de guerra, la sanidad pública amenazada, una televisión autonómica en coma, decenas de políticos imputados por, o acusados de, corrupción, un puñado de megaproyectos fracasados y bastante menos respaldo político (no hay ningún valenciano en el gobierno de Rajoy ni en ninguna secretaría de Estado). Este viernes, se convirtió, además, en la primera comunidad en solicitar la adhesión al fondo de liquidez autonómico del Estado, es decir, en pedir un rescate financiero.

Este es un repaso a los frentes abiertos en una de las comunidades con mayor potencial de crecimiento del país, y a la que algunos han llegado a calificar, sin embargo, como “la Grecia española”.

En quiebra

La deuda pública reconocida de la Comunidad Valenciana supera los 20.000 millones de euros (más del 20,5% de su PIB), una situación que llevó al pleno del Gobierno valenciano a acordar este viernes solicitar la adhesión al fondo de liquidez autonómico, lo que permitirá a la Generalitat “hacer frente a los vencimientos de deuda en 2012”, y aportar “seguridad en el cumplimiento de las obligaciones financieras”. La creación de este fondo de rescate, dotado en total con 18.000 millones de euros, fue decidida por el Consejo de Ministros el pasado día 13, y aprobada el pasado jueves en el Congreso.

La luz roja se encendió en diciembre pasado, cuando la Generalitat tuvo que pedir ayuda al Gobierno central para poder afrontar el vencimiento de un crédito de 123 millones de euros concendido por el Deustche Bank. El Ministerio de Hacienda habilitó entonces una línea especial de crédito para las autonomías, y la Comunidad Valenciana pidió 1.022 millones de euros al Instituto de Crédito Oficial (ICO). Con su deuda situada a nivel de bono basura por las agencias calificadoras de riesgo, la Generalitat pidió en mayo una ampliación del crédito de 1.678 millones, y volvió a pedir otros 4.000 millones en abril, lo que supone más del 23% de todo lo solicitado por las autonomías hasta la fecha.

La Comunidad Valenciana es una de las ocho autonomías amonestadas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por los problemas para cumplir con el objetivo de déficit del 1,5% del PIB.

Parados y emigrantes

Al igual que en el resto del país, el desempleo es, junto al déficit público, el otro gran problema de la Comunidad Valenciana. La buena noticia es que bajó en el mes de junio (un 1,59% menos); la mala, que lo hizo por debajo de la media española (-2,10%). No obstante, en el último año, el paro ha subido en la Comunidad Valenciana un 8,66%, menos que la media del país, que ha sido del 11,97%. Solo tuvieron un menor crecimiento del paro en el último año Cataluña y Baleares.

En concreto, la Comunidad Valenciana registró en junio 9.104 parados menos, con lo que el total de desempleados se situó en 564.130. De ellos, 52.165 son menores de 25 años. Del total de 575.857 contratos en la comunidad, el 8,36% es indefinido y el 91,64% de carácter temporal.

Según cálculos del Instituto Nacional de Estadística, un total de 4.408 personas emigraron al extranjero desde la Comuniad Valenciana en el primer semestre de este año, solo por detrás de Cataluña, Madrid y Andalucía.

Una banca demolida

En 2009, dos de las tres principales entidades financieras de la Comunidad Valenciana, Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM), ocupaban el tercer y cuarto puesto, respectivamente, en la clasificación de las entidades de ahorro españolas. La tercera gran pata del sistema bancario local, el Banco de Valencia, ganaba en 2008 unos 150 millones de euros. Hoy, la CAM y el Banco de Valencia han sido intervenidas y Bancaja está integrada, sin poder ejecutivo, en la ahora nacionalizada Bankia.

La desintegración del sistema financiero valenciano es consecuencia directa de una pésima gestión, en paralelo al aumento del control político sobre las entidades bancarias, un control que comenzó a hacerse más intenso durante el gobierno de Eduardo Zaplana (PP, 1995-2002). La llegada a los consejos de administración de políticos y promotores inmobiliarios empujó a las cajas valencianas a financiar megaproyectos como Terra Mítica (Benidorm), la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Valencia) o la Ciudad de la Luz (Alicante), a participar en sociedades como la que gestiona la Fórmula 1 en Valencia, a cargar con deuda pública emitida por la Generalitat o incluso a financiar a equipos de fútbol, como el Valencia CF.

La poca rentabilidad de muchos de estos proyectos y, sobre todo, el aumento de la morosidad al estallar la burbuja del ladrillo, llevó a las entidades financieras, que habían llegado a duplicar sus negocios inmobiliarios entre 2003 y 2005, a la ruina.

Bancaja se integró en la funesta Bankia en marzo de 2011, y la CAM –“lo peor de lo peor”, en palabras del exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez- fue intervenida en julio de ese mismo año, después de admitir inicialmente pérdidas de 1.136 millones de euros. La Caja Mediterráneo está ahora en manos del Banco de Sabadell, y su anterior junta directiva tiene abierto un proceso en la Audiencia Nacional, acusada de delito societario, estafa, manipulación del precio de las cosas y apropiación indebida. En noviembre de 2011 le tocó el turno al Banco de Valencia, que fue intervenido por el de España tras descubrirse un déficit de unos 800 millones de euros.

Grandes proyectos fracasados

La Comunidad Valenciana ha sido escenario en la última década de la creación de grandes proyectos que, aunque pudieron contribuir inicialmente a la proyección nacional e internacional de la imagen de la comunidad, no han acabado de cuajar ni de ofrecer la rentabilidad esperada, han disparado la deuda pública y privada, y han sido, en algunos casos, auténticas plataformas para el enriquecimiento rápido de sus promotores o para presuntos casos de corrupción. Cuatro ejemplos:

  • Terra Mítica, el parque de atracciones levantado por Zaplana en Benidorm con dinero de Bancaja, la CAM, empresarios privados y la Generalitat, costó 377 millones de euros. Tras entrar en suspensión de pagos en 2004 y registrar pérdidas continuadas, ahora pertenece al grupo Aqualandia, que lo compró en 2010 por 65 millones de euros, casi seis veces menos de lo que costó originalmente.
  • La Ciudad de la Luz, en Alicante, un gran centro audiovisual de ocio de 320.000 metros cuadrados dedicado al mundo cinematográfico, y construido en el año 2000 con dinero de la Generalitat, reconoció en octubre de 2011 una deuda por pagos pendientes de 8,5 millones de euros. Está inmersa en un rosario de procesos judiciales, y la sociedad que la explota, Aguamarga Gestión de Estudios, entró en concurso de acreedores en diciembre de ese mismo año.
  • El Aeropuerto de Castellón ha costado unos 200 millones de euros, de los que unos 70 millones han salido de las arcas públicas. Está inaugurado, pero no tiene aún permiso para la navegación aérea. Tampoco tiene aviones, salvo el que adorna la estatua que lo preside, inspirada en la persona de la que partió el proyecto, el ahora expresidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP, 1995 – 2011). Fabra está imputado judicialmente por diversos delitos de tráfico de influencias, cohecho y delito fiscal. Concebido teóricamente para afianzar la economía de la provincia a través del ocio, junto a futuros parques temáticos (“Mundo Ilusión”), torneos internacionales de golf (12 campos proyectados) y enclaves residenciales ya existentes (Marina d’Or), el aeropuerto iba a dar servicio a los ocupantes de 40.000 viviendas de una nueva macrourbanización, con la consiguiente recalificación de terrenos. Ni las viviendas, ni los campos de golf, ni el parque temático se han construido.
  • El gran premio de Fórmula 1 en Valencia fue anunciado en 2007 por Bernie Ecclestone, presidente y director ejecutivo de la competición, tras las gestiones de Francisco Camps, y con la condición de que éste ganase las elecciones autonómicas. Pese a que Camps aseguró que el circuito sería financiado por promotores privados, el Consell tuvo que acabar pagando 80 millones de euros. Según informó El País, la celebración de los siete grandes premios programados le van a suponer a las arcas públicas valencianas más de 244 millones, entre los pagos a Ecclestone, las infraestructuras para la carrera y el canon que paga la televisión valenciana por retransmitir los grandes premios. De acuerdo con el mencionado diario, el actual gobierno de Alberto Fabra ha intentado anular los contratos, pero se ha encontrado con que la penalización es casi tan cara como la celebración del evento. Ecclestone, entre tanto, ya ha confirmado que a partir de 2013 Valencia deberá alternarse con Barcelona para la organización del gran premio en España, una cooperación que negocian ambas ciudades.

Escándalos y políticos bajo sospecha

La Comunidad Valenciana ostenta un triste récord de procesos por corrupción en los últimos años:

  • En el caso de los trajes, la vertiente valenciana del caso Gürtel, se investigaron los regalos otorgados al entonces presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y a otros altos cargos de su gobierno a cambio de adjudicaciones públicas o actos organizados por el PP en la región. Fueron imputados el propio Camps, que terminó dimitiendo de su cargo, y el ex secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa. Víctor Campos, exvicepresidente de la Generalitat, y Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Consellería de Turismo, se declararon culpables. El 25 de enero de 2012, Camps y Costa fueron absueltos por un jurado popular. El Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) ha recurrido el archivo de la causa interponiendo un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
  • En el caso Nóos, una de las piezas del caso Palma Arena, está imputado el duque de Palma, Iñaki Urdangarin. Según la investigación, el marido de la infanta Elena y uno de sus socios, Diego Torres, también imputado, se habrían embolsado grandes cantidades de dinero público entre 2005 y 2007 a través de la organización sin ánimo de lucro Fundación Nóos, que Urdangarin presidía. Nóos operó, sobre todo, con los gobiernos populares de Baleares y la Comunidad Valenciana.
  • En el caso Brugal, empresarios alicantinos vinculados al sector de la recogida de basuras y al urbanismo habrían sobornado a políticos del PP a cambio de adjudicaciones y otros favores. La causa tiene una veintena de ramificaciones en las que están imputados los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, además del líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll. El sumario también implica a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo.

Según publicó a prinicipios de este mes el diario El Mundo, de los 55 diputados del Partido Popular en el Parlamento valenciano, once están o bien imputados, o bien acusados en distintos casos de corrupción en curso. Si el PP los expulsase del partido, perdería la mayoría absoluta en las Cortes.

Se trata, en concreto, de Ricardo Costa (portavoz de Economía en las Cortes y secretario general del grupo popular, imputado por la presunta financiación irregular del PP valenciano), Vicente Rambla (coordinador de Economía del grupo popular, imputado en el mismo caso), David Serra (portavoz adjunto del PP, imputado en Gürtel), Milagrosa Martínez (actual alcaldesa de Novelda, imputada por prevaricación y cohecho por contratos adjudicados cuando era consellera de Turismo), Angélica Such (secretaria de la mesa de las Cortes Valencianas,  imputada por supuestas irregularidades en contrataciones de Fitur), Yolanda García (extesorera del grupo parlamentario popular, imputada también por la presunta financiación ilegal del partido), Rafael Blasco (portavoz del PP en las Cortes Valencianas, acusado de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos), Sonia Castedo (alcaldesa de Alicante y diputada, implicada en el caso Brugal), Luis Díaz Alperi (antecesor de Castedo, acusado de los mismos delitos que ésta), Pedro Ángel Hernández Mateo (diputado en las Cortes y ex alcalde de Torrevieja, imputado por supuestas irregularidades en contratos de adjudiciación), y Mayte Parra (alcaldesa de Ibi, investigada por todas las contrataciones que ha formalizado su ayuntamiento en los últimos años).

Privatización de la sanidad

Los sucesivos créditos concendidos a la Comunidad Valenciana para hacer frente a su deuda han conllevado el precio de un duro plan de austeridad que incluye la privatización de toda la gestión no asistencial de la sanidad, grandes recortes y despidos en el sector público.

En una de las medidas que ha causado más polémica hasta la fecha, el gobierno de Alberto Fabra anunció el pasado mes de abril su intención de privatizar la gestión de todos los hospitales públicos de la comunidad a partir de 2013. El vicepresidente del Consell, José Císcar, explicó que ese “cambio de modelo”, que, según dijo, permitirá ahorrar 443 millonesde euros al año, es “necesario para garantizar a los valencianos en el futuro una sanidad pública, universal, gratuita y sostenible”.

Císcar insistió en que seguirán siendo gratuitos los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se hagan en los centros sanitarios, y que no se va a cobrar por la asistencia sanitaria, mientras que por primera vez los parados sin prestación no pagarán nada por medicamentos. También aseguró que es la única medida que podrá evitar una subida de impuestos que supondría un coste anual de 500 euros por ciudadano.

Esta iniciativa se suma a la medida anunciada también por la Generalitat de eliminar personal de los hospitales para ahorrar 69 millones de euros y rebajar en 260 millones de euros la factura farmacéutica.

Recortes y despidos

Con respecto a los despidos y recortes en otros ámbitos, y con el objetivo de reducir los presupuestos en 1.500 millones de euros, el Consell ha anunciado, entre otras decisiones, la reestructuración de 26 sociedades mercantiles, 16 entidades de derecho público y 35 fundaciones; recortes en los conservatorios de música por el 55% del presupuesto, lo que pone en peligro la permanencia de 62 conservatorios, 1.200 puestos de trabajo y la enseñanza de 8.500 alumnos; reagrupación de empresas públicas; supresión de 704 empleos institucionales y 165 liberados sindicales; un recorte en la financiación del Centro de Investigación Príncipe Felipe que supondrá un expediente de regulación de empleo (ERE) para 108 de sus 245 trabajadores, el cierre de 16 laboratorios y la supresión de 14 líneas de investigación; congelación del sueldo de los funcionarios; reducción del 30% en las becas universitarias; 20 millones de euros menos para las universidades públicas valencianas, y menores ayudas al transporte público y al alquiler.

La Radiotelevisión Valenciana (RTVV), por su parte, anunció el pasado día 16 un Expediente de Regulación de Empleo que afectará a 1.295 trabajadores, con lo que la plantilla quedaría reducida a 400 profesionales. Según la propuesta de la dirección del grupo,  este ajuste supone un ahorro superior a los 54 millones de euros, al pasar de un gasto en personal de 73,8 millones en 2011 a los 17,7 millones previstos para 2013.


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