Un salvavidas laboral devorado por la corrupción: el caso de los ERE

La jueza que investiga los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya. (P. Fuentes / Efe). Ampliar

La presunta trama de corrupción suma ya más de 170 imputados, incluyendo antiguos altos cargos del Gobierno andaluz y una exministra. Dinero público para respaldar a empresas acabó en prejubilaciones irregulares, ayudas injustificadas y comisiones abusivas. El fraude, de unos 130 millones de euros, benefició a políticos, consultoras, intermediarios y abogados.

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Publicado en 20minutos.es

El llamado “caso de los ERE” es una presunta red de corrupción vinculada a la Junta de Andalucía (gobernada por el PSOE desde el año 1980), cuyo origen se encuentra en la investigación de una denuncia en la empresa sevillana Mercasevilla, en la que se detectaron prejubilaciones aparentemente fraudulentas.

El caso es, en concreto, la cuarta causa relacionada con el “caso Mercasevilla”, en el que se investiga, además de las supuestas irregularidades en la formalización de un ERE (expediente de regulación de empleo), una presunta malversación de fondos, una supuesta venta fraudulenta de terrenos y un presunto delito societario.

La causa de los ERE, de cuya instrucción se encarga la jueza Mercedes Alaya, acumula ya más de 170 imputados, incluyendo ex altos cargos del Gobierno andaluz y una exministra. Según la investigación, habrían defraudado, entre los años 2001 y 2010, alrededor de 130 millones de euros. A fecha de octubre de 2013, al menos 20 personas han sido detenidas y siete de ellas han ingresado en prisión.

Estas son, ordenadas cronológicamente, las claves del escándalo.

El contexto

En el año 2001, después de los miles de despidos causados por las crisis industriales de los años noventa, la Junta de Andalucía, presidida entonces por Manuel Chaves, inició un procedimiento para respaldar económicamente tanto a empresas con problemas que presentasen expedientes de regulación de empleo (prejubilaciones o despidos), como a los trabajadores afectados por estos ERE. El objetivo era, por un lado, mantener la paz social; por otro, permitir a la Administración un mecanismo directo y eficaz de actuación ante conflictos laborales.

Hasta 2011, este fondo había sido dotado con 721 millones de euros y, para su finalización, debería ampliarse hasta 1.217 millones. La Junta afirma que el procedimiento es legal, pero la oposición del Partido Popular lo niega, y mantiene que tanto el fondo como la utilización del dinero son irregulares. El procedimiento permitía rapidez en las ayudas, pero también opacidad y, por lo que la investigación ha ido revelando hasta ahora, una corrupción generalizada.

El caso sale a la luz

En 2003 y 2007, Mercasevilla ejecutó sendos ERE, costeados en parte por la Junta de Andalucía. El comité de empresa denunció que en el primero de ellos se encontraba un “intruso” (alguien que había recibido una prejubilación sin haber trabajado para la empresa) y, posteriormente, la investigación descubrió más casos fraudulentos.

La Guardia Civil reveló la existencia de un complejo sistema para conceder ayudas millonarias (procedentes de la Junta de Andalucía) “basándose en decisiones discrecionales”, y que pudo ser utilizado en las prejubilaciones de más de 60 empresas acogidas a los planes gubernamentales de empleo entre los años 2001 y 2010. Estas ayudas habrían beneficiado a personas ajenas a los ERE, sin derecho a percibirlas.

El 24 abril de 2009, el entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, denunció, además, el presunto intento de cobro de comisiones a unos empresarios por parte de dos exdirectivos de Mercasevilla.

La jueza titular del juzgado número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, asumió la instrucción del caso.

Cuánto dinero se movía y cómo

La actuación judicial se basa en tres grandes aspectos. Por un lado se investiga a los mencionados “intrusos” (al menos 126), cuyos casos suponen un fraude total de unos 12,3 millones de euros. En segundo lugar están las ayudas (unos 73 millones de euros), directas e injustificadas, que se concedieron a empresas, algunas de ellas pertenecientes a exconcejales del PSOE. El tercer apartado corresponde a las comisiones abusivas (cerca de 50 millones de euros) que se cobraron por tramitar los ERE, y de las que se beneficiaron consultoras, abogados e intermediarios.

En total, se calcula que el fraude asciende a unos 130 millones de euros. Según la jueza instructora del caso, el dinero salía del programa presupuestario 31L, conocido como “fondo de reptiles”, y se repartía entre las aseguradoras, que financiaban las prejubilaciones, los despachos de abogados que se encargaban de los trámites y altos cargos de la Junta que percibían comisiones de los mediadores.

Por otro lado, la causa busca determinar asimismo la responsabilidad del Gobierno andaluz, ya que informes de la Intervención de la Junta alertaron desde 2005 de que la Consejería de Empleo prescindía “de forma absoluta del procedimiento administrativo previsto en la ley” al pagar los ERE, y el expresidente de la Junta José Antonio Griñán era consejero de Economía y Hacienda cuando la Intervención elaboró esos documentos.

Primer imputado en prisión

En marzo de 2011 la jueza Alaya admite a la Junta de Andalucía como acusación particular en el caso, y, en julio de ese mismo año, el Tribunal de Cuentas del Estado inicia una auditoría sobre los ERE tras una denuncia del PP. El 2 de agosto un juzgado de Sevilla ordena a 16 prejubilados irregulares de Mercasevilla que devuelvan el dinero público recibido.

En marzo de 2012 ingresa en prisión el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero Benítez. Es el primer imputado en la cárcel. Juan Francisco Trujillo, chófer de Guerrero, declara ante la jueza que llegaron a gastar hasta 25.000 euros mensuales de dinero público en cocaína.

El 3 de abril, José Antonio Griñán asegura en su comparecencia ante el pleno del Parlamento andaluz que puede decir “sin bajar la mirada” que su Gobierno es “honrado”.

Operación Heracles

En la madrugada del 19 de marzo de 2013 la Guardia Civil detiene a 22 personas por orden de la jueza Alaya. La operación, conocida como “Heracles” y desarrollada en en diversas localidades de Sevilla, Huelva, Jaén, Cádiz, Madrid, Barcelona y Las Palmas, está dirigida contra los intermediarios de los ERE fraudulentos. Las empresas aseguradoras Vitalia y Uniter, receptoras de importantes comisiones, son investigadas.

De los 22 detenidos ocho pasan a disposición judicial y cuatro quedan en libertad con cargos. La jueza ordena el ingreso en prisión para siete imputados: Antonio Albarracín, exdirectivo de Vitalia; Juan Lanzas, sindicalista y presunto mediador en la trama; Eduardo Pascual, coordinador de Vitalia; María Vaqué, directora general de esta aseguradora; Ismael Sierra, cuñado del “conseguidor” Juan Lanzas y dueño de una empresa presuntamente utilizada para introducir las comisiones en el mercado financiero; Eduardo Leal del Real, propietario de las empresa Atrado Mensajería y Estudios Agenciales, a las que Alaya imputa la misma función; y el mencionado Francisco Javier Guerrero.

Comisión de investigación

En junio de 2012 el Parlamento de Andalucía crea una comisión para investigar la relación de los poderes públicos con el fraude. La comisión comienza sus trabajos el 21 de agosto y los concluye el 28 de noviembre de 2012 sin un acuerdo entre las tres formaciones. El PSOE limita las responsabilidades políticas al exdirector general de Empleo, Francisco Javier Guerrero; IU las eleva hasta los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera; el PP responsabiliza al entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, y al que fuera su consejero de Economía y Hacienda en el momento del fraude, el expresidente andaluz José Antonio Griñán, a quien llega a calificar de “cajero de los ERE”.

Las aseguradoras

El 24 abril de 2012 la juez Alaya bloquea 84 cuentas de José González Mata, dueño de la aseguradora Uniter, y el 17 de junio le imputa ocho delitos y eleva a 51 millones sus cobros, decretando su ingreso en prisión un día después, eludible bajo fianza de 600.000 euros.

Con respecto a la aseguradora Vitalia, la Fiscalía Anticorrupción pide el 8 de mayo de ese año una fianza de 258 millones de euros a cada uno de los exdirectivos de esta empresa imputados en la nueva fase del proceso. Un mes después, en junio, un informe de la Guardia Civil señala que la federación de Industria de CC OO recomendó no trabajar con Vitalia.

El día 23 de ese mes, la jueza autoriza a la Guardia Civil a registrar sedes de otra aseguradora implicada, Generali, para verificar los fondos realmente aportados por la Junta.

Retraso y nuevos detalles

El 23 de mayo de 2012, el presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, afirma que no ve “normal ni aceptable” que algunos imputados en los ERE fraudulentos lleven tres años sin declarar ante la jueza, si bien, “de momento”, no cree que haya motivo para expedientar a la instructora.

Una semana después, Alaya levanta el secreto sumarial sobre la última fase del caso, y el 3 de junio la Guardia Civil calcula en 7,6 millones de euros el dinero que fue transferido a los sindicatos por mediadoras en los ERE entre 2000 y 2010.

Peticiones de cárcel

La Fiscalía de Sevilla pide en junio de 2012 nueve años de cárcel para Eduardo Leal del Real y ocho y medio para Juan Francisco Algarín, ambos imputados como testaferros. La Audiencia de Sevilla, por su parte, amplía la imputación a Daniel Alberto Rivera, director general de Empleo de la Junta entre 2010 y 2012.

Mientras, el consejero delegado de Construcciones Juan de Robles, Eduardo Báñez, hermano de la actual ministra de Empleo, niega connivencia con otra empresas que acudieron al concurso de compra de los terrenos de Mercasevilla.

Una exministra y 20 ex altos cargos

El caso da un salto cualitativo el 2 de julio de 2013, al imputar la jueza Alaya a la exministra Magdalena Álvarez (titular de Fomento con el Gobierno socialista entre 2004 y 2009, y exconsejera de Economía de la Junta de Andalucía) y a otros veinte ex altos cargos de la Junta, por presuntos delitos de malversación y prevaricación.

En su auto, Alaya argumentó que la exministra fue la persona que dictó en 2003 las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales, algo “absolutamente inadecuado”. En su declaración ante la jueza (el 8 de octubre), Álvarez negó haber recibido presiones para permitir el sistema de los ERE.

La Junta de Andalucía recurrió el auto de imputación en el que está incluida la exministra, pero el recurso fue rechazado por la jueza el 22 de julio. Por su parte, el Parlamento andaluz rechazó una proposición no de ley del PP que pedía extender la responsabilidad política del caso a todos los altos cargos de Empleo y Hacienda de la Junta entre 2001 y 2010.

Apuntando a la presidencia

El 23 de junio es imputado Antonio Rivas, delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla entre 2004 y 2010, por autorizar el ERE de Mercasevilla y la inclusión de tres “intrusos”, y un mes más tarde el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez declara ante la juez que su departamento recogía en sus sucesivos informes las irregularidades sobre el sistema de pago de los ERE falsos. El 6 de agosto, la jueza Alaya imputa a otras 23 personas, entre ellas, dos hijos del empresario José María Ruiz Mateos.

Finalmente, el 10 de septiembre, la magistrada solicita la imputación de los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y de los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo. El auto cae como una bomba en medios políticos, y algunas fuentes del ámbito judicial destacan que no se entiende por qué la jueza, curtida en imputaciones (llevaba ya más de 120 en el caso), es imprecisa y “deja abierto el procedimiento”. También resulta imputado, posteriormente,  Antonio Diz-Lois, exjefe de servicio de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía.

El 24 septiembre Alaya culpa al exdirector general de Presupuestos de la Junta Buenaventura Aguilera, quien se acoge a su derecho a no declarar, de fingir cambios para mantener el fraude de los ERE, y el 3 de octubre imputa al exviceconsejero de Economía José Salgueiro por ser uno de los promotores de la trama.

La lista de imputados supera ya las 170 personas.

“Dolor y vergüenza”

La recién nombrada nueva presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, asegura el 14 de septiembre en una entrevista a El País que le avergüenza la corrupción “se llame como se llame. Sea ERE, Gürtel o Bárcenas”, y recuerda que cuando ostentaba el cargo de secretaria de Organización del PSOE-A, “pedí perdón por el caso de los ERE porque me causa dolor y vergüenza“, añadiendo que, como jefa del Ejecutivo andaluz, ahora y “siempre” pedirá perdón por el asunto.

Operación Heracles II

El 8 de octubre se lanza la segunda fase de la Operacion Heracles, con diez detenidos, entre ellos varios dirigentes sindicales y el director de una oficina bancaria. Se trata del secretario general de UGT en Cádiz, Salvador Mera, el exsecretario de Desarrollo Industrial de CC OO, Roberto Carmona; el director de Empleo de la Diputación de Sevilla hasta su detención, Enrique Rodríguez; Francisco Casado, exsindicalista de CC OO en Córdoba; Gerardo de la Cruz, exdirector de una oficina de Caja San Fernando en Cazalla de la Sierra; Ángel Quesada del Valle, apoderado de la empresa que gestiona el hotel Rey don Pedro de Torremolinos (Málaga), y el empresario sevillano José Joaquín Barneto. Todos ellos son puestos en libertad con cargos unos días después.

Insultos y abucheos a la jueza

Un grupo de sindicalistas recibe con insultos y abucheos a la jueza Alaya al llegar ésta a los juzgados el 10 de octubre. Tanto los secretarios generales de UGT y CC OO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, como el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, critican la protesta. La magistrada recibe, además, el apoyo de los jueces de Sevilla.

Fianzas millonarias

El 16 de octubre, la jueza Alaya impone una fianza de responsabilidad civil de un millón de euros al ex director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Buenaventura Aguilera, imputado en la causa por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y un día después establece una fianza de 7.282.653,31 euros para el exviceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Justo Mañas, además de la prohibición “absoluta” de salir de España, que se le retire el pasaporte y que comparezca ante el juzgado de manera periódica. La defensa mantiene que las actuaciones de Mañas estuvieron avaladas por informes de la Junta. Según Alaya, Mañas “no hizo nada para evitar los pagos ni la refinanciación de las pólizas”.

El 18 de octubre, la jueza establece otra fianza, esta vez de 2.142.722 euros, para el exparlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz. Díaz ya compareció como imputado ante la jueza y, al igual que Buenaventura Aguilera, se acogió a su derecho constitucional a no declarar, después de que la magistrada le imputara tres delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Antes, el 23 de septiembre, Alaya había impuesto una fianza de 46.666.666 euros al exviceconsejero de Presidencia y exdirector general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Antonio Vicente Lozano.

Principales imputados

  • Antonio Fernández. Consejero de Empleo entre 2004 y 2010 y, desde 2000, vicepresidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), organismo encargado de otorgar las ayudas cuestionadas (actualmente, Agencia IDEA), con cargo a la partida 31L. Ingresó en prisión el 24 de abril de 2012 y salió el 10 de agosto. Imputado en los delitos de negociación prohibida a funcionario, malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones, prevaricación, cohecho y falsedad en documento.
  • Juan Francisco Algarín. Según la investigación actuó de testaferro de varias empresas utilizadas en la trama corrupta. Encarcelado en enero de 2013, fue liberado sin fianza el 21 de marzo de ese año. Imputado por malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental y asociación ilícita.
  • Francisco Javier Guerrero. Director general de Empleo de 1999 a 2008. Principal implicado en el caso, se encargó de firmar las ayudas cuestionadas. Entró en prisión el 20 de marzo de 2012 y salió el 5 de junio. Posteriormente fue encarcelado en marzo de 2013. Está imputado por, entre otros, delitos de falsedad en documento oficial y mercantil, prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos.
  • Juan Francisco Trujillo. Chófer de Francisco Guerrero, ingresó en prisión el 22 de marzo de 2012 y salió el 15 de octubre. Imputado por los delitos de falsedad, malversación, cohecho y tráfico de influencias. Ante la juez declaró que gastaba junto a su jefe 25.000 euros semanales en cocaína, alcohol y prostitución.
  • Antonio Rivas. Delegado de Empleo de la Junta en Sevilla entre 2004 y 2010. Imputado por su “activa participación” en varios ERE irregulares.
  • Ramón Díaz Alcaraz. Asesor de la Consejería de Empleo con Antonio Fernández. Imputado por su relación con varios ERE fraudulentos.
  • Agustín Barberá. Viceconsejero con Antonio Fernández. Imputado por malversación, falsedad, prevaricación, y omisión del deber de denunciar delitos.
  • Juan Márquez. Sustituto de Francisco Javier Guerrero al frente de la Dirección General de Empleo entre 2008 y 2010. Imputado por cuatro delitos de prevaricación, omisión del deber de denunciar delitos, malversación y falsedad en documento oficial.
  • Daniel Rivera. Director General de Empleo desde 2010 hasta 2012. Imputado por prevaricación, omisión del deber de denunciar delitos, malversación e infidelidad en la custodia de documentos.
  • Juan Rodríguez Cordobés. Delegado de Trabajo y Asuntos Sociales de 1999 a 2000. Imputado por tres delitos de prevaricación, malversación y obtención fraudulenta de ayudas.
  • Juan Lanzas. Exsecretario general de la Federación de Alimentación. Imputado por malversación, prevaricación, falsedad en documento oficial, asociación ilícita y cohecho. Ingresó en prisión el 22 de marzo de 2013.
  • Antonio Albarracín. Exdirectivo de la consultora Vitalia, una de las empresas utilizadas en el fraude. Está acusado de apropiarse de 3,7 millones de euros. Ingresó en prisión el 22 de marzo de 2013.
  • Eduardo Leal del Real. Administrador de dos empresas presuntamente utilizadas por la trama, ingresó en prisión el 23 de marzo de 2013 acusado de malversación, asociación ilícita, falsedad documental y un delito contra la Hacienda Pública.
  • Ismael Sierra. Cuñado de Juan Lanzas. Imputado por malversación, asociación ilícita, falsedad documental y un delito contra la Hacienda Pública ingresó en prisión el 23 de marzo de 2013. Salió tres días después tras pagar una fianza de 50.000 euros.
  • Eduardo Pascual. Exdirectivo de Vitalia en Barcelona. Imputado por cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, delito fiscal y falsedad documental. Ingresó en prisión el 23 de marzo. En libertad bajo fianza.
  • María Vaqué. Exdirectiva de Vitalia en Barcelona. Ingresó en prisión el 23 de marzo. En libertad bajo fianza.
  • Jesús Bordallo. Ex director comercial de la aseguradora Vitalia en Andalucía. El 21 de marzo de 2013 quedó en libertad sin fianza tras declarar ante la juez Alaya.
  • Ángel Rodríguez de la Borbolla. Exalcalde socialista de Cazalla de Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla. Imputado por obtener supuestamente más de 9 millones de euros en ayudas “con total ausencia de procedimiento y sin mediar solicitud”.
  • Magdalena Álvarez. Consejera andaluza de Economía y Hacienda entre 1994 y 2004, y ministra de Fomento entre 2004 y 2009. Desde junio de 2010 es vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. Imputada por presuntos delitos de malversación y prevaricación Según el auto fue quien dictó en 2003 las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales, algo “absolutamente inadecuado”.
  • Manuel Gómez Martínez. Interventor General de la Junta de Andalucía desde el 21 de mayo de 2000 hasta el 15 de abril de 2010.
  • Antonio Lozano. Director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía entre 2002 y 2009.
  • José Salgueiro Carmona.Viceconsejero de Hacienda desde 1990 al 7 de febrero de 2004.
  • Buenaventura Aguilera Díaz. Director General de Presupuestos desde el 30 de abril de 2009 hasta el 4 de junio de 2012
  • Antonio Estepa Giménez. Secretario General de Hacienda desde el 21 de mayo de 2000 hasta el 15 de mayo de 2004.
  • Juan Francisco Sánchez García. Secretario General Técnico de la Consejería de Empleo de 2000 a 2004 y posteriormente Secretario General Técnico en la Consejería de Innovación de 2004 a 2010 y Director de Administración y Finanzas de IDEA de mayo de 2010 hasta el 30 de octubre de 2012.
  • Javier Aguado Hinojal. Secretario General Técnico de la Consejería de Empleo desde el 2 de mayo de 2004 hasta el 3 de mayo de 2008.
  • Lourdes Medina Varo. Secretaria General Técnico de la Consejería de Empleo desde el 3 de mayo de 2008 hasta el 17 de mayo de 2012.
  • Justo Mañas Alcón. Viceconsejero de Empleo desde el 1 de abril de 2010 hasta el 10 de mayo de 2012.
  • Juan Luque Alfonso. Interventor Delegado de Empleo desde el 5 de noviembre de 2008 hasta el momento de su imputación.
  • Gonzalo Suárez Martín. Viceconsejero de Innovación desde el 8 de mayo de 2004 hasta el 19 de marzo de 2005.
  • Jesús María Rodríguez Román. Viceconsejero de Innovación desde el 19 de marzo de 2005 hasta el 1 de abril de 2010.
  • Miguel Ángel Serrano Aguilar. Director General del IFA/IDEA desde mayo de 2004 hasta el 14 de mayo de 2008.
  • Jacinto Cañete Rolloso. Director General de IDEA desde el 14 de mayo de 2008 hasta el 22 de diciembre de 2009.
  • Antonio Valverde Ramos. Director General de IDEA desde el 22 de diciembre de 2009.
  • Antonio Lara Revilla. Director General de IFA desde el 30 de abril de 2002 hasta el 28 de enero de 2003.
  • Francisco Mencía Morales. Director General de IFA desde el 28 de enero de 2003 hasta mayo de 2004.
  • Pablo Millán Márquez. Director General de Finanzas del IFA/IDEA desde 1999 hasta 2004.
  • Juan Velaquiroga. Director General de Finanzas del IFA/IDEA desde 2004 hasta junio de 2008.
  • Carlos Leal Bonmati. Director del bufete de abogados sevillano Estudios Jurídicos Villasís, acusado de ocho delitos por su mediación en los ERE.

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