La vuelta de Aznalcóllar a la mina, un respiro polémico para un sector en declive

Después de 16 años cerrada a cal y canto y abandonada, la gran explotación minera a cielo abierto de Aznalcóllar, en Sevilla, volverá a funcionar, lo más probable, a partir de 2015, tras un acuerdo alcanzado esta semana entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central. El acuerdo supone que este último retirará el recurso de inconstitucionalidad que había presentado contra el decreto ley andaluz para la reapertura de la mina. El concurso minero que adjudicará la explotación seguirá adelante, liderado por la Junta.

La noticia ha sido recibida con entusiasmo por los sindicatos y, en general, por los habitantes de una comarca en la que la tasa de paro alcanza nada menos que el 30%. No en vano, y de acuerdo con las previsiones de la Junta de Andalucía, la reapertura de la mina generará un total de 1.300 empleos, 450 de ellos, directos, y el resto, 850, indirectos.

Menos entusiastas, sin embargo, se han mostrado los grupos ecologistas, que no han olvidado la tremenda magnitud de la catástrofe medioambiental por la que se clausuró la mina. El accidente, ocurrido en la madrugada del 25 de abril de 1998, y calificado de «catástrofe internacional de primer grado», fue, junto con el hundimiento del Prestige en 2003, el mayor desastre ecológico en la historia de España. Aquel día, el depósito de residuos piríticos de las minas de cobre, plomo y zinc de Aznalcóllar reventó, y salieron al río Guadiamar de manera incontrolada seis millones de metros cúbicos de lodos, con arsénico, cadmio, mercurio y otros metales pesados. Para los ecologistas, se trata de un riesgo que seguirá presente y que «no compensa».

En términos estrictamente económicos, la reapertura de Aznalcóllar supone, en cualquier caso, un respiro para la minería española, un sector en declive, dependiente de las ayudas públicas y que, en conjunto, lleva años perdiendo tanto empleo como producción, aunque no pueda hablarse abiertamente de crisis en todos sus frentes.

Las extracción de minerales metálicos (el caso de Aznalcóllar) vive un buen momento, con precios altos y una fuerte demanda, pero el problema principal, el verdadero lastre para la industria, es el carbón. Según datos del Ministerio de Industria, en 1998 se producían 31,88 millones de toneladas; en 2011, 9,6 millones.

Un repaso general al sector en España, incluyendo las claves de la reapertura de la mina de Aznalcóllar:

Los datos

• En 2011 (últimos datos oficiales disponibles) la contribución del sector minero en España, en términos de empleo directo, y en las 3.411 explotaciones existentes en el país, fue de 26.700 empleos, de los cuales en torno a 21.400 correspondieron a la extracción de minerales no metálicos, 4.200 a minerales energéticos y unos 1.100 a minerales metálicos. En 2010 había 3.612 explotaciones (201 más que en 2011), y 29.500 empleos (2.800 más).
• El valor total de la producción vendible del sector minero en España en 2011, según datos del Ministerio de Industria, fue de 3.250 millones de euros, un 5% por debajo de la de 2010, que fue de 3.427 millones, y aproximadamente el 0,31% del PIB calculado para ese año.
• La inversión nacional en la extracción (incluyendo investigación, tratamiento, seguridad y medio ambiente) fue en 2010 de 231 millones de euros.
• El índice de producción industrial de las industrias extractivas en España cayó casi el 40% entre 2005 y 2011, según el Banco de España.
• La partida destinada a «explotación minera» en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 fue de 523 millones de euros, cantidad que pasó a cerca de 412 millones tanto en los de 2013 como en los de 2014.
• El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras contó en 2012 con una dotación de 358,95 millones de euros, 330 millones menos que en 2011. La mayoría del dinero es para las prejubilaciones de los trabajadores.
• El descenso en la producción del carbón en los últimos años ha sido muy brusco: en 1998 se produjeron 31,88 millones de toneladas y en 2011, 9,6 millones, según datos del Ministerio de Industria. La producción industrial, en general, cayó en España un 7,5% en marzo, según Eurostat.

Qué se extrae y dónde

En España se extraen, fundamentalmente, tres tipos de productos:

• Minerales metálicos. Estaño, plomo, cobre, cinc, oro, etc.
• Minerales no metálicos. Materiales industriales, rocas ornamentales y productos de cantera. Entre otros, cuarzo, feldespato, sales, pizarra, mármol, arcilla, granito y yeso.
• Energéticos. Incluyen la antracita y la hulla; es decir, el carbón. El Ministerio de Industria nombra en ese apartado también las extracciones de crudos de petróleo y gas natural, pero los sindicatos del sector no los incluyen al hablar «en términos de explotación minera».

La comunidad con mayor producción minera es Andalucía, seguida de Castilla y León, si no se incluye la extracción de hidrocarburos en Cataluña. El siguiente mapa, elaborado por el Ministerio de Industria, muestra, en porcentajes sobre el valor total, la distribución por comunidades autónomas del valor de la producción minera en 2011, así como el tipo de productos extraídos:

Minerales metálicos: en un buen momento

Según datos de Industria, entre 2006 y 2011 algunos minerales metálicos, como el cobre, el wolframio o el plomo, han experimentado un gran crecimiento debido a la fortaleza actual de la demanda. Tras el bache de 2002, con los cierres de explotaciones en la faja pirítica de Huelva y Sevilla por la caída de precios, la recuperación de éstos ha devuelto un auge a estos minerales.

A esta reactivación están contribuyendo principalmente las minas de cobre en Andalucía y de oro en Asturias, donde están invirtiendo empresas extranjeras. Más de una decena de compañías mineras de Canadá, Australia, Irlanda e Israel, incluyendo corporaciones como Inmet, Lundin, Iberian Minerals, Ormonde, Berkeley, Asturgold, Emed Mining e ICL, han entrado en España en busca de oro y otros metales o minerales que cotizan al alza, o con grandes expectativas de demanda, como el cobre, níquel, zinc, uranio, wolframio o potasa.

Minerales no metálicos: el impacto del ladrillo

Muchos de los minerales no metálicos que se extraen en España están vinculados a la construcción, por lo que la crisis inmobiliaria que machacó al sector significó, y supone aún, un duro golpe.

Así, los áridos y las rocas ornamentales han sufrido, respecto a los máximos de 2007, caídas de casi el 60% en la producción, según datos del Gobierno. La pizarra, muy utilizada en viviendas, ha logrado recuperarse algo gracias a la exportación, aunque no genere en España empleos o una actividad significativa.

Otros minerales como el espato o el flúor no han sufrido tanto y algunas sales viven, según expertos del sector, un «momento de bonanza».

El carbón: la cenicienta del sector

Si no contabilizamos los números referentes a la extracción de crudos de petróleo y gas, que tuvieron una variación anual de producción al alza entre 2006 y 2010 del 14% y del 208%, respectivamente, los productos energéticos, lastrados por el carbón, se encuentran en «estado de shock», pese a la existencia de algún proyecto de uranio en la zona de Salamanca pendiente de que se posicione la Administración.

La industria del carbón española no es rentable, está altamente subvencionada y ha sufrido varios «ajustes». Por un lado, la producción ha ido descendiendo progresivamente; por otro, desde 1986 ha estado recibiendo ayudas de la UE.

El siguiente gráfico, del Ministerio de Industria, recoge la evolución de la producción de carbón en España entre 2005 y 2011, en miles de toneladas:

La paradoja es que el carbón es el único recurso energético relativamente abundante en España, un país con un balance energético negativo que importa sobre todo petróleo y gas, ambas fuertes de energía procedentes de zonas que sufren, en muchos casos, una alta inestabilidad política. Por ello, el Gobierno emitió en 1997 un Real Decreto en el que se contemplaban ayudas al desarrollo alternativo de zonas mineras y se declaraba el carbón como el único recurso energético autóctono «abundante» en nuestro país.

En resumen, se trata de un sector muy costoso, pero estratégico (como fuente de energía propia), en el que, además, existe tradicionalmente una gran conciencia social y reivindicativa, con el consiguiente costo político que ello supone para cualquier gobierno que decida acometer reajustes.

Un futuro complicado

La Unión Europea, que hace dos años había decidido prohibir la continuidad de las ayudas públicas a las minas de carbón más allá de 2014, accedió poco después, presionada por España y Alemania, a prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2018 la vida de las explotaciones que necesitan auxilios estatales para sobrevivir, lo que, en el caso de España, afecta a la práctica totalidad de los yacimientos carboneros.

El problema es que es más rentable importar carbón que extraerlo. La UE importa más de la mitad del combustible que utiliza en sus centrales eléctricas de carbón, y España importó en 2011 16.097.895 toneladas de carbón (desde 2009 las empresas eléctricas redujeron su demanda de carbón nacional). No obstante, el consumo es alto y, la AIEA predice que en 2050 el incremento del consumo de carbón puede llegar a ser de cerca del 70%.

Se calcula que en España las reservas de carbón sobrevivirán casi un siglo después de las del petróleo y el gas, y países como Alemania se están replanteando reabrir sus minas ante los problemas ocasionados por las centrales nucleares. Actualmente, China, EE UU y Australia están entre los principales productores mundiales.

Por otra parte, en nuestro país existen zonas de «monocultivo industrial» que dependen económicamente de la actividad extractora del carbón o de procesos anexos. Las principales comarcas mineras de carbón en España son Asturias, Galicia, Castilla León, Aragón, Cataluña, Castilla La Mancha y Andalucía.

En la actualidad la industria del carbón está compuesta por unos 8.000 empleados en 47 centros de trabajo. Para los sindicatos, reducir más el sector «es cerrarlo». Las protestas en el sector del carbón, como la gran «marcha negra» a Madrid protagonizada por los mineros el año pasado tras la decisión del Gobierno de reducir en 200 millones de euros las ayudas directas, han sido una constante desde hace varios años. La seguridad laboral y las enfermedades también son parte de las reivindicaciones de los trabajadores.

El problema medioambiental

El cierre de los pozos de carbón no rentables tiene, no obstante, el apoyo de diversas organizaciones ecologistas, que critican que se subvencione la minería al mismo tiempo que se implantan políticas para reducir las emisiones de gases, y destacan que el carbón nacional es, además de más caro, más contaminante.

Quemar carbón, petróleo o gas para producir electricidad tiene un severo impacto ambiental. Y, según Unesa, la patronal de las eléctricas, una de las razones por las que se importa carbón es que contamina menos, al tener un contenido de azufre sensiblemente inferior (en torno al 0,5%) al del nacional (entre el 1% y el 5%). Este argumento, sin embargo, no es compartido por todos los expertos. Según explicaba a 20minutos.es Juan Carlos Álvarez Liébana, secretario de Industrias Extractivas de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, el carbón de fuera contamina lo mismo que el nacional al tener los mismos niveles de CO2.

El rechazo de las eléctricas, en cualquier caso, está relacionado también con la obligación que tienen, por ley, de consumir la mayor parte de la producción nacional de carbón, cuando muchas de sus centrales consumen carbón importado, y con el miedo a tener que correr con el coste social que supondría el coste de las minas.

Según un informe del Ministerio de Medio Ambiente de 2009, «muchas empresas en nuestro país empezaron su actividad con muchas décadas de antelación a las actuales preocupaciones medioambientales, lo que les hace arrastrar un pasivo ambiental difícil de superar, principalmente por las elevadas inversiones que suponen». Los costes, por tanto, son altos.

El carbón es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero.

El desastre de Aznalcóllar

La preocupación medioambiental en relación al sector minero ha ido en aumento en los últimos años, y buena parte de la culpa la tiene el desastre ecológico ocurrido en la mina de Aznalcóllar, cuando, el 25 de abril de 1998, reventó el depósito de residuos de las explotaciones de cobre, plomo y zinc, y se vertieron al río Guadiamar seis millones de metros cúbicos de lodos, con arsénico, cadmio, mercurio y otros metales pesados.

El vertido de lodos y aguas ácidas de la mina, una enorme explotación a cielo abierto en una superficie de 950 hectáreas, explotada por la compañía sueco-canadiense Boliden Apirsa, contaminó las Marismas, e inundó los alrededores de los 63 kilómetros del cauce del río Guadiamar, hasta quedar detenido en el límite del Parque Nacional de Doñana.

El accidente fue calificado como «catástrofe internacional de primer grado» y es considerado el mayor desastre ecológico sufrido en España, junto con el provocado por el hundimiento del Prestige. La riada afectó a 4.634 hectáreas, avanzó más de 60 kilómetros y no pudo ser frenada hasta tres días más tarde, en Entremuros, donde se levantó un dique para evitar que entrase en Doñana.

Las actuaciones de la Junta de Andalucía y del Gobierno central para recuperar la zona pasaron por la retirada de lodos, expropiaciones forzosas, control e impermeabilización de la Marisma de Doñana, asistencia técnica, estudio de descontaminación, restauración ambiental y de riberas del río Guadiamar y control de aguas subterráneas.

Tras diez años de trabajos y de descontaminación de los terrenos afectados, éstos fueron comprados por la Junta de Andalucía, que consolidó el cauce como un corredor verde ya inscrito dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos.

La Junta de Andalucía reclamó a la multinacional minera Boliden una indemnización de unos cien millones de euros para compensar el coste de los trabajos de limpieza, así como el coste de la expropiación de fincas afectadas, cifrado en unos 250 millones de euros. El pleito sigue abierto, y la compañía aún no ha pagado.

Las actividades mineras de Boliden en España concluyeron a finales de 2001 con un acuerdo entre la empresa, el Gobierno y los sindicatos andaluces, en el que se negoció la limpieza del área y las prejubilaciones de 425 trabajadores que perdieron sus puestos a causa del desastre.

El acuerdo para reabrir la mina

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía acordaron el pasado jueves que el Gobierno central retirará el recurso de inconstitucionalidad presentado contra el decreto ley andaluz para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, y que el concurso minero que adjudicará la explotación seguirá adelante y estará liderado por la Junta. Se calcula que la mina contiene aún unos 80 millones de toneladas de minerales.

El desbloqueo del conflicto fue posible porque la Junta no puso inconvenientes en reconocer que la competencia es del Estado, el argumento principal del Gobierno central para justificar su recurso de inconstitucionalidad. La propia presidenta andaluza, Susana Díaz, había dejado claro antes de la reunión su deseo de que la competencia «no fuera lo que impidiera la reapertura de la mina».

Una vez eliminado el obstáculo jurídico, las previsiones sobre los tiempos de apertura y creación de empleo se mantienen: «En el primer trimestre de 2015 va a haber puestos de trabajo y actividad en la mina, en la que se crearán 1.300 empleos cuando ésta esté a pleno rendimiento», declaró el viceconsejero de Economía andaluz, Luis Nieto. Nieto añadió que «las principales empresas del mundo» ya han contactado con la administración regional para interesarse por el proyecto.

Las reacciones

En general, los sindicatos han aplaudido un acuerdo que, de acuerdo con las previsiones de creación de empleo, servirá para revitalizar económicamente una comarca fuertemente castigada por el paro. En este sentido, UGT Andalucía calificó la decisión como «un acto de coherencia social y económica» que supondrá «el alivio para una zona prácticamente muerta sin la actividad minera», añadiendo que «la realidad es que, hoy en día, la minería vuelve a ser rentable, y la única actividad que puede hacer resucitar a la comarca es, precisamente, la minería».

Las organizaciones ecologistas, sin embargo, temen que la reapertura de la explotación vuelva a suponer un alto riesgo para toda la comarca, y recuerdan que el tipo de mineral que se extrae en Aznalcóllar solo puede ser tratado por flotación, lo que implica la existencia de balsas semejantes a las que causaron el desastre de 1998.

El pasado mes de diciembre, tras la decisión de la Junta de reabrir la mina, las asociaciones WWF y Ecologistas en Acción criticaron las «prisas» del Gobierno andaluz, al que pidieron «establecer un pliego de condiciones» con unas bases que «salvaguarden el medio ambiente y protejan el Guadiamar».

El responsable de Minas de Ecologistas en Acción, Antonio Ramos, indicó, en declaraciones a Europa Press, que les «asombra» que «se saque a concurso la posible explotación de la mina sin unas condiciones de trabajo y sin una base de la explotación, ya que las declaraciones apuntan a que el ofertante va a imponer condiciones, y el que menos imposiciones tenga será al que le den la concesión». «Una empresa minera va a sacar el máximo beneficio en el menor tiempo posible sin tener para nada en cuenta el daño que pueda hacer al medio ambiente», dijo.

---

Con información de Mirentxu Mariño