Borrón y cuenta nueva para 5 millones de ‘sin papeles’: las claves de la reforma de Obama

Inmigrantes latinoamericanos celebran en Nueva York la orden ejecutiva de Obama. (Kena Betancur / Efe). Ampliar

El decreto anunciado por el presidente de EE UU permitirá regularizar la situación de cerca de la mitad de los inmigrantes indocumentados que residen en el país. La acción ejecutiva, adoptada unilateralmente al margen del Congreso, se enfrenta al rechazo de los republicanos, que controlan ahora las dos cámaras legislativas.

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Publicado en 20minutos.es

“A Astrid Silva la trajeron a Estados Unidos cuando tenía cuatro años de edad. Sus únicas posesiones eran una cruz, su muñeca y el vestido con volantes que llevaba puesto, hecho por su madre. Cuando comenzó la escuela no hablaba nada de inglés. Para ponerse al nivel de los otros niños leía el periódico y veía la PBS. Se convirtió en una buena estudiante. Su padre trabajaba como jardinero. Su madre limpiaba casas de otras personas. Ellos no querían que Astrid presentase una solicitud para ingresar a una escuela de tecnología por temor a que los trámites revelaran que era una inmigrante indocumentada. Astrid presentó la solicitud a sus espaldas, e ingresó, pero siguió viviendo en las sombras. Hasta que su abuela, que venía de visita todos los años desde México, falleció, y Astrid no pudo asistir al funeral por el riesgo de ser descubierta y deportada. Fue entonces cuando decidió abogar por sí misma y por otros como ella. Hoy Astrid Silva está estudiando para obtener su tercer título. ¿Somos una nación que echa a una inmigrante esperanzada que se esfuerza, como Astrid, o somos una nación que encuentra una manera de acogerla?”.

Como suele hacer para dar valor humano a sus discursos, Barack Obama eligió una historia personal, la de la inmigrante indocumentada Astrid Silva, en este caso, para reforzar sus argumentos. El presidente de Estados Unidos acababa de anunciar, por la televisión y en horario de máxima audiencia (aunque sólo Univisión y la pública PBS lo retransmitieron en directo) una acción ejecutiva y al margen del Congreso por la que unos cinco millones de inmigrantes indocumentados tendrán la oportunidad de regularizar su situación de manera temporal y evitar, así, ser deportados. El alivio para estas personas es realmente importante, teniendo en cuenta que el Gobierno del propio Obama posee una cifra récord de deportaciones, con unas 400.000 al año.

La medida, anunciada oficialmente el pasado jueves, no es aplicable a todos los ‘sin papeles’, tiene condiciones y no supone, en cualquier caso, la obtención de la ciudadanía. Sí es, no obstante, lo suficientemente importante como para inyectar una buena dosis de esperanza a la comunidad latina (los hispanos serán los principales beneficiados), y como para provocar el rechazo frontal de la oposición republicana, que no ha tardado en tachar al presidente de “emperador”, “dictador” y “monarca”.

Batalla política

El paso adelante dado por Obama, quien no se juega la reelección al estar ya en su segundo y último mandato, se produce en un momento relevante desde el punto de vista político, al haber perdido el Partido Demócrata la mayoría, tanto en el Congreso como en el Senado, en las recién celebradas elecciones de mitad de legislatura.

La reforma migratoria fue una de las promesas de Obama durante la campaña electoral que le llevó a la Casa Blanca, en 2008, pero sus esfuerzos por que el Congreso la saque adelante han caído en saco roto. El día después de los últimos comicios, el presidente anunció que no estaba dispuesto a seguir esperando, y que aprobaría una serie de medidas por decreto (acción ejecutiva). Y eso es lo que ha hecho. En realidad se trata de una mini-reforma que no afecta a aspectos como la ciudadanía o la residencia permanente, porque Obama no puede llegar tan lejos con la ley en la mano. Ese tipo de medidas han de ser aprobadas en el Congreso.

El mayor peligro para el presidente ahora es enfrentarse a un bloqueo en las cámaras, que estarán en manos republicanas a partir del mes de enero. Las posibilidades de que Obama pueda pasar cualquier otra ley importante son ahora mucho menores, y el riesgo de que el país se enfrente a un nuevo cierre del Gobierno son mucho mayores. El propio Obama lo advertía ya en su discurso del jueves: “No permitan que un desacuerdo sobre un solo problema sea el motivo de ruptura con respecto a todos los problemas. Así no es como funciona nuestra democracia, y no hay duda alguna de que el Congreso no debería cerrar de nuevo nuestra administración simplemente porque no estamos de acuerdo en esto”.

De momento, la mayoría republicana de la Cámara de Representantes ha presentado ya, este mismo viernes, una demanda contra el Gobierno de Obama en una corte federal por los cambios introducidos en la reforma sanitaria, dispuestos también por el gobernante sin la autorización del Congreso.

“Una nación de inmigrantes”

“Somos y siempre seremos una nación de inmigrantes”, insistió el presidente durante su comparecencia, en una afirmación tópica, pero cargada ahora de significado para un país donde amplios sectores de la población parecen haber olvidado sus orígenes.

Hace dos años, la Oficina del Censo de Estados Unidos hizo público un estudio según el cual, “por primera vez”, la mayoría de los niños y niñas menores de un año de edad en este país no son de raza blanca o descendientes de europeos, sino hijos de grupos minoritarios (hispanos, negros, asiáticos…). Entre las muchas reacciones que suscitó el dato, una viñeta del humorista gráfico Matt Bors puso los puntos sobre las íes al mostrar a dos nativos indígenas escuchando la noticia en la radio, y a uno de ellos diciendo: “Por segunda vez”.

La decisión de Obama está aún lejos de reconocer universalmente la contribución de cualquier persona a la sociedad, más allá del lugar donde, por azar, haya nacido, o de los papeles que tenga. Millones de inmigrantes irregulares seguirán condenados a vivir al margen de la ley y con la amenaza constante de la deportación. Pero, como señalaba a la agencia Efe Nita González, directora del Foro Latino Colorado, “aunque esta acción ejecutiva no es un sustituto de nuevas leyes inmigratorias, sí servirá para cambiar la vida diaria de muchas familias y de trabajadores inmigrantes”.

Estas son las claves de las medidas anunciadas por el presidente de EE UU, su alcance, los afectados, el contexto legal y político y las posibles consecuencias.

¿En qué consiste el decreto de Obama?

El plan anunciado por el presidente de EE UU beneficiará a los indocumentados que tengan hijos que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, y que demuestren que llevan en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y carecen de antecedentes criminales. Estos indocumentados evitarán la amenaza de la deportación por tres años y podrán obtener un permiso de trabajo.

Además de tener que demostrar que llevan al menos cinco años en el país, los potenciales beneficiarios deberán demostrar también que su hijo nació antes del anuncio del presidente. Asimismo, deberán someterse a una verificación de sus antecedentes criminales y pagar una serie de tasas.

No podrán beneficiarse del programa las personas que hayan sido deportadas previamente, las que hayan sido deportadas y hayan regresado a Estados Unidos sin autorización y aquellos que hayan cometido delitos graves.

La orden ejecutiva no suple la propuesta de ley, bloqueada en el Congreso, de reformar el sistema migratorio del país.

¿A cuántas personas afecta?

La medida beneficiará a al menos 5 millones de los más de 11 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos.

Según fuentes de la Casa Blanca, alrededor de 4 millones de ‘sin papeles’ podrán acogerse a este nuevo plan, mientras que el millón restante se verá protegido por otras acciones como la ampliación de la Consideración de Acción Diferida (DACA, por sus siglas en inglés), un programa de 2012 para evitar la deportación de jóvenes que llegaron al país siendo niños.

La DACA tenía hasta ahora dos requisitos básicos: ser menor de 31 años y haber entrado en el país antes del 15 de junio de 2007. De acuerdo con la Casa Blanca, con las medidas ejecutivas de Obama este programa beneficiará ahora a todos los jóvenes que llegaron a EE UU antes de cumplir 16 años y con anterioridad al 1 de enero de 2010, con independencia de la edad que tengan actualmente.

La Casa Blanca calcula que de los cambios en la DACA podrán beneficiarse al menos otros 270.000 jóvenes indocumentados. Se había especulado con que las medidas ejecutivas de Obama iban a abarcar también a los padres de los beneficiarios de la DACA, pero la Casa Blanca ha explicado que ello “va más allá de la autoridad legal” del presidente para actuar por decreto.

¿A partir de cuándo?

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) no empezará a aceptar solicitudes al menos hasta principios de 2015.

¿De dónde proceden estos inmigrantes y dónde están?

La mayoría de los inmigrantes indocumentados que residen en Estados Unidos son de origen hispano, y, de ellos, en torno a la mitad proceden de México.

El estado con mayor proporción de trabajadores irregulares es Nevada, donde, según datos de 2010 publicados por el Pew Hispanic Center, el 10% de las 1.367.000 personas que componían su mano de obra estaban en situación ilegal. Tras Nevada se sitúan California, con el 9,7%; Texas, con el 9%; Arizona, con el 7,4%; Georgia, con el 7 %; Florida, con el 6,6%, y Maryland, con el 6,2%.

Estas cifras dan idea del impacto y la trascendencia que la inmigración ilegal tiene en la economía estadounidense, no sólo como mano de obra y consumidores, sino como pagadores de impuestos y receptores de servicios.

En cuanto a la población hispana en general residente en el país, y según datos del Censo de 2012, el 64% son mexicanos, el 9,4% puertorriqueños, el, 3,8% salvadoreños, el 3,7% cubanos, el 3,1% dominicanos y el 2,3% guatemaltecos.

¿Quiénes son “los soñadores”?

“Soñadores” (dreamers en inglés) es como se conoce en EE UU a los jóvenes indocumentados que llegaron ilegalmente cuando eran menores de edad, y que se han criado y educado en el país, pero que, por su condición de indocumentados, habían visto truncados sus sueños de estudiar en la universidad o de trabajar legalmente.

Gracias a la mencionada DACA, unos 600.000 jóvenes indocumentados han podido obtener un permiso de trabajo, sacarse el carnet de conducir y estudiar en la universidad. Este programa les garantiza que durante un periodo de dos años, prorrogables, no serán deportados a sus países de origen, pero no les concede la residencia legal.

Los padres indocumentados de los “soñadores” viven ahora una mezcla de sentimientos: sus hijos seguirán protegidos bajo la DACA, pero sus esperanzas de salir de las sombras se han desvanecido al no haber sido incluidos en la acción ejecutiva del presidente Obama, ya que sus hijos no son ciudadanos estadounidenses o con residencia legal.

¿Se frenarán las deportaciones?

No. Pero, por mandato de Obama, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) elaborará una nueva guía de acción para que la política de deportaciones se centre en los criminales, las personas con delitos vinculados a la seguridad nacional (sospechosos de terrorismo, por ejemplo) y aquellos que cruzaron la frontera desde el 1 de enero pasado. Quienes hayan cruzado la frontera a partir de esa fecha serán considerados casos de “prioridad” para su expulsión.

La Casa Blanca ha destacado que las acciones que está adoptando el presidente “aumentan las posibilidades de que cualquier persona que intente cruzar la frontera ilegalmente sea capturada y expulsada”.

Durante el Gobierno de Obama, las deportaciones han alcanzado niveles récord, con unas 400.000 al año. Ello ha generado muchas críticas entre los activistas defensores de los inmigrantes. El mayor número de deportaciones se produjo en 2012, cuando fueron expulsadas 410.000 personas, alrededor del doble que en 2003. Un informe de 2013 del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE UU señalaba que alrededor de 369.000 inmigrantes irregulares fueron deportados durante ese año. La mayoría de los deportados, 241.493, eran mexicanos. Del resto de nacionalidades destacan guatemaltecos (47.769), hondureños (37.049), y salvadoreños (21.602).

En la última década se han duplicado los recursos federales para seguridad fronteriza y para cubrir los sueldos de los empleados, incluidos los 22.000 agentes de la Patrulla Fronteriza, las 700 millas de cerca en la frontera con México, y ocho sistemas de aviones no tripulados.

¿Qué mecanismos de control habrá?

El Gobierno advierte que revisará cada caso cuidadosamente y, como sucede con cualquier otra solicitud de inmigración, recuerda que ocultar hechos o faltar a la verdad puede ser motivo para la apertura de una causa penal y la posible expulsión del país. El Gobierno también advierte a quienes van a solicitar acogerse al programa de que estén atentos a posibles estafas de personas que se ofrezcan a ayudarles como intermediarios con los servicios de inmigración.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional llevará a cabo un plan para fortalecer la frontera sur y los esfuerzos de las agencias que trabajan en asegurar los límites territoriales. El Departamento de Justicia realizará una serie de reformas en las cortes de inmigración para desatascar los casos pendientes, y trabajará con el DHS para adjudicar más rápidamente los casos de los individuos que cumplen con las nuevas prioridades de expulsión y cerrar los casos de individuos que no son considerados prioritarios.

El Departamento de Trabajo, por último, aumentará las opciones de protección de las víctimas de delitos y de tráfico de personas que cooperen en investigaciones del Gobierno.

¿Cuáles son las medidas adicionales del plan?

  • El sistema actual de visas y permisos de residencia tendrá en especial consideración a emprendedores extranjeros que permitan atraer inversión y crear empleos en el país, así como a estudiantes de campos como tecnología, ingeniería, ciencia y matemáticas.
  • Se creará un mecanismo para que los inmigrantes pasen un control de antecedentes penales y entren en el sistema de pago de impuestos.
  • Se reforzará la política existente para proporcionar ayudas a los cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses que buscan alistarse en el Ejército.
  • Se ampliarán los permisos de viaje al país de origen mientras los solicitantes esperan la concesión de permiso de residencia legal.

¿Se ha excedido Obama en su autoridad?

Para los republicanos, que le acusan de no estar actuando como un presidente sometido a las reglas representativas de una democracia, sí. Pero lo cierto es que la ley le permite aprobar este tipo de decretos ejecutivos, y que Obama no ha anunciado ninguna medida cuya implementación tenga que ser ratificada necesariamente por el Congreso.

Así lo recordó el propio Obama en Las Vegas un día después de anunciar su plan: “He hablado con todos los expertos legales, con la Oficina de Asesoría Legal… No podemos hacer todo lo que queremos, pero sí me han dicho lo que puedo hacer”, dijo.

¿Qué es una orden ejecutiva?

Es una medida que puede firmar el presidente de Estados Unidos para legislar por decreto o para modificar la aplicación de una ley ya existente.

¿Puede revocarse?

La medida puede ser recurrida en los tribunales, y puede ser también revocada por el sucesor del presidente. También podría ser bloqueada por el Congreso si se le niegan los fondos presupuestarios necesarios para aplicarla.

¿Hay precedentes?

Obama no es el primer presidente que utiliza sus poderes ejecutivos para hacer cambios políticos limitados cuando no puede lograr una modificación más permanente a través del Congreso. De hecho, el Consejo para la Migración Estadounidense, una organización no gubernamental con sede en Washington, detalló en un informe publicado el pasado mes de octubre que todos los presidentes (republicanos y demócratas) desde 1956 –cuando Dwight Eisenhower estaba en el poder– han aprobado beneficios migratorios temporales para diversos grupos. En concreto, el informe contabiliza un total de 39 decretos ejecutivos desde esa fecha destinados a suavizar la ley migratoria.

Entre los precedentes recientes más importantes se encuentran las ayudas y medidas de asistencia decretadas por el presidente Kennedy para los miles de cubanos que huyeron del régimen de Castro en 1961; los permisos especiales concedidos a refugiados vietnamitas por los presidentes Ford y Carter entre 1975 y 1979, como consecuencia de la victoria del régimen comunista de Vietnam del Norte en la guerra; la acogida decretada por Carter para unos 25.000 haitianos que llegaron a Florida en 1980, escapando de la pobreza en su país tras la dictadura de Duvalier; la regularización por parte de Ronald Reagan de 200.000 refugiados nicaragüenses en 1987; la protección otorgada también por Reagan a los hijos menores de padres recientemente regularizados (una medida que fue ratificada por George H. W. Bush en 1990, beneficiando a 1,5 millones de personas); o la decisión de Bill Clinton en 1997 de no deportar a entre 20.000 y 40.000 refugiados haitianos.

¿En qué se centran las críticas entonces?

Para los republicanos, la diferencia entre decretos ejecutivos aprobados anteriormente y el anunciado ahora por Obama se encuentra, principalmente, en la magnitud. La medida de Obama ha sido calificada como el principal cambio en tres décadas en la política migratoria estadounidense.

En este sentido, los expertos legales (y críticos con la política de Obama) John Malcolm y Hans von Spakovsky indican que, mientras que Bush padre y Ronald Reagan hicieron “correcciones administrativas”, Obama está actuando “en contra de la voluntad del Congreso”. “Reagan y Bush trabajaron de cerca con el Congreso para implementar la legislación completa que el Congreso había aprobado (en el caso de Reagan) o aprobaría poco después (en el caso de Bush), Obama está evitando al Congreso totalmente”, señalan, añadiendo que el presidente está “cambiando leyes existentes de manera inconstitucional, e imponiendo nuevas que han sido rechazadas explícitamente por el Congreso una y otra vez”.

Los republicanos aseguran que la “concesión de derechos” a inmigrantes que han entrado ilegalmente se traducirá un efecto llamada, atrayendo a más inmigrantes indocumentados al país. El líder de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, acusó el viernes al presidente de actuar como un “emperador o un rey”: “En lugar de trabajar juntos para arreglar nuestro sistema migratorio fallido, el presidente actúa por su cuenta. Y así no es como funciona una democracia”, dijo.

¿Cuáles son los argumentos de Obama?

El presidente expuso sus razones en el discurso pronunciado el pasado jueves:

  • “Somos un país de inmigrantes. Las inmigración nos define como país”.
  • “Nuestro sistema de inmigración no funciona […]. Los inmigrantes indocumentados que desesperadamente quieren abrazar sus responsabilidades no ven más opción que permanecer en las sombras, o arriesgarse a que sus familias se vean separadas”.
  • “Si la Cámara de Representantes hubiese permitido a ese tipo de proyecto de ley una simple votación a favor o en contra, habría sido aprobado con el apoyo de ambos partidos, y hoy en día sería la ley. Pero durante un año y medio, los líderes republicanos de la Cámara se han negado a permitir esa simple votación”.
  • “Las acciones que estoy tomando no sólo son legales, son los tipos de medidas adoptadas por cada presidente republicano y cada presidente demócrata durante el último medio siglo. Y para aquellos miembros del Congreso que cuestionan mi autoridad para hacer que nuestro sistema de inmigración funcione mejor, o cuestione mi juicio de actuar en donde el Congreso ha fallado, yo tengo una respuesta: Aprueben una ley”.
  • “No es una amnistía. Amnistía es el sistema que tenemos hoy, en el que millones de personas viven aquí sin pagar impuestos o estar al día con la ley, mientras los políticos utilizan el problema para asustar a la gente y obtener votos en las elecciones. Esa es la verdadera amnistía, dejar el sistema como está, roto”.
  • “La amnistía general sería injusta. La deportación total sería a la vez imposible y contraria a nuestro carácter como nación. Lo que estoy describiendo es responsabilidad, abordar el tema con sentido común y llegando a un justo medio: Si usted cumple con los criterios, puede salir de las sombras y estar dentro de la ley. Si usted es un criminal, sera deportado. Y sepa que si está pensando en entrar en EE UU ilegalmente, han aumentado las posibilidades de que sea capturado y enviado de regreso”.

¿Qué dicen las encuestas?

La opinión pública estadounidense parece estar muy dividida. Según una encuesta publicada el pasado mes de septiembre por el diario The New York Times y la cadena de televisión CBS, el 51% de los ciudadanos entrevistados apoyaban la firma de un decreto presidencial por parte de Obama en materia de inmigración ante la falta de resolución en el Congreso.

¿Qué consecuencias electorales puede haber?

Los próximos comicios presidenciales de 2016 serán muy diferentes a las recién celebradas elecciones legislativas, una cita de carácter más bien local, en la que los republicanos cosecharon una apabullante victoria, gracias, según los analistas, a la baja participación (menos de un 36%), a la mayor edad de los votantes (sólo acudió a las urnas el 21% de los jóvenes con derecho a voto) y al mayoritario origen blanco-europeo de los electores.

En las elecciones de 2016, sin embargo, el peso de las minorías volverá a ser clave. Por un lado, los afroamericanos, muchos de los cuales no votaron el pasado día 4, constituyen casi un cuarto del Partido Demócrata. Por otro, el poder decisivo de los latinos es cada vez mayor. Según una encuesta del Centro de Investigación Pew, el voto hispano al Partido Republicano en 2016 caerá del 36% al 30%, mientras que el porcentaje de hispanos que votarán a los demócratas subirá del 62% al 68%. En las últimas elecciones presidenciales Obama obtuvo el 71% del voto hispano; el candidato republicano, Mitt Romney, el 27%.

Con la acción ejecutiva anunciada este jueves, Obama puede estar asegurándose más votos aún, sino para él mismo (éste es su último mandato), sí para el futuro candidato o candidata de su partido. De hecho, la mencionada encuesta señala que para dos de cada tres hispanos la nueva medida migratoria es “importante” o “muy importante”.

¿Cuál ha sido el camino hasta aquí?

Una cronología del proceso político que ha dado lugar a la aprobación del decreto ejecutivo sobre inmigración:

2012

  • 15 de junio. Obama anuncia la orden ejecutiva conocida como Acción Diferida (DACA).
  • 15 de agosto. Entra en vigor la DACA, que ha evitado la deportación de más de 580.000 jóvenes indocumentados. No obstante, solo un 55 % de los 1,2 millones de potenciales beneficiarios habían solicitado beneficiarse de esa medida hasta agosto pasado, de acuerdo con el Instituto de Política Migratoria.

2013

  • 28 de enero. El “Grupo de los 8”, compuesto por senadores demócratas y republicanos, presenta un conjunto de “principios” comunes para avanzar hacia una reforma migratoria integral que incluya una vía a la ciudadanía para parte de los indocumentados.
  • 29 de enero. Obama defiende una reforma que incluya el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, una vía para la legalización y ciudadanía de los indocumentados, un sistema para verificar el estatus migratorio de los empleados y mejoras en el sistema de visas.
  • 27 de junio. El Senado aprueba con amplio consenso bipartidista (68 votos a favor y 32 en contra) el proyecto de ley para una reforma del “Grupo de los 8”, respaldado por Obama y que ni siquiera ha sido sometido a voto en la Cámara de Representantes.

2014

  • 14 de marzo. Obama encarga a su secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, “una revisión” de las políticas de deportación para asegurarse de que “dentro de los límites de la ley” se ejecutan “de la forma más humana posible”. En esos momentos, con unas 1.000 deportaciones por día, la cifra total ronda los dos millones desde que Obama llegó a la Casa Blanca.
  • 28 de mayo. Obama pide a Johnson aplazar la publicación de esa revisión para dar espacio a una posible aprobación de la reforma migratoria en el Congreso.
  • 30 de junio. El presidente anuncia que tomará medidas ejecutivas sobre inmigración antes de que termine el verano, después de que el líder republicano John Boehner le comunica que la cámara baja no va a votar la reforma este año.
  • 6 de septiembre. Obama decide retrasar el anuncio de esas medidas ejecutivas hasta después de las elecciones legislativas del 4 de noviembre para no perjudicar a los candidatos demócratas que se juegan algo en esos comicios.
  • 4 de noviembre. En las elecciones legislativas los republicanos arrebatan el control del Senado a los demócratas y tendrán mayoría en ambas cámaras del Congreso a partir de enero.
  • 5 de noviembre. Obama reafirma que tomará acciones ejecutivas para mejorar el sistema de inmigración antes de final de año, pero promete que esas medidas quedarán sin validez si el Congreso aprueba una reforma migratoria que cuente con su respaldo.

¿Qué ocurre con las leyes restrictivas de algunos estados?

En los últimos años la legislación nacional sobre inmigración ilegal se ha visto desafiada por la aprobación o presentación de varias leyes emanadas de distintos estados, y que en muchos casos podrían limitar los derechos básicos de las personas afectadas.

Desde el Gobierno central se sostiene que la Constitución marca que la inmigración es un asunto federal que no puede estar sujeto a cambios por medidas tomadas por los diferentes estados. Además, asociaciones de derechos civiles y de apoyo a inmigrantes cuestionan la constitucionalidad de los puntos más polémicos de estas normas, como la obligatoriedad de portar documentación, o la detención por parte de la policía de personas sospechosas de estar en situación irregular.

La primera de estas leyes fue la SB1070, impulsada por el Parlamento de Arizona, estado que tiene un 6% de población en condiciones irregulares. Después fueron aprobadas otras iniciativas legislativas en Utah, Georgia, Alabama, Carolina del Sur e Indiana.

Sin embargo, la aplicación de algunos puntos de estas leyes ha sido bloqueada por tribunales de justicia mientras se dictamina sobre su constitucionalidad. La última sentencia fue dictada por el Tribunal Supremo el 25 de junio de 2012, que anuló tres de las cuatro cláusulas más conflictivas de la ley de Arizona, aunque mantuvo la que permite a la policía pedir la documentación a aquellos que sospechen se encuentran irregularmente en el país.


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