Nuevo y polémico paso en el costoso camino hacia la integración universitaria europea

Estudiantes realizan un examen en la Universidad de Barcelona (UB). (Efe). Ampliar

La medida aprobada por el Gobierno que permite a las universidades reducir las titulaciones a tres años e implantar másteres de dos es mayoritaria en Europa. Sindicatos, estudiantes, docentes y oposición temen que en España suponga una universidad aún más cara y también más caótica.

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Publicado en 20minutos.es

El Consejo de Ministros aprobó este viernes, mediante real decreto, una polémica reforma del sistema universitario con el objetivo de “flexibilizar” la estructura de grados en la universidad española y acercarla al modelo imperante en Europa.

El nuevo sistema se parecerá más, efectivamente, al existente en la mayoría de los países europeos, pero tanto estudiantes como colectivos docentes y sindicatos temen que su implantación suponga, al final, una universidad más caótica y, sobre todo, más cara.

Las tasas universitarias españolas se sitúan ya entre las más elevadas del continente: los grados universitarios son los octavos más caros de toda la Unión Europea, y los másteres, los séptimos más costosos, según el informe Estudiar en Europa: precios de matrículas y becas en las universidades europeas, elaborado por el Observatorio del Sistema Universitario y publicado en 2012.

Desde la implantación del Plan Bolonia en España, hace apenas cuatro años, todas las carreras universitarias, con algunas excepciones puntuales, como Medicina, tienen una misma estructura que suma 300 créditos, y que se divide en cuatro años de grado (240 créditos) y uno, opcional, de máster (60 créditos). La fórmula se conoce como 4+1. En la mayor parte de Europa, sin embargo, el sistema es diferente, con opción de tres años de grado y dos de máster (3+2).

Lo que permite el nuevo real decreto es que las universidades españolas puedan elegir libremente la fórmula que prefieran: 4+1, 3+2 o cualquiera que sume 300 créditos.

No obstante, no en todos los casos en que los grados se reduzcan a tres años los másteres pasarán a ser de dos. Se establece una horquilla que va desde los 180 a los 240 créditos en los grados, y, como mínimo, se deberán impartir todos los contenidos que forman parte de las competencias básicas definidas para cada uno de los itinerarios académicos.

La reforma supone una importante corrección de la opción elegida en su día por España para aplicar el Plan Bolonia. Estas son las claves del camino recorrido hasta aquí, tanto en nuestro país como en otros países europeos:

Una estructura común

Desde que en 1997 se aprobó el Convenio de Reconocimiento de Lisboa, elaborado por la Unesco y el Consejo de Europa, los diversos sistemas de grados universitarios europeos han ido armonizándose a través de la paulatina implementación del Plan Bolonia, y de acuerdo a un sistema común de tres niveles: grado (equivalente, en general, a la antigua licenciatura en España), máster y doctorado.

La Declaración de Bolonia fue una iniciativa firmada originalmente en esta ciudad del norte de Italia, el 19 de junio de 1999, por 29 países de Europa: todos los que conformaban entonces la Unión Europea, España incluida, y otros pertenecientes al Espacio Europeo de Libre Comercio y del este y el centro del continente. Con la firma de esta Declaración se dio paso al llamado Proceso de Bolonia, o Plan Bolonia, que ha ido perfilándose posteriormente con diversos cambios y la inclusión de más estados, a través de diversos acuerdos.

Actualmente han suscrito el Plan Bolonia un total de 47 países, si bien no en todos ellos ha comenzado a aplicarse.

El objetivo del Proceso de Bolonia es llevar a cabo una profunda reforma del sistema universitario en Europa, mediante la construcción del denominado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), diseñado a partir del modelo anglosajón y organizado, según el propio tratado, teniendo en cuenta principios de calidad, movilidad, diversidad y competitividad. En este sentido, el Plan pretende conseguir la total movilidad estudiantil dentro del continente y la homogeneización de los estudios superiores en Europa, facilitando así las convalidaciones y, en última instancia, mejorando las posibilidades de empleo.

Fundamentalmente, Bolonia introdujo un nuevo sistema de créditos y de titulaciones, una nueva financiación de los estudios y más movilidad para estudiantes, docentes, investigadores y personal de administración y servicios.

En España, la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001 fue modificada en abril de 2007 por el entonces Gobierno socialista, y ese mismo año se aprobó la nueva Ordenación de las Enseñanzas Universitarias.

“Mercantilización” de la universidad

Contra la reforma promovida por el Plan Bolonia se manifestaron, en los primeros años de su aplicación, no solo los estudiantes, sino también profesores y políticos. Madrid, Barcelona y otras muchas ciudades españolas fueron escenario de manifestaciones y encierros contra el nuevo modelo.

Para los estudiantes, la convergencia al EEES no era más que una reconversión comercial de la universidad. Hablaban de “privatización” y “mercantilización” del sistema universitario español, y rechazaban la sustitución de las licenciaturas por grados.

Con respecto a las nuevas titulaciones, quienes se opusieron al Plan denunciaron que el incremento del gasto económico necesario para obtener las de segundo ciclo se traduciría en una elitización de la Universidad, ya que no todos los estudiantes podrían permitírselo.

En general, los detractores del Proceso señalan que el pretendido objetivo positivo de crear un espacio común educativo esconde la idea de convertir la universidad europea en una cantera para las grandes empresas, dejando a un lado su papel como lugar de formación y desarrollo humanos, y pasando a ser una mera fábrica de individuos válidos para el mercado laboral.

Los defensores del Plan Bolonia, por el contrario, sostienen que éste mejora las salidas laborales de los universitarios, ya que sus títulos están reconocidos en todos los países firmantes, y los nuevos planes de estudios están más orientados a la formación de profesionales demandados por la sociedad, con una mayor especialización.

Con respecto al sistema de créditos, consideran que el Plan organiza de un modo más real el tiempo de los estudiantes, estableciendo límites de horas y creando la posibilidad de estudiar a tiempo parcial para poder trabajar, matriculándose en menos créditos. También defienden que se valore más el trabajo global del alumno y su iniciativa que el hecho de simplemente asistir a clases magistrales. Argumentan asimismo que el sistema de grado y postgrado (o máster) es el que funciona actualmente en la mayoría de los países del mundo.

El sistema mixto, mayoritario

El sistema mixto que acaba de aprobar el Gobierno español se aplica actualmente en 26 países europeos, entre ellos Irlanda, Holanda, Austria y el Reino Unido. Nueve países, incluyendo Francia o Finlandia, han optado por grados de tres años (180 créditos), y ocho (Rusia, Turquía, Grecia y Ucrania entre ellos) mantienen el hasta ahora modelo español de cuatro años (240 créditos).

A pesar de la homogeneización conseguida por el Plan Bolonia, en la UE no existe el reconocimiento automático de los títulos académicos. Es decir, que, para obtener el reconocimiento de los estudios o de la titulación en otro país miembro, es necesario seguir el procedimiento establecido en ese país.

Las administraciones de los países de la UE siguen siendo responsables de sus sistemas educativos y son libres de aplicar sus propias normas, que entre otras cosas contemplan el reconocimiento o no de los títulos obtenidos en el extranjero.

Así son los sistemas universitarios en algunos de los países europeos de nuestro entorno:

  • Alemania. Debido al Proceso de Bolonia, los estudiantes universitarios en Alemania cursan ahora estudios de bachelor (grado) y, tras obtener esta primera titulación (entre 6 y 8 semestres), pueden continuar sus estudios con un programa de máster de entre 2 y 4 semestres. Los títulos de estudios escalonados reconocidos a nivel internacional han sustituido los títulos de estudios alemanes tradicionales de diplom y magister casi por completo. Actualmente se sigue discutiendo qué reglamentación se aplicará para el título de Staatsexamen (examen de Estado), necesario en las ciencias jurídicas o la medicina. En algunos centros de enseñanza superior alemanes, los estudiantes ya solo se pueden matricular en las nuevas carreras de bachelor y máster. En 2011, en los centros alemanes, el número de programas de estudios de bachelor fue de aproximadamene 6.050. y el de programas de máster, de 5.500, con tendencia ascendente.
  • Francia. Las universidades francesas han armonizado sus diplomas con los de los otros países europeos, adoptando también el llamado sistema LMD (licenciatura –grado–, máster, doctorado). Cada nivel de estudios se alcanza por adquisición de créditos europeos ECTS, y no por validación de años de estudios como era el caso anteriormente. La licenciatura requiere 6 semestres de estudios, que permiten la obtención de 180 ECTS (3 años de estudios). El máster requiere después 4 semestres de estudios, para la obtención de 120 ECTS adicionales (5 años de estudios en total, 300 ECTS); el doctorado se obtiene normalmente después de 16 semestres (8 años de estudios en total).
  • Italia. Se aplica también el sistema armonizado europeo. El primer nivel, denominado laurea, y equivalente al grado o licenciatura, se obtiene tras 3 años de estudios y la realización de una especie de tesina. El segundo nivel, laurea magistrale (máster), requiere 2 años adicionales de estudios especializados y una tesis más compleja. El tercer nivel, doctorado, suele necesitar otros 3 años y concluye con una tesis doctoral.
  • Reino Unido. Los estudiantes universitarios británicos suelen prepararse para completar un título de grado en una única especialización durante 3 ó 4 años. Un máster, o MBA, dura normalmente un año y requiere de exámenes y de una tesis para graduarse. Algunas carreras especializadas exigen la realización de un programa de doctorado, o PhD, que incluye 4 ó 5 años de estudio e investigación avanzada.
  • Portugal. Tras 6 u 8 semestres, y con la obtención de entre 180 y 240 créditos, se obtiene el título de licenciado, que conduce a los programas de 1 ó 2 años necesarios para lograr el de mestre (máster), después de presentar una pequeña tesis, o dissertaçao. Para conseguir el doctorado es necesario realizar una investigación novedosa (tesis), para la cual hacen falta entre 2 y 4 años. Existe aún otro título más, la llamada agregaçao, obtenido por poseedores del título de doctor que demuestren, mediante un examen especial, sus altas capacidades investigadoras y pedagógicas.
  • Rusia. Tanto en Rusia como en Ucrania y otras exrepúblicas soviéticas, la primera fase de la educación universitaria, el grado o licenciatura, requiere, por lo general, 4 años de estudios (los mismos que, hasta ahora, en España). El título de “especialista” se reconoce tras 5 años (4+1), y el de máster, tras 6 (4+2).

Lo que cuesta estudiar

El coste de los estudios universitarios en España varía según dos criterios: la naturaleza del título (oficial o propio) y la naturaleza de la universidad que los imparte (pública o privada). Tanto en las universidades públicas como en las privadas, la cuantía que el alumno pague variará en función del número de créditos de los que se matricule, de la carrera elegida y del rendimiento académico, ya que se producen recargos al matricularse por segunda o posteriores veces de una o más asignaturas.

En las universidades privadas, los precios de todos sus títulos, sean oficiales o propios, son establecidos por la misma universidad. El coste de matrícula para los estudios de grado, máster o doctorado puede oscilar entre 5.000 y 15.000 euros por curso académico, según la modalidad de estudio e institución elegida, y de acuerdo con datos ofrecidos por la Fundación Universidad.es, un organismo promovido por el Gobierno central, conjuntamente con los gobiernos regionales y las propias universidades,

En las universidades públicas, los precios de todos sus títulos oficiales se establecen por decreto en cada comunidad autónoma, dentro de los límites fijados por la Conferencia General de Política Universitaria. Por el contrario, el precio de los títulos propios lo decide la misma universidad que los imparte y no poseen ningún límite.

En el curso académico 2013-2014, y según la misma fuente, el coste de la matrícula de estudios de grado osciló en las universidades públicas españolas aproximadamente entre 750 y 2.400 euros por curso. Los precios de la matrícula de los másteres universitarios y de los doctorados de las universidades públicas estaban dentro de una horquilla fijada entre 17 euros y 65 euros por crédito. Un crédito europeo equivale a entre 25 y 30 horas de trabajo del estudiante.

Becas insuficientes

El mencionado informe Estudiar en Europa: precios de matrículas y becas en las universidades europeas clasifica la treintena de sistemas universitarios europeos, nacionales y regionales, analizados en tres bolsas según el precio de las titulaciones: los que ofrecen grados gratuitos –8 países, entre los cuales están Dinamarca, Estonia, Grecia y Suecia–; los estados en los que el precio máximo ronda a los 1.000 euros –11 países, entre ellos Francia, Islandia, Bélgica y Polonia–, y el grupo más caro, formado por países anglosajones y de la Europa del Este, con precios de entre 2.000 y 18.000 euros. España se incluiría en la parte alta del segundo grupo, con una media de 1.400 euros al año de precio de grado.

Según explicó el autor del informe y profesor de la Universitat de Barcelona (UB) Enric Tello, los datos reflejan que, a excepción del Reino Unido –66% de becas–, el resto de países más caros no compensan suficientemente los altos precios de los estudios superiores con becas, ya que en España, por ejemplo, solo cobran estas ayudas el 23% de los estudiantes, mientras que en los estados del primer grupo “pagan a los alumnos para trabajar” con becas-salario al 100% de los alumnos en algunos casos.

La heterogeneidad del tercer grupo, añade Tello, se explica por “las políticas neoliberales” empleadas en países anglosajones o bien, como es el caso de la Europa del Este, porque “son democracias muy débiles con sociedades civiles destrozadas que no son suficientemente potentes para defenderse”.

Según Tello, el escenario que ilustran estos datos, con el incremento de precios sin la correspondiente compensación de becas, es que “se refuerza la tendencia hacia una sociedad mucho más desigual”, a través de políticas que restringen el acceso a la universidad, a pesar de que el discurso oficial es que se avanza “hacia la sociedad del conocimiento”.

Las dos posturas

Con la reforma aprobada este viernes, el Gobierno asegura que pretende “flexibilizar la oferta académica y facilitar la convergencia de los grados españoles con los itinerarios universitarios de la mayoría de países europeos, con el objetivo de facilitar la movilidad”. Según el Ministro de Educación, José Ignacio Wert, una mayor semejanza de la estructura de los estudios facilitará tanto que estudiantes extranjeros acudan a realizar sus estudios a España como que los españoles puedan cursar estudios en otras universidades.

Los sindicatos de estudiantes, así como diversos colectivos docentes, la oposición y movimientos como Marea Verde, han criticado la reforma por, entre otras cosas, entender que, si se pasa a tres años de grado y dos de máster, se incrementará el gasto de las familias, ya que los postgrados tienen unas tasas más altas. El Gobierno responde que solo un 20% de los estudiantes cursan másteres no obligatorios. Pero la nueva medida puede hacer, según sus críticos, que a partir de ahora sean menos aún, con la consecuente pérdida de nivel formativo.

Antonio Castro, representante de Marea Verde, indica que la reforma es “una forma indirecta de contribuir a la financiación de la universidad privada”; Gonzalo Elbert, de la Asamblea Estatal de Representantes de Estudiantes (AERE), denuncia que con esta reforma, las familias pagarán cuatro veces más para recibir la misma educación.

Según el sindicato ANPE, la implantación de este real decreto va a generar inestabilidad en el profesorado y en la organización de los centros universitarios. “Pero lo más grave es que repercutirá en el alumnado, en su formación y en el coste de sus estudios. Esta reforma generará nuevas disfunciones en el sistema universitario al introducir modificaciones que permitirán que un mismo título tenga diferente duración y carga lectiva en cada universidad”, añade. CC OO, UGT, CSIF y Confederación Intersindical Gallega (CIG) rechazan asimismo la reforma porque, además, creen que no ha tenido “debate político ni social”.

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) también se opone. A su parecer, sería “imprudente” cambiar el sistema de titulaciones universitarias cuando apenas han terminado sus estudios las primeras generaciones del Plan Bolonia, y cuando aún quedan incluso estudiantes del plan anterior. Además, los rectores dicen que no se han hecho estudios previos a la aprobación de la nueva normativa, y que ésta generará “caos” en las universidades y el proceso de reconocimiento de los títulos.

En términos parecidos se ha pronunciado el Consejo de Estado, que recomendó en su día al Gobierno aplazar la reforma, ya que el actual sistema de grados se terminó de implantar en España en 2010, por lo que las primeras generaciones se graduaron en 2014. El Consejo de Estado, al igual que los rectores y los alumnos, considera que el hecho de que una carrera dure tres años en una universidad y cuatro en otra puede suponer una gran confusión para la ciudadanía y para los empleadores.

El PSOE, por su parte, critica la posible “eliminación de carreras” y la “devaluación del título de grado” al contar con un año menos de aprendizaje, y teme que se produzcan recortes en el profesorado al reducirse el número de horas lectivas. IU denuncia “costes inasumibles” en másteres necesarios para completar la formación universitaria y asegura que las titulaciones de grado no serán suficientes para adquirir la cualificación imprescindible para desempeñar una profesión de alta cualificación en el terreno laboral de la abogacía, el periodismo o la ingeniería”.

Mientras, el Gobierno insiste en que la implantación de los grados es “voluntaria”, como lo es también hacer un máster, y sostiene que “solo en el 10% de los supuestos” se pide un máster para acceder a un trabajo.

El Ejecutivo destaca asimismo que España optó por un “sistema rígido” durante la implantación de Bolonia, con grados de cuatro años y másteres de uno, mientras que “países más avanzados” prefirieron un sistema más flexible en el que los grados duran tres, cuatro o cinco años y los másteres entre uno y dos.

Según la secretaria de Estado de Educación, Universidades y Formación Profesional, Monserrat Gomendio, la reforma permitirá ahorrar a los estudiantes, ya que el sistema actual los obligaba a cursar un año más, con el consiguiente gasto en tasas universitarias (que calcula en unos 150 millones de euros), mantenimiento y transporte.


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