Europa, un campo de minas para las grandes empresas de Internet estadounidenses

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La Comisión Europea acusa a Google de violar las leyes antimonopolio y ha abierto una investigación sobre Android. Amazon, Facebook y Apple, también en el punto de mira por irregularidades fiscales, problemas de privacidad o prácticas contra la competencia.

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Publicado en 20minutos.es

Las aparentemente todopoderosas empresas tecnológicas estadounidenses de Internet podrían haber encontrado su talón de Aquiles al otro lado del charco, donde una Europa cada vez más proteccionista con respecto a su propio desarrollo tecnológico ha emprendido una auténtica batalla legal contra los gigantes de la Red.

La ofensiva de los legisladores europeos se centra en aspectos relacionados con la libre competencia, las leyes antimonopolio, las políticas de privacidad o el pago de impuestos, y apunta a cuatro de los mayores pesos pesados del mundo digital: Facebook, Apple, Amazon y, desde esta misma semana, también Google, empresa a la que la Comisión Europea (CE) ha acusado de abuso de posición dominante por favorecer sus productos en las búsquedas en Internet. La CE anunció, además, la apertura de una investigación antimonopolio contra el sistema operativo para móviles de la compañía, Android.

El enfrentamiento se ha intensificado en los últimos meses, pero no es nuevo. La propia Google ha recibido ataques anteriores basados en sus operaciones fiscales o en el reconocimiento al llamado derecho al olvido. Pero, en realidad, la batalla se remonta a principios de los años noventa, cuando, en 1993, comenzó una larga disputa legal entre la Comisión Europea y Microsoft por la posición dominante de la empresa de Bill Gates en el mercado, de acuerdo con el Derecho de la Competencia europeo. El conflicto no se resolvió hasta 2007, cuando la UE impuso a Microsoft una multa de 794 millones de dólares (la mayor impuesta por la Comisión hasta entonces) y le obligó a divulgar cierta información sobre sus productos, así como a liberar una versión de Microsoft Windows desprovista de la aplicación Windows Media Player.

De forma paralela a las iniciativas adoptadas por la UE en su conjunto, también se están llevando a cabo acciones desde diferentes países europeos. Según publicó el pasado miércoles el diario Financial Times, Francia está estudiando medidas para obligar a Google a publicar su algoritmo (el sistema mediante el que el buscador filtra los resultados), y las condiciones de privacidad de Facebook están siendo investigadas a través de una iniciativa concertada de cinco naciones europeas (España, entre ellas). Por otra parte, el pasado mes de diciembre, el Reino Unido anunció un nuevo impuesto que gravará con un 25% los beneficios de multinacionales como Google o Amazon, que desvían sus ganancias a otros países para aprovechar regímenes fiscales más favorables.

Proteccionismo tecnológico

Desde Estados Unidos se acusa a Europa de actuar movida por un excesivo proteccionismo y de querer recuperar a golpe de demandas el terreno perdido en la carrera tecnológica durante las últimas décadas, especialmente en lo que respecta a la construcción de grandes plataformas que, como la operada por Google, son las que sustentan el actual modelo económico en Internet.

Tan solo un par de días antes de que la Comisión lanzase sus últimas acusaciones contra Google, el comisario europeo responsable de la política digital, Günther Oettinger (en el cargo desde el pasado mes de noviembre), adelantaba ya que la intervención de Bruselas contra Google sería “de gran alcance”. Oettinger indicó asimismo, en declaraciones citadas por The Economist, que era necesario “sustituir los actuales buscadores, sistemas operativos y redes sociales”. “Nuestros negocios online dependen actualmente de demasiados actores que no son comunitarios, y esto debe cambiar en el futuro”, añadió.

Para Oettinger, el gran peligro al que se enfrenta Europa es que el actual modelo basado en la posición dominante de unas cuantas plataformas estadounidenses pueda extenderse a otros sectores en los que los europeos siguen siendo fuertes, como la energía, la moda, o, por ejemplo, los coches de lujo: “Podemos invertir en fabricar coches maravillosos, pero serán quienes vendan nuevos servicios para esos coches los que acaben ganando dinero”, afirmó.

Parte del problema reside en la falta de un auténtico mercado digital común europeo: actualmente, tan solo el 15% de los consumidores realiza compras online en otros países de Europa y, como recuerda también The Economist, para poder establecer operaciones en todo el continente, una firma de comercio electrónico necesita aún lidiar con los interminables vericuetos burocráticos, normativas fiscales y leyes laborales de cada país. “Si Europa quiere alcanzar a Estados Unidos en la creación de nuevas plataformas tecnológicas, es necesario reconocer la importancia de la escala. Estados Unidos, con su amplio y abierto mercado interno, ya lo hace; Europa no”, señala la revista, fiel, por otro lado, a su línea más bien liberal (en el sentido europeo del término) en lo que respecta a políticas económicas.

De momento, la UE puso en marcha el año pasado el programa denominado Horizonte 2020, cuyo objetivo general es aumentar la competitividad de Europa en el sector tecnológico y científico, con vistas a conseguir un liderazgo industrial. La idea principal es ir introduciendo un único conjunto de normas para favorecer la labor de las compañías europeas, junto con ayudas a las empresas innovadoras para que “conviertan sus avances tecnológicos en productos viables con un verdadero potencial comercial”. Entre las inversiones previstas se contempla un aumento del 77% en la financiación del Consejo Europeo de Investigación (CEI), dentro de un presupuesto de 24.400 millones de euros, y más de 17.000 millones de euros destinados a ayudas para “garantizar el liderazgo industrial en innovación”, incluyendo una inversión de 13.500 millones en tecnologías clave, así como un mayor acceso al capital y la financiación para las PYME.

Muchos analistas enmarcan en este contexto la batalla legal emprendida por los legisladores europeos contra los gigantes estadounidenses de Internet, una batalla que, sin embargo, no es solo económica, ya que afecta también a otros aspectos importantes como la privacidad y la protección de datos, y que tiene actualmente los siguientes frentes abiertos:

Google y el monopolio

La CE acusó el pasado miércoles a Google de abuso de posición dominante por favorecer sus productos en las búsquedas en Internet, y anunció la apertura de una investigación antimonopolio contra su sistema operativo para móviles, Android. Se trata de la primera vez que Google afronta cargos formales antimonopolio.

La Comisión mantenía abierta desde hace cinco años una investigación al gigante de Internet al sospechar que daba prioridad ilegalmente a su propios contenidos en las búsquedas, lo que obliga a los anunciantes a usar sus servicios y herramientas para contratar anuncios y gestionar sus campañas de marketing. Hasta ahora, sin embargo, los legisladores europeos habían preferido buscar una salida negociada para no entrar en un complejo proceso administrativo y judicial que podría tardar años en resolverse.

Países como Francia y Alemania, sin embargo, han estado presionando a la Comisión para que endurezca su postura y acuse formalmente a Google, y París se plantea incluso la posibilidad de obligar al buscador  a que revele detalles sobre su algoritmo de resultados (algo que la CE siempre ha descartado). También los rivales de Google, Microsoft entre ellos, han exigido a Bruselas medidas más contundentes y que aplique contra Google las mismas leyes que se utilizaron para castigar en su día a la compañía de Bill Gates, en concreto, el artículo 102 del Tratado de la UE, que regula la normativa antimonopolio.

Al ocupar el cargo el pasado mes de noviembre, la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, señaló que necesitaba tiempo para estudiar a fondo el caso Google antes de tomar una determinación. Desde entonces, ha mantenido reuniones con varios anunciantes y terceros implicados en el caso y el pasado 2 de marzo se reunió con representantes de Google en Bruselas, momento en que señaló que tomaría una decisión pronto.

En mayo de 2012, el entonces comisario de Competencia, el español Joaquín Almunia (quien apostaba por llegar a un acuerdo negociado con Google), comunicó que la Comisión había identificado cuatro áreas en las que las prácticas de Google podrían ser consideradas como abusivas: manipulación de resultados de búsquedas, uso fraudulento de contenidos de la competencia, acuerdos exclusivos y restricciones de interoperabilidad.

En concreto, la CE cree que el gigante informático “abusó de su posición dominante en los mercados de los servicios generales de búsquedas en Internet en el espacio económico europeo, favoreciendo sistemáticamente la comparación de su propio producto de compra en las páginas de resultados de búsquedas generales”. “La visión preliminar de la Comisión es que tal conducta infringe las normas antimonopolio de la UE porque reprime la competencia y perjudica a los consumidores”, señaló el Ejecutivo comunitario, que recordó que el envío de este pliego “no prejuzga el resultado de la investigación”.

Las nueva vía legal abierta contra Google resulta muy peligrosa para la compañía estadounidense, ya que puede llegar a traducirse en sanciones multimillonarias que alcanzarían hasta el 10% de su facturación mundial (unos 6.001 millones de dólares, o 5.661 millones de euros, según sus cuentas de 2014), o en la imposición de duras medidas coercitivas. No hay que olvidar que en Europa Google copa actualmente el 90% de las búsquedas de los usuarios, lo que le convierte en un lugar privilegiado para cualquier anunciante.

El Parlamento Europeo ya aprobó el pasado mes de noviembre una resolución política (no vinculante) en la que se animaba a la Comisión a “dividir los servicios de Google y otras compañías de Internet para acabar con abusos de posición dominante”. De acuerdo con la propuesta, el servicio de búsqueda en Internet de Google podría ser escindido de la parte de Google que se encarga de controlar la publicidad de la compañía (su mayor fuente de beneficios).

Google, por su parte, ha respondido esta semana que las acusaciones de que utiliza su posición dominante en el mercado de buscadores para suprimir a la competencia son “falsas”. “Aunque Google quizás sea la herramienta de búsqueda más usada, la gente ahora puede encontrar y acceder a la información de numerosas formas, y las alegaciones de daño a los consumidores y competidores están muy lejos de la realidad”, argumentó la empresa. “Por eso rechazamos respetuosamente, pero completamente, la necesidad de publicar un pliego de cargos con esas acusaciones y esperamos convencer (a la CE) en las próximas semanas de que tenemos razón”, añadió la compañía.

Firmas como Expedia y TripAdvisor sostienen que las prácticas de Google han dañado sus negocios, aunque la firma californiana sostiene que el tráfico, los ingresos y beneficios de esos sitios en línea no respaldan las acusaciones. Como explica Alberto Ballestín en la web Quesabesde, “puesto que Google domina algunos mercados críticos como el correo electrónico, las búsquedas y el vídeo en Internet, algunas compañías creen que la integración de todos estos servicios impide que puedan lanzar alternativas viables. La fuerza de Google y la forma en la que sus aplicaciones y servicios se comunican entre sí hacen que su posición sea inexpugnable, concediendo a la compañía de Mountain View una ventaja significativa a la hora de lanzar nuevos productos”. Google puede argumentar que la integración de sus servicios ha resultado en ventajas evidentes para los usuarios, pero está en manos de la Comisión Europea decidir si estas prácticas son o no aceptables.

“Acuerdos anticompetitivos” en Android

Las autoridades europeas abrieron un segundo frente contra Google con el anuncio de una investigación formal para determinar si la empresa ha impulsado acuerdos “anticompetitivos” con fabricantes de móviles y tabletas para instalar exclusivamente en ellos su sistema operativo de código abierto Android. “Los teléfonos inteligentes, tabletas y aparatos similares juegan un papel cada vez más importante en la vida de muchas personas y quiero asegurar que los mercados en ese área pueden florecer sin limitaciones anticompetitivas impuestas por cualquier compañía”, dijo en este sentido Margrethe Vestager.

Google indicó, en un memorando interno a sus empleados, que Android ha favorecido una reducción de precios y aumentado las opciones de los consumidores.

En declaraciones a la agencia Efe, Jeff Jarvis, director del Centro Tow-Knight para el Periodismo Emprendedor en la Universidad CUNY de Nueva York, calificó de “ridículas” las acusaciones de los reguladores europeos. “Es una decisión ridícula. Por supuesto que si eres una compañía de medios vas a promocionar a tus anunciantes y si ofreces tu sistema operativo de forma gratuita tienes derecho a establecer ciertas condiciones. No hay nada ilegal en eso”, afirmó.

Además del Android que está presente en la mayoría de los dispositivos móviles, y que incluye los servicios y aplicaciones de Google (como YouTube o Gmail), la compañía ofrece también una versión abierta y sin las aplicaciones oficiales (AOSP o Android Open Source Project), que puede ser adaptada. Oficialmente, Google ofrece AOSP con carácter universal, pero, como explica asimismo Ballestín, la Comisión Europea va a investigar si la compañía está presionando para que los fabricantes que desean lanzar dispositivos basados en Android no puedan lanzar también productos con versiones derivadas basadas en AOSP, y por tanto desprovistas de las aplicaciones y los servicios oficiales.

Facebook y la privacidad

Autoridades de protección de datos personales de cinco países de la UE han abierto una investigación sobre la política de Facebook para proteger la privacidad, según informó el pasado día 16 la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) francesa. “Hay una acción colectiva concertada entre cinco autoridades europeas, en Francia, Bélgica, Alemania, Holanda y España, bajo la responsabilidad de Holanda”, explicó la presidenta de la CNIL Isabelle Falque-Pierrotin, en declaraciones recogidas por la agencia AFP.

El proceso, que “acaba de empezar”, se inspirará en el que se está llevando a cabo con Google, según explicó Falque-Pierrotin: varios países europeos han mantenido contiendas con Google y en algunos casos el gigante estadounidense ha sido sancionado. Así, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sancionó en diciembre de 2013 al gigante de Internet por “vulnerar gravemente los derechos de los ciudadanos” y le impuso una multa de 900.000 euros (1,23 millones de dólares). La AEPD acusaba a Google de “recoger y tratar ilegítimamente información personal” a través de distintos servicios, entre ellos las cuentas de correo electrónico.

La Comisión Europea ya aconsejó el pasado mes de marzo a los usuarios de Facebook que cierren sus cuentas si no quieren que Estados Unidos acceda a su información privada, debido a que la legislación en materia de privacidad no la protege.

La directiva europea de protección de datos establece que las compañías europeas no pueden compartir los datos personales de sus clientes con compañías de países pertenecientes a otras jurisdicciones fuera de Europa con una protección menor. No obstante, la advertencia destacaba que el marco legal europeo no puede garantizar que la información privada de los ciudadanos europeos esté a salvo cuando la envían a las compañías tecnológicas estadounidenses, como es el caso de la red social. Estas declaraciones surgían a raíz de la queja planteada por el estudiante de derecho Maximilian Schrems, quien cuestionó la seguridad de las conversaciones, correos electrónicos y cuentas de redes sociales tras las revelaciones llevadas a cabo por el exagente de la CIA Edward Snowden.

“Deberías considerar cerrar tu cuenta de Facebook, si tienes una”, indicó el abogado de la Comisión Europea Bernhard Schima al fiscal general Yves Bot, en una audiencia del caso celebrada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo.

Schrems mantiene que las compañías que operan dentro de la UE no deberían tener permiso para transferir los datos a EE UU bajo la protección de la legislación en materia de privacidad y seguridad. El caso no solo se ha fijado en Facebook, sino que también tiene en cuenta las demandas realizadas contra otras empresas, como Apple, Microsoft, Skype y Yahoo.

Apenas un mes después arrancó en la Audiencia Provincial de Viena un juicio contra Facebook por supuesta vulneración de la privacidad, con el debate centrado en si esta corte es competente y en las acusaciones de interés económico contra el impulsor de la demanda, el propio Maximilian Schrems, al que se han sumado otras 25.000 personas.

La demanda colectiva, iniciada el pasado año, acusa a la filial europea de Facebook, con sede en Dublín y que agrupa a todos los usuarios salvo los de EE UU y Canadá, de vulnerar las leyes de privacidad de la Unión Europea, ya que aplica la normativa estadounidense, más laxa.

Facebook, por su parte, considera que el tribunal vienés no es competente en este caso, ya que cualquier proceso de este tipo tiene que implicar a la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, para evitar el riesgo de que dos instancias distintas emitan veredictos contradictorios. Además, Facebook argumenta que una demanda colectiva solo procede en California, donde tiene su sede la empresa matriz, y no en el país en el que reside el demandante.

Más allá de la argumentación jurídica, la red social acusa a Schrems de perseguir un interés económico con este juicio, algo que el impulsor de la demanda niega. Schrems ha asegurado que el dinero que cobra por dar conferencias sobre Facebook se destina a la asociación Europe vs Facebook, y que ni siquiera tiene planeado dedicarse profesionalmente al tema de protección de datos.

Los usuarios que participan en la demanda provienen de un centenar de países, en su mayoría de Alemania, Austria y Holanda, pero también hay cientos de mexicanos, españoles, peruanos y argentinos. Para cada uno de los demandantes se reclaman 500 euros en concepto de compensación por la violación de derechos.

Amazon, los precios y los impuestos en Luxemburgo

También el pasado mes de marzo, la Comisaria Europea de Competencia, Margrethe Vestager, anunció la apertura de una investigación de un año de duración que tendrá como objetivo descubrir si las políticas vigentes en empresas como Amazon y Netflix pueden considerarse restrictivas. En concreto, se analizará si varios gigantes del comercio electrónico han implantado políticas para restringir a consumidores y vendedores la compra y venta de bienes y servicios en otros países de la Unión Europea, así como las grandes variaciones en los precios de un mismo producto existentes en diferentes países.

La comisaria defendió que se deben eliminar las barreras al comercio electrónico en la UE, de forma que haya libertad para que el consumidor de un país pueda comprar productos online en otros mercados comunitarios si así lo desea. Vestager añadió que, si después de analizar los resultados obtenidos en sus pesquisas descubren que hay problemas de competencia, podrán sancionar a las empresas que abusen de su posición de dominio en el mercado, y emprender las medidas necesarias para garantizar que cumplen con las leyes europeas.

Por otra parte, en enero se hizo pública una carta de la UE fechada en octubre de 2014, en la que la Comisión expresaba sus sospechas sobre el trato de favor que Amazon podría estar recibiendo en Luxemburgo para pagar menos impuestos. Las autoridades de Bruselas consideraban que la situación supone “una ventaja para Amazon que vulnera las reglas de la Unión Europea”.

El gigante estadounidense de las ventas por Internet es, junto a otras multinacionales, objeto de una investigación por supuestos acuerdos fiscales secretos con países como Luxemburgo, Irlanda y Holanda. En el caso de Amazon, que tiene su sede europea en el Gran Ducado, estos acuerdos le permitirían facturar de forma ficticia a empresas para no declarar la cantidad real en los países de origen.

En el centro de la polémica está el denominado tax ruling, un acuerdo que las autoridades tributarias del país en cuestión (Luxemburgo, en este caso) pueden firmar con una compañía específica para acordar cuántos impuestos tendrá que pagar en su jurisdicción, y que Amazon firmó con el Gran Ducado en 2003. En ese año, además, Jean Claude Juncker, actual presidente de la Comisión, ejercía como primer ministro de Luxemburgo. “La Comisión considera que que este tax ruling ha significado una reducción de los impuestos que habrían debido generarse por el negocio de la compañía”, explica la Comisión en la carta.

En concreto, y según había detallado la propia Comisión anteriormente, de acuerdo con la metodología impuesta por esa resolución, la filial de Amazon EU Sàrl, con sede en Luxemburgo y que registra la mayor parte de los beneficios europeos de Amazon, paga una regalía deducible de impuestos a una sociedad de responsabilidad limitada con sede en este país, pero que no está sujeta al impuesto de sociedades luxemburgués. “Como resultado, la mayor parte de las ganancias europeas de Amazon se registran en Luxemburgo pero no tributan en Luxemburgo”.

Apple, la música y los impuestos en Irlanda

Según informó a principios del presente mes de abril el diario Financial Times, citando fuentes del sector, la Comisión Europea está analizando los acuerdos de Apple con varios sellos discográficos y empresas de música digital, con el objetivo de determinar si existe un intento de limitar la libre competencia, en momentos en que el fabricante del iPhone se prepara para lanzar su propio servicio de música en streaming, previsto para el próximo verano. La compañía con sede en Cupertino, California, compró la firma Beats Music por 3.000 millones de dólares el año pasado, en un momento en el que el mercado evoluciona desde las descargas digitales hacia una nueva generación de servicios de suscripción y streaming.

A la Comisión Europea le preocupa que Apple aproveche su tamaño e influencia para que los sellos abandonen a rivales del gigante tecnológico con opciones gratuitas, como Spotify, empresas que dependen de la concesión de licencias con las compañías de música para su catálogo, según informó el diario británico. De momento, el brazo ejecutivo de la UE estaría tan solo recopilando información, como un primer paso hacia una investigación más formal. En el caso de encontrar cualquier irregularidad, la Comisión podría exigir cambios en las prácticas empresariales e imponer fuertes multas.

El año pasado, Apple fue multada en Estados Unidos con 450 millones de dólares tras ser acusada de pactar con cinco editoriales para elevar los precios de los libros electrónicos.

Por otro lado, la UE ha acusado a Apple de reducir intencionalmente su factura de impuestos europea gracias a un acuerdo con Irlanda, donde tiene una sede europea. Si las autoridades europeas consiguen probarlo, Apple tendrá que pagar los impuestos atrasados durante décadas e incluso podría ser sancionada con una mayor tasa fiscal.

Según detalló en septiembre el organismo de Competencia de la UE, las devoluciones de impuestos que Irlanda concedió a Apple “parecen equivalentes a una ayuda estatal ilegal y podrían anularse”. Si los hallazgos preliminares se confirman, Apple podría verse obligada a devolver millones de dólares por las ventas realizadas a través de subsidiarias en Irlanda, donde se beneficia de acuerdos fiscales para pagar menos impuestos.

En una carta dirigida al Gobierno irlandés, la Comisión Europea indicó que el trato fiscal otorgado a Apple plantea “dudas de compatibilidad” con la ley europea. Para mantener la competencia justa en el mercado, la UE prohíbe que los gobiernos ayuden a empresas privadas. La Unión anunció la investigación en junio de 2014, en una acción que tiene también como objetivo a la cadena de cafeterías Starbucks y a otras compañías que, según la UE, podrían estar aprovechándose de huecos fiscales.

Según la Comisión, los acuerdos fiscales cerrados con Apple en 1991 y 2007 muestran “varias inconsistencias” y podrían incumplir las normas fiscales internacionales. La investigación se centra en el establecimiento de precios de transferencia exagerados, situaciones en las que una empresa cobra a otra parte un precio inflado por bienes o servicios para lograr ganancias en ubicaciones con bajos impuestos.

El Gobierno irlandés insiste en que no se han violado las normas europeas. Las prácticas fiscales de Apple también han llamado la atención en Estados Unidos, donde una comisión del Senado publicó el año pasado un duro informe contra los esquemas fiscales de la empresa.


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