El Reino Unido y Europa, ante un nuevo paso en la historia de un matrimonio sin amor

El primer ministro británico, David Cameron, saliendo de su residencia oficial. (Efe). Ampliar

El referéndum sobre la permanencia británica en la UE permitió a Londres arrancar a Bruselas una acuerdo que aumentará sus privilegios si vence el sí. Entre las medidas más polémicas, un recorte a las prestaciones que pueden recibir actualmente los trabajadores comunitarios extranjeros. Las concesiones, sin embargo, no han conseguido aplacar a los euroescépticos.

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Actualizado el 1/6/2016
Publicado en 20minutos.es

Desde que el Reino Unido entró a formar parte de la llamada entonces Comunidad Económica Europea (en 1973, quince años después del nacimiento del mercado común), la relación entre Londres y sus socios continentales ha sido un constante tira y afloja para tratar de contener la tendencia centrífuga de los británicos, y su resistencia a avanzar hacia una mayor integración, tanto monetaria como política.

Bruselas es muy consciente de que una Europa sin el peso económico y geopolítico del Reino Unido sería mucho menos Europa, y en los órganos de decisión comunitarios las concesiones a la singularidad británica suelen interpretarse como un mal menor. Al otro lado del Canal de la Mancha, entre tanto, la cuerda se tensa siempre sin llegar a romperse, a menudo en clave de política interna, y reconociendo al final que los tiempos del poderío británico hace mucho que pasaron, y que un Reino Unido fuera de Europa perdería, a su vez, una gran parte de ese peso económico y estratégico.

En 1995 el Reino Unido fue, junto con Irlanda, el único país que no suscribió el Acuerdo de Schengen, que supuso el inicio de la supresión de las fronteras internas terrestres y aeroportuarias entre los miembros de la UE. En 1998 Londres decidió no adherirse a la Unión Económica y Monetaria, que llevaría a la adopción del euro como moneda única europea, y en 2011 Gran Bretaña fue el único país que rechazó el pacto europeo presupuestario para reforzar la Eurozona e intentar salir de la crisis, a pesar de que todos los demás socios europeos expresaron su disposición a sumarse.

El último capítulo de la historia de esta especie de matrimonio sin amor empezó a escribirse el pasado mes de septiembre, cuando el jefe del Ejecutivo británico, el conservador David Cameron, se convirtió, tras obtener la aprobación del Parlamento, en el primer mandatario de este país en comprometerse a celebrar un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión (la anterior y única consulta hasta ahora fue en 1975, cuando los británicos aprobaron el ingreso en la CEE).

El referéndum, que se llevará a cabo finalmente el próximo 23 de junio, viene determinado por la presión de la creciente ala euroescéptica del propio Partido Conservador, y ha llevado a Cameron a negociar con Bruselas una serie de concesiones para intentar neutralizar el voto del ‘no’ y, de paso, salvaguardar su futuro político.

La primera respuesta a las exigencias de Londres llegó a principios de febrero con una serie de propuestas realizadas por el presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, que, si bien rebajaban algo las peticiones británicas, suponían, en la práctica, un retroceso en el camino hacia una Europa cada vez más homogénea.

Entre las medidas más polémicas, ratificadas finalmente el 19 de febrero tras un acuerdo de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, se encuentra el llamado “freno de emergencia” a los beneficios sociales de los trabajadores comunitarios en el Reino Unido, una iniciativa destinada a contener la inmigración, y gracias a la cual el Gobierno británico podrá denegar durante cuatro años las prestaciones a las que tienen derecho actualmente los ciudadanos comunitarios que trabajan en el Reino Unido. Al diferenciar entre británicos y no británicos, esta fórmula ha sido criticada por contradecir el principio de libre circulación de trabajadores en la UE.

La propuesta de Tusk, que abrió oficialmente las negociaciones con el Reino Unido, y el acuerdo posterior con los líderes europeos, fueron presentados por Cameron como una victoria, o, al menos, como el mejor trato posible.

Estas son las claves del “estatus especial” ofrecido a los británicos, en el marco del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la UE:

¿Qué pidió Londres a la UE?

En la carta que el pasado mes de noviembre envió David Cameron al presidente del Consejo Europeo, con el objetivo de redefinir la relación del Reino Unido con la Unión, el primer ministro británico planteaba una serie de demandas divididas en cuatro apartados:

  • Soberanía (integración política). Cameron reclamó que la UE reconozca el derecho del Reino Unido a no profundizar en uno de los principios fundacionales de la Unión Europea: avanzar hacia una unión política cada vez mayor. El mandatario británico pidió asimismo que se otorgue más poder a los parlamentos nacionales de cara a poder bloquear leyes europeas. Londres aboga por un sistema que permita a los Estados miembros adaptar, o incluso vetar, las directivas con las que no estén de acuerdo.
  • Competitividad. El Gobierno británico quiere un mercado único más libre y menos regulado por lo que los euroescépticos denominan la “excesiva burocracia de Bruselas”. “La UE necesita cambiar. para ser más competitiva y poder hacer frente al crecimiento de economías como China e India”, indicó Cameron.
  • Beneficios sociales (ciudadanos comunitarios inmigrantes). Londres solicitaba poder restringir los beneficios de los trabajadores comunitarios extranjeros durante sus primeros cuatro años en el país. La medida (la más polémica, ya que contradice el principio de no discriminación de los ciudadanos europeos, se encuentren en el país europeo en que se encuentren), afecta a los llamados tax credits, una pequeña ayuda económica del sistema británico destinada a complementar los salarios más bajos y que, en palabras del primer ministro, producen un “efecto llamada”.  Según Londres, restringir estos beneficios contribuiría a “contener la presión migratoria”.
  • Gobernanza económica (Eurozona). Cameron pidió el reconocimiento explícito de que en la UE existen varias monedas, y de que el euro no es la única divisa de la Unión, con el fin de que los países que, como el Reino Unido, no pertenecen a la Eurozona, no se vean perjudicados. En concreto, el primer ministro reclama el compromiso de que los futuros pasos hacia una mayor unión financiera no sean impuestos a los países que están fuerra del euro, y pide que el Reino Unido esté exento de la obligación de contribuir a posibles rescates en el seno de la UE. Actualmente, tan solo el Reino Unido y Dinamarca disfrutan de una cláusula que les permite no formar parte de la zona euro. El resto está obligado a adoptar la moneda única en cuanto cumplan los requisitos los criterios (Polonia, Hungría, República Checa, Rumanía, Bulgaria y Croacia aún no lo han hecho).

¿Qué respuesta obtuvo?

Tras la propuesta presentada por Donald Tusk en respuesta a las demandas del Reino Unido, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE lograron finalmente el pasado 19 de febrero un acuerdo que redefine el estatus de Reino Unido dentro del club comunitario, con la condición de que David Cameron haga campaña a favor de la permanencia en la UE en el referéndum. El consenso se logró tras dos difíciles jornadas de contactos bilaterales al más alto nivel y de trabajo técnico y jurídico para cerrar un texto que, en cualquier caso, no entrará en vigor hasta que el Reino Unido confirme su voluntad de seguir siendo parte de la UE, una vez celebrado el referéndum. Estos son sus puntos fundamentales:

  • Soberanía: La UE reconoce que el Reino Unido “no esta comprometido con una mayor integración política dentro de la Unión”, y subraya que el principio de la subsidiariedad –que Bruselas intervenga cuando sea necesario y deje espacio en lo posible a los Estados miembros para actuar– se debe aplicar “lo más cerca posible del ciudadano”, teniendo en cuenta si la actuación a nivel de la UE produce o no “claros beneficios” en comparación con lo que podría hacerse a nivel nacional. Además, los parlamentos nacionales (en este caso, el británico) tandrían más poderes, al recalcar que sus opiniones razonadas deben ser tenidas en cuenta por las instituciones comunitarias. Por ello, los parlamentos podrían hacer uso de la llamada “tarjeta roja” en contra de una propuesta legislativa, si el rechazo representa más del 55 % de los votos asignados a los parlamentos nacionales. Los representantes de los países miembros en el Consejo abandonarían entonces la propuesta salvo que sea enmendada para “acomodar” las preocupaciones expresadas.
  • Competitividad. El acuerdo establece el compromiso de los socios del Reino Unido a “hacer todos los esfuerzos” para “fortalecer el mercado interior y a adaptarlo al entorno cambiante”. Al mismo tiempo, las instituciones comunitarias y los Estados miembros darán pasos concretos hacia una mejor regulación, lo que implica rebajar la carga administrativa y los costes de cumplimiento para las empresas, especialmente las pymes, así como derogar “legislaciones innecesarias”. Se evaluará regularmente el progreso hecho a la hora de simplificar la legislación y reducir la carga para las empresas, de manera que se elimine la burocracia y las duplicidades.
  • Beneficios sociales y libre movimiento. El acuerdo propone cambios en la legislación comunitaria en lo relativo a la “exportación” de beneficios por hijos que viven fuera del Reino Unido y la aclaración de un mecanismo de salvaguarda para responder a situaciones excepcionales de llegada de trabajadores de otros Estados miembros (lo que Londres denomina “presión migratoria”). En cuanto al primer aspecto, las personas que trabajen en el Reino Unido pero cuyo hijo viva en otro país miembro podrían recibir una cantidad indexada al coste que supone criarlo en el lugar de su residencia. Es decir, los pagos a los hijos no residentes en Gran Bretaña de trabajadores inmigrantes serán recalculados para reflejar el coste de vida en sus países de origen. Por su parte, el mecanismo de “alerta y salvaguarda”, el llamado “freno de emergencia”, podrá ser activado en situaciones de una “magnitud excepcional”, y solo si el sistema de seguridad social se ve afectado en aspectos esenciales, al igual que el funcionamiento adecuado de los servicios públicos. En ese caso, el Consejo podrá autorizar al país miembro afectado (el Reino Unido, en este caso) “restringir el acceso a los beneficios sociales hasta el punto que sea necesario”. Así, el sistema permitiría limitar el acceso a trabajadores comunitarios que entran nuevos en el mercado laboral a los beneficios por un periodo de hasta cuatro años desde el inicio de su empleo, pero la limitación tiene que ser graduada, es decir, desde una exclusión total hasta un acceso gradual mayor a tales beneficios, y debe dejar de aplicarse sin excepción al cabo de un plazo de siete años.
  • Gobernanza económica. Se establecen principios para garantizar “el respeto mutuo” entre los Estados miembros que quieren avanzar en la profundización de la Unión Económica y Monetaria y los que no, como el Reino Unido. La intención es permitir una mayor integración dentro de la Eurozona, a la vez que salvaguardar los derechos y las competencias de los países miembros de fuera del euro. Para ello se propone un “mecanismo” que dé las garantías necesarias a los países que no pertenecen al área de la moneda única, pero que no puede servir para vetar o retrasar decisiones urgentes, ni medidas que puedan poner en “riesgo la consecución de los objetivos” de la Eurozona. El mecanismo consiste en que al menos uno o varios Estados (aún por definir) que no participan en este proyecto, y sujeto a votación de todos los miembros del Consejo, puedan indicar su oposición a una medida legislativa. Además, las medidas de emergencia y de crisis para salvaguardar la estabilidad financiera de la Eurozona no supondrán ninguna “responsabilidad presupuestaria” para los países que no tienen el euro o no participan en la Unión Bancaria, y, siempre que el presupuesto de la UE apoye los costes, se garantizará el “pleno reembolso”. En definitiva, Gran Bretaña podrá mantener la libra sin temor a ser discriminada por sus socios de la UE; cualquier aportación británica a los rescates de la Eurozona será íntegramente devuelta; y la industria financiera británica podrá obviar las regulaciones de la Eurozona.

A petición de Bélgica y Francia, se incluyó una cláusula en el acuerdo que especifica que estas condiciones quedarán sin valor si el resultado del plebiscito británico es contrario a la UE.

¿A cuántos inmigrantes comunitarios afectaría la restricción de derechos?

La preocupación de Londres obedece más al supuesto “efecto llamada” de los beneficios sociales que a la carga económica que suponen para el Estado estas ayudas. Según datos aportados esta semana por la Hacienda británica, en el ejercicio 2013-2014 reclamaron los beneficios sociales conocidos como tax credits alrededor de 84.000 inmigrantes comunitarios europeos con menos de cuatro años en el país. David Cameron, no obstante, aseguró en noviembre que el número de personas que reciben estas ayudas asciende a 148.000, y el miércoles dijo en el Parlamento que el 40% de los inmigrantes europeos que llegan a Reino Unido acceden a estos beneficios.

El Reino Unido es el segundo país de la UE que más inmigrantes recibe, después de Alemania. En 2015, la inmigración neta, es decir, la diferencia entre quienes llegaron al país y quienes salieron, fue de 336.000 personas. Entre junio de 2014 y el mismo mes de 2015 emigraron al Reino Unido 265.000 ciudadanos de otros países de la Unión, principalmente procedentes, en este orden, de Polonia, Rumanía, Irlanda e Italia.

En cuanto a la emigración española, el flujo ha ido creciendo de manera constante en los últimos años. Según datos publicados por El País, en 2009 había 57.350 españoles registrados en el Consulado español en Londres, y en 2014 la cifra era ya 88.341. A 31 de diciembre de 2015 había 100.329 inscritos, aunque muchos de ellos se habían registrado para poder votar en las pasadas elecciones generales.

¿Cómo reaccionaron los socios europeos?

El primer país en apoyar las demandas del Reino Unido fue Dinamarca. Cameron obtuvo el respaldo de su homólogo danés, Lars Løkke Rasmussen, quien, en referencia al primer borrador presentado por el presidente del Consejo Europeo, se mostró particularmente satisfecho con el freno al acceso a los beneficios sociales, uno de los elementos que considera pueden ser beneficiosos para Dinamarca y otros países. Rasmussen se mostró en contra de que la UE se convierta en “una unión social”, y consideró “necesario” “proteger” los estados del bienestar nacionales.

Ambos mandatarios pusieron como ejemplo el acuerdo logrado por Dinamarca con la entonces Comunidad Europea tras el rechazo danés en referendo al tratado de Maastricht en 1992, con excepciones a la política común en varias áreas y que todavía sigue vigente. Cameron lo calificó de “precedente poderoso”, mientras que Rasmussen afirmó que ha servido bien a los intereses daneses durante más de dos décadas.

En vísperas de la cumbre europea en la que se logró el acuerdo de un estatus especial para el Reino Unido, el líder británico se reunió asimismo en Varsovia con la primera ministra polaca, Beata Szydlo, y con el líder del partido gubernamental Ley y Justicia (cercano a la ultraderecha), Jaroslaw Kaczynski. Kaczynski declaró al término de la reunión que su país puede contar con la “plena protección” de los derechos sociales de los polacos que residen en el Reino Unido (más de un millón).

No obstante, los países que conforman el grupo conocido como Los Cuatro de Visegrado (República Checa, Hungría, Eslovaquia y la propia Polonia) contemplaban presentar una postura conjunta respecto a las concesiones propuestas por Bruselas, y sus líderes avanzaron que “no aceptarían” ningún plan que discrimine a los cientos de miles de compatriotas que viven en el Reino Unido.

La firme oposición de algunos de estos países de Europa del Este también terminó por limitar las aspiraciones británicas a la hora de recortar los subsidios a los hijos de inmigrantes comunitarios, al igual que en el número de años de moratoria en ayudas sociales.

Las presiones de Francia, entre tanto, habrían evitado que la industria financiera de la City obtuviera una clara ventaja competidora sobre sus rivales en el continente.

Por su parte, el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, calificó la propuesta de Tusk como “justa”, tanto para Londres como para los demás Estados miembros de la UE. El jefe del Ejecutivo recalcó que el mecanismo denominado “freno de emergencia” tendrá un carácter gradual durante un periodo máximo de cuatro años y deberá ser limitado en el tiempo para hacerlo compatible con los tratados comunitarios. Además, añadió, Londres debería demostrar que sus servicios públicos, como escuelas y hospitales, sufren una carga imposible de asumir por el aumento de la inmigración.

¿Cuándo se celebrará el referéndum?

El próximo 23 de junio. La fecha fue anunciada por Cameron el pasado 20 de febrero, tras presentar ante su Gabinete el acuerdo con los socios comunitarios alcanzado el día anterior. En un principio, y una vez adquirido el compromiso y obtenido la aprobación del Parlamento, Cameron era partidario de celebrarlo en mayo, para hacerlo coincidir con las elecciones en Escocia, Gales, Irlanda del Norte y las municipales en Londres.

La decisión de llevarlo a cabo este año responde a varios factores. Por un lado, en mayo de 2015, y en contra de todos los pronósticos electorales, los conservadores ganaron una clara mayoría parlamentaria. Al volver a Downing Street como líder de un gobierno monocolor, y tras haber superado la prueba de fuego del referéndum escocés, Cameron se reiteró en su promesa de convocar un referéndum para finales de 2017, que luego adaptó con el fin de aprovechar su relativamente bueno momento político, y para anticiparse a una serie de “distracciones”, como el congreso del Partido Conservador previsto para octubre o las elecciones que el año que viene celebrarán Francia y Alemania.

¿Cuál será la pregunta?

La pregunta propuesta originalmente, en 2013, era: “¿Cree que el Reino Unido debe permanecer como miembro de la Unión Europea? ¿Sí o no?”. La Comisión Electoral, sin embargo, hizo caso a quienes consideraban que este enunciado favorecía a los partidarios de seguir en la UE, y propuso una nueva: “¿Debe el Reino Unido permanecer como miembro de la Unión Europea, o debe abandonar la Unión Europea?”. Esta segunda propuesta ha sido aceptada por el primer ministro.

¿Quiénes están a favor de la salida del Reino Unido de la UE?

A favor de la salida del Reino Unido de la UE (lo que se ha venido en denominar “Brexit”, uniendo las palabras Britain –Gran Bretaña – y Exit –salida –)  se encuentra, principalmente el Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP), la formación de carácter neoliberal, xenófobo, ultraconservador y marcadamente euroescéptico que lidera Nigel Farage y que se impuso en las últimas elecciones europeas con un total de 4 millones de votos (el 13% de los sufragios). También son partidarios de la salida un creciente número de diputados conservadores y algunos diputados laboristas, si bien la mayoría de los parlamentarios de este último partido desean que el Reino Unido permanezca en la Unión.

Los partidarios de abandonar la UE se dividen, fundamentalmente, en dos grupos, o campañas: Leave.EU y Vote Leave. El primero fue fundado por uno de los principales donantes del UKIP, Arron Banks, y cuenta con el apoyo del propio Nigel Farage. En el segundo participan diputados euroescépticos, tanto conservadores como laboristas y del UKIP.

Vote Leave está respaldado económicamente por, entre otros, el millonario de la City y donante del Partido Conservador Peter Cruddas; el mayor donante del Partido Laborista, John Mills; y el antiguo donante conservador y ahora donante del UKIP Stuart Wheeler. Cuenta asimismo con el respaldo del grupo Conservatives for Britain, creado por el diputado conservador Steve Baker; de la campaña Labour Leave, liderada por los diputados laboristas Kate Hoey and Kelvin Hopkins; y del grupo Business for Britain.

¿Cuáles son sus argumentos?

Los partidarios del Brexit opinan que la UE impone excesivas regulaciones a la actividad económica, con un coste excesivo en relación a lo que se obtiene a cambio. Desean asimismo que el Reino Unido recupere el pleno control de sus fronteras y que se reduzca el número de inmigrantes con los mismos derechos que los británicos. En general, se oponen a la idea de avanzar hacia una mayor integración política y rechazan la idea de unos “Estados Unidos de Europa”, al tiempo que enfatizan las diferencias culturales y la singularidad histórica del Reino Unido con respecto al resto de Europa.

¿Quiénes están a favor de seguir en la UE?

La campaña por la permanencia está encabezada por el primer ministro, David Cameron, quien ha confirmado que la postura oficial del Gobierno británico será la de defender la continuidad en “una Europa reformada”. “Dejar Europa amenazaría nuestra economía y nuestra seguridad nacional”, afirmó, añadiendo que “no amo Bruselas, amo al Reino Unido, y soy el primero en decir que todavía se necesita mejorar y que la tarea de reformar Europa no acaba con el acuerdo obtenido”. En un discurso que supuso el inicio de la campaña de cara a la consulta de junio, el jefe del Gobierno británico dijo que el país es “más seguro” y “más fuerte” dentro de la UE, y advirtió de que romper los lazos con el continente sería “un salto hacia la oscuridad”.

A favor de seguir en la UE se han posicionado asimismo el Partido Laborista, el SNP (partido nacionalista escocés), Plaid Cymru (nacionalistas galeses) y los Liberal-Demócratas de Tim Farron.

¿Cuáles son sus argumentos?

Los partidarios de que el Reino Unido permanezca en la UE destacan las ventajas que supone para el país el poder comerciar libremente con el resto de la Unión, así como el impulso económico y la garantía para la financiación de los servicios públicos que implica la llegada de trabajadores inmigrantes. Consideran asimismo que el peso específico de Gran Bretaña como potencia mundial se vería seriamente dañado en caso de abandonar la UE, y que el país se beneficia de los mecanismos de seguridad que comparte con sus socios comunitarios (las autoridades británicas, por ejemplo, han cursado más de un millar de órdenes europeas de búsqueda y captura).

¿Qué dicen las encuestas?

Hasta ahora, la mayoría de los sondeos han reflejado que el país está muy dividido entre los partidarios de permanecer en la UE y los que prefieren abandonar la Unión.

El pasado mes de febrero, antes de la consecución del acuerdo con los líderes europeos, una encuesta realizada por YouGov y publicada por el diario The Times revelaba un avance importante del sector euroescéptico, con el 45% de los británicos encuestados mostrándose a favor de la salida, frente al 36% que votarían por la permanencia, y un 19% que aún no se han decidido.

Sin embargo, según una encuesta publicada el 24 de mayo, y realizada por ORB para el diario The Telegraph, la permanencia (55%) gana por 13 puntos a la salida (42%) entre los que están decididos a acudir a las urnas. Según la publicación, el voto de los conservadores, los hombres y la población de más edad estaría virando hacia el “sí” (quedarse). En ese sentido, parecería que hay un giro, pero todavía es difícil prever qué pasará, sobre todo si se tienen en cuenta los resultados de un sondeo más reciente aún, publicado el 31 de mayo por el diario The Guardian con datos de ICM polls: de acuerdo con esta última encuesta, los partidarios del Brexit serían un 52%, frente al 48% que prefieren seguir en la UE.

Las fechas claves de la tensa relación del Reino Unido con Europa

  • 1946. El primer ministro británico, Winston Churchill, pronuncia un discurso pidiendo la constitución de los Estados Unidos de Europa.
  • 1963. El general Charles de Gaulle, presidente de la República Francesa, declara que Francia alberga dudas sobre la voluntad política del Reino Unido de ingresar en la Comunidad Económica Europea (CEE).
  • 1967. Nueva solicitud del Reino Unido de ingresar en la Comunidad, que vuelve a rechazar el general De Gaulle.
  • 1972. El Reino Unido firma los Tratados de Adhesión a las Comunidades Europeas.
  • 1973. El Reino Unido ingresa en las Comunidades Europeas bajo la presidencia belga del Consejo. Se crea la “Europa de los nueve”.
  • 1975. El Reino Unido secunda, mediante un referéndum, permanecer en la CEE.
  • 1979. Comienza a funcionar el Sistema Monetario Europeo (SME), en el que participan todos los países comunitarios menos el Reino Unido.
  • 1984. Tras arduas negociaciones, la primera ministra británica, Margaret Thatcher, logra en el Consejo de Fontainebleau un acuerdo para reducir la contribución británica a la CE, en compensación por la disparidad que existía entre lo que pagaba el Reino Unido a Bruselas y lo que recibía a cambio, especialmente en los reducidos subsidios agrícolas.
  • 1992. Firma del Tratado de Maastricht, por el que la CEE para a denominarse Comunidad Europea (CE). El entonces primer ministro británico, John Major, consigue una cláusula de exención, denominada “opt-out”, por la que el Reino Unido no quedaba obligado a entrar en la fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM) e implantar el euro.
  • 1995. Entra en vigor el Acuerdo de Schengen, que supone el inicio de la supresión de las fronteras internas terrestres y aeroportuarias entre España, Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y Alemania. El resto de los miembros de la UE se incorporan posteriormente, excepto el Reino Unido e Irlanda.
  • 1997. El Gobierno británico notifica al Consejo que no prevé adoptar la moneda única el 1 de enero de 1999.
  • 1998. El Consejo aprueba la participación de once estados miembros en la tercera y definitiva fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM). El Reino Unido, Suecia y Dinamarca se autoexcluyen.
  • 2005. El primer ministro británico, Tony Blair, dice que el Reino Unido mantiene “abierta” la opción de adherirse al euro si se dan las “condiciones económicas” que lo permitan.
  • 2008. El Parlamento británico ratifica el Tratado de Lisboa diseñado para “mejorar el funcionamiento” de la UE.
  • 2011. El Reino Unido se convierte en el único país que rechaza el pacto europeo presupuestario para reforzar la zona euro y salir de la crisis.
  • 2012. El primer ministro británico, el conservador David Cameron, abre por primera vez la puerta a celebrar en un futuro un referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la UE.
  • 8 de septiembre de 2015. El Parlamento británico da luz verde a la ley que permitirá convocar un referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión, una consulta que el primer ministro Cameron se ha comprometido a celebrar antes del fin de 2017.
  • 10 de noviembre de 2015. Cameron abre formalmente la negociación de la relación con la UE al enviar al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, la carta con sus planes de reformas de la Unión.
  • 2 de febrero de 2016. Tusk presenta una propuesta al Reino Unido para afianzar su pertenencia a la UE. Entre otras, se concede a Londres limitar los beneficios sociales de ciertos trabajadores comunitarios en su territorio.
  • 19 de febrero. Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE logran un acuerdo que redefine el estatus de Reino Unido dentro del club comunitario, a cambio de que el primer ministro británico, David Cameron, haga campaña a favor de la permanencia en la UE.
  • 20 de febrero. Cameron anuncia que el referéndum se celebrará el próximo 21 de junio.
  • 23 de mayo. El ministro británico de Economía, George Osborne, advierte de que el Reino Unido afrontaría al menos un año de recesión económica si los británicos votan por salir de la UE, al dar a conocer un análisis elaborado por el departamento del Tesoro, cuando falta justo un mes para la celebración del plebiscito.
  • 28 de mayo. El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, afirma que si Reino Unido finalmente opta por salir de la UE, el Peñón tendría que plantearse unirse a España para poder seguir perteneciendo al bloque, una solución “que nadie está preparado para considerar”.

Con información de la agencia Efe
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