«¿Acaso crees que el Senado es como la semana laboral francesa, donde solo vas tres días a trabajar?». La ya famosa comparación, con la que el todavía precandidato republicano a la presidencia de EE UU Jeb Bush pretendía atacar a su oponente Marco Rubio, durante un debate en octubre del año pasado, no pudo ser más desafortunada. Dejando aparte el hecho de que trabajar tres días a la semana y que el país siga funcionando no parece, en teoría, una mala cosa, lo cierto es que los franceses, o al menos los que tienen empleo (en febrero había registrados en Francia 3,59 millones de parados, el 10% de la población activa), no solo trabajan más horas que los estadounidenses (una media de 39,6 horas a la semana, frente a las 36,3 de EE UU), sino que, además, y de acuerdo con datos de la OCDE, son más productivos (el PIB por hora trabajada en Francia en 2014 fue de 103,08; en Estados Unidos, 102,03).
La frase del hermano del expresidente estadounidense originó airadas protestas, incluyendo las del embajador francés en Washington, y Bush acabó pidiendo disculpas, pero, en el fondo, ejemplifica bastante bien los extendidos tópicos sobre la cultura laboral francesa y los derechos de los trabajadores de este país, unos tópicos invocados generalmente con una mezcla de crítica y envidia («un país de funcionarios», «dos meses de vacaciones», «una huelga a la semana»), pero cuya realidad de fondo se basa en una serie de conquistas sociales esenciales y un nivel de protección laboral por encima de la media europea al que, ciertamente, los franceses no están dispuestos a renunciar sin plantar cara. La reacción ciudadana contra la propuesta de reforma laboral aprobada hace poco más de un mes por el Gobierno socialista francés de François Hollande es una buena prueba.
Las movilizaciones, con enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en algunos casos, comenzaron en todo el país el pasado 9 de marzo, y, aunque han ido perdiendo fuelle con el paso de las semanas, han logrado sacudir no solo a la calle —incluyendo el resurgir de un movimiento de ‘indignados’, el llamado NuitDebout («Noche en pie»)—, sino también a la izquierda francesa y al propio gobierno. De momento, los sindicatos han conseguido arrancar al Ejecutivo algunas concesiones que suavizan el tono de los puntos más polémicos de la ley.
La reforma, conocida como Ley El Khomri, en referencia a la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, será debatida en la Asamblea y el Senado durante el presente mes de abril y en mayo, respectivamente, y sigue la línea de las medidas laborales reclamadas por Bruselas a los países de la Unión Europea para aumentar la productividad y la competitividad, y reducir el desempleo.
El proyecto de ley ha sido comparado con la polémica reforma aprobada en España en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy (algo que ha admitido hasta el propio primer ministro francés, Manuel Valls), con el precedente de la implementada dos años antes por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Con el argumento de que ayudará a crear más empleo para los jóvenes, aumentará la «flexibilidad» de las empresas y ampliará las «garantías» de los trabajadores, la reforma del Gobierno de Hollande cuenta con el apoyo de la patronal francesa y de la derecha política. En contra: los sindicatos, los principales grupos de estudiantes, y, según sondeos publicados estos días por diversos medios franceses, hasta el 70% de los ciudadanos.
Las 35 horas semanales
Uno de los puntos más polémicos de la reforma francesa es el que hace referencia a la duración de la semana laboral. Actualmente, Francia es el único país de la Unión Europea que mantiene las 35 horas semanales (en España, Suecia o Polonia son 40 horas; en el Reino Unido el límite está en 48, y en Alemania no existe un tope fijado por la ley).
La propuesta del Gobierno de Hollande no acaba, en principio, con esas 35 horas, una medida icónica de la izquierda, pero flexibiliza el tiempo de trabajo y, según los críticos, introduce «innumerables» posibilidades para superarlas sin penalidades.
La clave se encuentra en que la reforma introduce la posibilidad de trabajar hasta 48 horas (incluyendo incluso un máximo de 60 en circunstancias excepcionales y con autorización previa), siempre que en la semana inmediatamente posterior la jornada sea solo de 10 horas, y que la media del tiempo efectivo trabajado durante un periodo de tres meses no exceda las 37,5 horas semanales.
Horas extraordinarias
Las horas trabajadas por encima de las 35 se pagan en Francia como horas extras, pero la reforma introduce la novedad, muy criticada por los sindicatos y por la izquierda, de que, mediante un acuerdo empresarial, pueda reducirse el porcentaje fijado en este sentido por los convenios colectivos, que podría pasar del 25% que aplican actualmente la mayoría de las empresas a hasta un 10%.
El proyecto de ley no modifica el mínimo del 10%, pero deja abierta la posibilidad de que las empresas establezcan su propia retribución para las horas extraordinarias, sin tener en cuenta el convenio colectivo, que prima en la actual normativa. La consecuencia es que los trabajadores mantendrán ese seguro del 10%, pero estarán menos protegidos ante posibles modificaciones a la baja acordadas en las empresas.
En la mayoría del resto de los Estados de la UE la cuantía del complemento que se paga por horas extraordinarias está sujeto a los resultados de la negociación con los interlocutores sociales. En España no existe un mínimo marcado por la Ley, y tampoco en Suecia o en Alemania. En el Reino Unido, y según fuentes gubernamentales citadas por Euronews, la retribución oscila entre el 25% y el 50%, según los casos, mientras que en Polonia el complemento es del 50%, pudiendo llegar hasta el 100% en el caso de horas nocturnas y de domingos o festivos.
En cuanto al máximo de horas extraordinarias permitidas por la ley, la reforma francesa mantiene las 220 al año de la actualidad (en España son 80 al año; en Alemania, dos al día; en Suecia, 200 al año; y en el Reino Unido no hay un límite).
El descanso obligatorio
La reforma afectará asimismo al mínimo de horas consecutivas de descanso entre dos jornadas laborales, que la ley francesa establece actualmente en 11 (además de un mínimo de 35 horas consecutivas de descanso semanal). Según la ley, a la que ya ha dado su visto bueno el Gobierno galo, el Ministerio de Trabajo permitiría un fraccionamiento de la jornada laboral para aquellos empleados que cobran por día trabajado, siempre y cuando exista, como marca la directiva europea, un acuerdo con el trabajador.
En España, la duración de la jornada de trabajo depende de lo pactado en la negociación colectiva y en los contratos, si bien, con carácter general, debe haber un mínimo de doce horas entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente, y un descanso mínimo semanal que abarque, también como norma general, la tarde del sábado o, en su caso, la mañana del lunes y el día completo del domingo. En Suecia, el descanso mínimo obligatorio está fijado entre la medianoche y las cinco de la mañana.
Más fácil (y más barato) despedir
Junto a los cambios en las normas que afectan al número de horas trabajadas, el otro gran caballo de batalla de los sindicatos contra la reforma de El Khomri son las modificaciones en materia de despidos. Según el proyecto de ley, a partir de ahora los empresarios podrían justificar un despido basándose en razones puramente económicas (un descenso de los beneficios durante un semestre, una reducción significativa de pedidos), más allá del rendimiento personal del empleado en cuestión.
Además, la indemnización por despido pasa de los cuatro meses de salario actuales a solo tres, cuando la antigüedad del empleado sea inferior a dos años, y de 27 y 24 meses a 15 cuando se hayan superado los 20 años trabajados.
En términos similares a los utilizados por el Ejecutivo español cuando aprobó la reforma laboral de 2012, el Gobierno francés defiende esta medida como un modo de evitar que las empresas dejen de contratar a nuevos empleados por temor a tener que pagar grandes cantidades de dinero en el caso de que los trabajadores despedidos acudan a los tribunales.
De hecho, en el caso de los despidos improcedentes, también se establece un máximo en las indemnizaciones (determinadas actualmente en un tribunal laboral), y, en muchos casos, se hace prevalecer los acuerdos en el seno de la empresa sobre los convenios colectivos. Así, el plan recupera la fijación de topes en la indemnización lanzada el pasado junio, pero censurada posteriormente por el Consejo Constitucional porque en ese momento la compensación no era igual para todos, sino mayor para los trabajadores de las grandes empresas.
No obstante, los empleados franceses seguirán disfrutando de un nivel de protección mayor que el de muchos trabajadores europeos. En España, por ejemplo, la reforma de 2012 instauró el denominado «despido objetivo», que permite asimismo a las empresas echar a empleados por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción, con una indemnización de 20 días por año trabajado, y que puede aplicarse cuando existan pérdidas actuales o previsión de tenerlas, y cuando la compañía tenga una disminución de ingresos durante tres trimestres consecutivos.
En Alemania, la normativa también contempla el despido por causas económicas desfavorables, aunque la empresa está obligada a realizar una selección de los trabajadores que serán despedidos en relación a su situación social y familiar, una circunstancia que, generalmente, acaba afectando a los empleados más jóvenes.
¿Menos sueldo?
El tercer gran obstáculo de cara a alcanzar algún tipo de paz social con los sindicatos son los salarios. De acuerdo con el proyecto de ley, la empresa podrá alterar el contrato de trabajo sin modificar la remuneración (es decir, que el empleado, por ejemplo, trabaje más horas o desarrolle funciones de más responsabilidad, pero sin que gane más), siempre, eso sí, que exista un acuerdo previo entre la compañía y el trabajador.
Ese acuerdo previo es, para el Gobierno, la principal garantía a la hora de evitar situaciones abusivas, pero los sindicatos denuncian que será muy difícil evitar que se produzcan presiones para que el empleado acepte el cambio «propuesto», especialmente cuando puede estar en peligro su puesto de trabajo, ya que, gracias a la reforma, las posibilidades para un despido procedente son mayores.
Los sindicatos temen igualmente que la reforma acabe afectando, en la práctica, al salario mínimo interprofesional, que actualmente es en Francia de 1.466,62 euros mensuales brutos, uno de los más altos de Europa (en España está establecido en 655,20 euros al mes para 14 pagas, 756,70 en 12 pagas al año).
Las protestas
Desde que el Gobierno francés dio luz verde a su reforma, a principios del pasado mes de marzo, las protestas, protagonizadas principalmente por sindicatos, estudiantes y grupos de izquierdas (incluida el ala más progresista del gobernante Partido Socialista), se han sucedido por todo el país.
El primer gran pulso al Ejecutivo se produjo el 9 de marzo, con 175 manifestaciones en las que participaron entre 224.000 personas, según el Gobierno, y medio millón, según los organizadores, y pancartas en favor de «trabajar menos para trabajar todos» y en contra del primer ministro, Manuel Valls, y del presidente, François Hollande, acusado de ir incluso mas allá que su predecesor y actual jefe de la oposición, el conservador Nicolas Sarkozy.
La parisina Plaza de la República se convirtió en el centro neurálgico de la oposición a la nueva ley, y en el escenario de un nuevo movimiento de ‘indignados’, NuitDebout (Noche en pie), que acamparon durante varios días en la zona, y que en apenas una semana pasó de tan solo unos centenares a más de 2.000 participantes en asambleas ciudadanas inspiradas en el 15‑M español.
A lo largo de este último mes, las protestas han ido siendo menos multitudinarias, pero, a pesar de que la mayoría de las concentraciones son de carácter pacífico, también han endurecido el tono, con enfrentamientos con la policía y decenas de detenidos. El pasado jueves, manifestantes en París rompieron escaparates de tiendas y dañaron varios coches, después de que el presidente Hollande declarase en una entrevista la televisión nacional que no piensa abandonar el proyecto de reforma laboral.
Hollande ha defendido reiteradamente la reforma con el argumento de que favorecerá la creación de empleo y aumentará el número de contratos indefinidos: «He dado todos estos años la prioridad al empleo y no cambiaré. Para mí es lo esencial, un empleo estable», dijo, tras la aprobación del proyecto de ley.
Concesiones
El día después de producirse las primeras manifestaciones contra la reforma, la ministra francesa de Trabajo, Myriam El Khomri, avanzó varias concesiones a los sindicatos. «Hay que responder a un cierto número de críticas», admitió, explicando a continuación que se prevé imponer cotizaciones suplementarias a los contratos temporales para «reducir la precariedad, ya que las personas que trabajan con ese régimen tienen dificultades para alquilar una vivienda o conseguir un crédito», y que se discutirá con la patronal y los sindicatos la posibilidad de generalizar unas cotizaciones más elevadas para todos los contratos temporales.
La segunda concesión a la que aludió la ministra es suprimir del primer montaje de su proyecto de ley una disposición que hubiera permitido prolongar el tiempo de trabajo de los aprendices. En la actualidad sus horarios se pueden prolongar hasta 40 horas semanales si se obtiene el visto bueno de los inspectores laborales.
Pero, más allá de estos cambios, El Khomri mostró su intención de seguir adelante con la reforma laboral, porque, a pesar de que, según dijo, el país está en «una dinámica más positiva», «no conseguimos tratar problemas de fondo en nuestra sociedad sobre todo la falta de flexibilidad». «Creo que nuestro sistema está agotado», añadió. «Tenemos un mercado laboral que es rígido. Creamos menos empleo que los demás. Esta reforma es necesaria. Tiene que ser equilibrada, pero es necesaria», concluyó.
En una primera reacción a las concesiones del Ejecutivo, Sophie Binet, dirigente de la Confederación General del Trabajo (CGT, una de las centrales organizadoras de la movilizaciones) consideró que «es una buena noticia pero no responde» a lo que le exigen, que es que «el proyecto de ley se tiene que retirar». Según la CGT, la reforma «supone una vuelta al siglo XIX en materia de legislación laboral». Otro sindicato, Fuerza Obrera, lamentó que el plan ofrezca mayores facilidades para las empresas, pero no nuevas garantías para los empleados.
Tormenta política
Además de generar la oposición frontal de sindicatos y estudiantes, el proyecto de reforma del código laboral ha ahondado en Francia la brecha política abierta entre el Ejecutivo socialista y la mayoría parlamentaria gobernante y, especialmente, en el seno de la dividida izquierda francesa, que se enfrenta ahora a otra gran batalla interna a tan solo 14 meses de las próximas elecciones presidenciales, y tras cinco derrotas electorales consecutivas en los últimos dos años (comicios europeos, regionales, municipales, departamentales…).
Desde que la reforma se filtró a la prensa, muchos responsables de la mayoría parlamentaria, según el periódico Libération, oscilan «entre la resignación y la cólera», y el primer secretario del Partido Socialista, Jean-Christophe Cambadélis, ya advirtió de que le iba a costar votar la ley. Los llamados disidentes socialistas, por su parte, la ven «peligrosa para los trabajadores y carente de ambición para la economía». «Es como si el Ejecutivo se hubiera embarcado en una estrategia de ruptura. Nadie entiende lo que pasa», indicó la diputada socialista Sandrine Mazetier, en declaraciones recogidas por Efe. Mazetier añadió que que no veía «lógica» esa línea política a 14 meses de las elecciones.
En cuanto a la derecha, que de momento se ha mostrado discreta sobre el fondo del proyecto, cree que algunos puntos se inspiran en sus propias propuestas y anima a llevarlo más lejos. Según el diario Les Échos, no obstante, lo que realmente busca es explotar la ola de oposición levantada en la izquierda. «El infierno está lleno de buenas intenciones. En este texto las hay, pero, visiblemente, plantean un problema para la mayoría», afirmó el secretario general de Los Republicanos, Éric Woerth.
El dictado de Bruselas
Al igual que las reformas llevadas a cabo en España o, en menor medida, en Italia, la reforma laboral francesa está inspirada en buena parte en las líneas marcadas por la Union Europea durante estos últimos años.
Ya en junio de 2014, cuando la Comisión Europea (CE) presentó sus recomendaciones macroeconómicas por países, el Ejecutivo comunitario pidió a Francia que pusiera en marcha «más reformas contra la rigidez del mercado laboral» y que aplicase más recortes a su gasto público. «Es necesario que la economía francesa y otras economías sigan por el camino de las reformas y esto, desde luego, se hará de una manera colectiva con los demás Estados miembros», señaló el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso.
Desde entonces, la CE no solo ha mantenido esta política, sino que ha aumentado su presión sobre los gobiernos para que sigan acometiendo reformas en este sentido. El pasado mes de febrero, por ejemplo, la Comisión, criticada por obviar a menudo el aumento de la precariedad laboral en aras de una mejora de las cifras generales de desempleo, defendió las reformas del mercado laboral realizadas en España en 2012, asegurando que, gracias a una «mayor flexibilidad interna» han «acelerado la creación de empleo». Según Bruselas, de no haberse aplicado estas reformas, «se habrían perdido 400.000 puestos de trabajo». No obstante, la CE sigue viendo necesario «profundizar» en la reforma española, con nuevas medidas de «ajuste».
En la misma línea, hace tan solo unos días, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, se congratuló por el resultado de algunas de las reformas aplicadas durante el rescate financiero a Portugal, pero añadió que hay que aplicar más, sobre todo en el mercado de trabajo y «para atraer la inversión: «La creación de empleo desde 2014 indica que el mercado de trabajo es ahora más adaptable, y la disminución de trabas para crear empresas ha impulsado la competitividad, pero aún existen grandes desafíos, , entre ellos, la mejora del funcionamiento del mercado laboral para hacerlo más flexible», indicó.
El caso italiano
Junto con Francia y España, también Italia ha acometido recientemente importantes reformas laborales. En octubre de 2014, cerca de un millón de personas (según los organizadores) salieron a la calle en Roma para protestar contra la reforma presentada por el jefe del Ejecutivo italiano, Matteo Renzi, que incluía acabar con el articulo 18 del Estatuto de los Trabajadores, según el cual una empresa no puede despedir a un empleado si éste cumple con sus obligaciones contractuales, y que en la practica supone que quien tiene un contrato fijo lo tiene para toda la vida.
Las protestas se repitieron en varias ocasiones, como en diciembre de ese mismo año (huelga general y cientos de miles de manifestantes en 54 ciudades de todo el país), o en marzo del año pasado, cuando varios de los puntos más importantes de la reforma (la llamada «Ley de Trabajo») ya habían sido aprobados por el Senado y Congreso, poco después de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pidiera al Gobierno italiano que acelerara la aplicación de los cambios anunciados.
El paquete de reformas del Gobierno de Renzi tenía como principal objetivo simplificar el marco jurídico de las múltiples modalidades de contrato existentes en Italia (hasta 40 tipos distintos), y apuesta por los contratos en prácticas como la mejor forma de inserción. Asimismo establece un aumento de los amortiguadores sociales, conjunto de medidas de apoyo a la renta en caso de pérdida o suspensión del trabajo o reducción de la jornada.
La modificación del mencionado artículo 18 fue la principal crítica de los sindicatos, que atacaron al Gobierno del Partido Demócrata (PD) de Renzi por considerar poco menos que una traición que impulsara la reforma definiéndose como formación socialdemócrata.
Una tendencia común
Las reformas laborales emprendidas en Europa en los últimos años (tanto estructurales —en España, Portugal, Irlanda, Italia, Francia— como sobre aspectos concretos —en Alemania, Reino Unido, Austria, Dinamarca, Suecia—) han sido, esencialmente, una respuesta a la crisis económica que estalló en 2008 y a su devastador impacto sobre el empleo.
Salvando las diferencias existentes en las distintas legislaciones nacionales, es posible identificar en todas estas iniciativas una serie de tendencias similares, cuyo denominador común se inscribiría dentro de políticas de corte más o menos liberal.
De acuerdo con el estudio Conseil d’orientation pour l’emploi: Les réformes des marchés du travail en Europe (Consejo de orientación para el empleo: las reformas del mercado de trabajo en Europa), publicado en Francia en noviembre de 2015, y según explica en el diario Cinco Días el catedrático de Derecho del Trabajo Federico Durán, estas tendencias presentan cinco aspectos fundamentales:
- Flexibilización del marco regulador de las relaciones laborales estables o indefinidas, y revisión del marco normativo de la contratación temporal: «Sobre todo en los países más tradicionalmente protectores del empleo (España, Italia, Francia, Portugal), se busca una cierta relajación de la normativa laboral, que permita una mayor adaptabilidad empresarial y una creciente atención a las exigencias competitivas de las empresas», escribe Durán.
- Reforzamiento de los mecanismos de flexibilidad interna, facilitando la modificación de las condiciones de trabajo con el fin de proteger el empleo evitando su destrucción.
- Descentralización de la negociación colectiva, con relevancia creciente de los convenios y de los acuerdos en el seno de la empresa, y mayores opciones para no depender de los convenios sectoriales.
- Moderación salarial y contención del costo del trabajo, incluyendo una disminución de las cargas sociales y fiscales.
- Revisión de los sistemas de protección del desempleo, «para hacerlos más incentivadores de la vuelta al empleo», y de los servicios públicos de empleo, «para conseguir un aumento de su eficacia y dinamizar las políticas activas del mercado de trabajo».